La exconsellera de Interior Salomé Pradas ha declarado ante la jueza que intentó contactar con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a las 19:36 del día de la dana para informarle sobre que se valoraba un confinamiento.
En aquel momento, en el seno del Cecopi se debatía el contenido de un Es-Alert que incluía la orden a la población de permanecer en sus domicilios, algo que suponía, en la práctica, confinar.
No fue el mensaje que finalmente se mandó a las 20:11 -que solo llevaba la instrucción de evitar desplazamientos-, sino el que se proponía a aquella hora en el Cecopi.
Ante esa posibilidad de confinar, ha explicado Pradas, ella «creía que el presidente debía conocer el caso». Pero, «al no poder contactar con él», llamó al que fuera secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.
También estuvo en comunicación con José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Mazón, quien le dijo por wasap «Salo, de confinar nada».
Pradas ha señalado que le «rebatió» porque el confinamiento estaba amparado por la ley de Emergencias.
La exconsellera ha insistido en que hasta las 19:43 se valoraba enviar la alerta por la posible rotura de la presa de Forata y que estaba sobre la mesa el confinamiento.
Unas declaraciones que contradicen a las de la jueza en sus autos y a las del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Ambos han manifestado que a esas alturas del Cecopi, y concretamente a partir de las 19:00, comenzó a llegar información sobre la emergencia en otros puntos de la provincia de Valencia.
De esta manera, sostienen que el Es-Alert de las 20:11 se mandó por esa situación y no solo por Forata.
Pradas ha llegado al juzgado pocos minutos antes de las 9:30 entre protestas de alrededor de una treintena de familiares de víctimas de la dana, que le han proferido gritos de «asesina». Algo que también han hecho previamente contra el exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. «Sinvergüenza» o «mentiroso» son los insultos que le han dedicado.
Los dos se enfrentan este viernes a un careo ordenado por la jueza para contrastar sus declaraciones públicas y el contenido de sus wasaps.
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