Ni a la Xunta ni al BNG les ha gustado la propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica que aportará a Galicia 587 millones de euros más en 2027 pero por razones diferentes. Al Gobierno autonómico le enfada que se haya pactado primero con ERC. «Se está negociando lo que es de todos, solo con una parte», lamentó ayer el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. El BNG esgrime, sin embargo, que el nuevo modelo es «insuficiente, centralista y lesivo para Galicia». Solo el PSdeG lo defiende. El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, enfatiza que Galicia es «una de las comunidades más beneficiadas» e insta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a «dejar de hacerle el juego a Feijóo» y aceptar el plan del Ministerio de Hacienda.
Desde la Consellería de Facenda no se atreven aún a hacer cuentas sobre la situación en la que queda Galicia con el nuevo modelo. Prefieren esperar a ver la letra pequeña, pero Corgos advierte que ya falla el «modus operandi». «El Gobierno pacta un sistema, en este caso con ERC, y luego intenta extrapolarlo al resto de las comunidades», lamentó. Para el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, «se ha roto el principio de igualdad». «Eso no lo entiende nadie, que se negocie por separado con unos y lo que quede para el resto», censuró.
Para el BNG esta propuesta sigue sin reconocer la singularidad de la comunidad autónoma ni su realidad fiscal. «No se resuelve la infrafinanciación estructural que lastra a Galicia», advierte el diputado en el Congreso Néstor Rego. Así, critica que se reduzca el peso del envejecimiento en los servicios sociales que pasa del 8,5% al 7% y la dispersión poblacional baja del 0,6 al 0,5%.
Pero Besteiro defiende que se corrige «una injusticia histórica» y que Galicia es «una de las comunidades más beneficiadas» al tenerse en cuenta el envejecimiento, la dispersión y la despoblación. De hecho, argumenta que para el sistema de financiación la comunidad gallega tendrá 205.000 habitantes más de los que refleja el padrón gracias a la aplicación de estos criterios correctores. «La gran incógnita es si Rueda va a defender los intereses de Galicia o le hará el juego al Feijóo», se pregunta.
El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, tradujo las cifras de la financiación extra que recibirá Galicia a medidas concretas: «es el equivalente a cuatro veces el presupuesto de la Xunta para construir vivienda».
Oposición mayoritaria al nuevo modelo que solo gusta a Illa
Page pide un adelanto electoral y varias comunidades del PP amenazan ya con ir a los tribunales
La propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica se ha encontrado con el rechazo frontal de la mayoría de comunidades autónomas, incluidas algunas socialistas como Asturias y Castilla-La Mancha, donde su mandatario Emiliano García-Page ha sido especialmente duro al calificar de «atropello» el plan del Ministerio de Hacienda y ha reclamado al Gobierno que adelante las elecciones. Solo el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado satisfecho, aunque en esta comunidad tampoco hay consenso pues Junts ha avanzado que presentará «una enmienda a la totalidad».
Las comunidades del PP han clamado al unísono contra el nuevo modelo y algunas incluso amenazan con los tribunales. La presidenta del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, avanzó que «estudia todos los recursos legales para impedir» que se aplique este sistema de financiación que «perjudica» a los madrileños.
Andalucía ve la propuesta «poco creíble, de carácter electoral y sin consenso. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, cree que «se empezó francamente mal» al negociar con ERC.
En Extremadura han tachado el plan de Hacienda de «auténtica aberración». Desde Aragón su consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez, trasladó que «recurrirán en todas las instancias posibles» el nuevo modelo de financiación.
De la misma manera Baleares amenaza también con llevar a los tribunales esta iniciativa. El Gobierno balear se muestra especialmente crítico con el anuncio de Hacienda de limitar el «dumping fiscal».
Mientras, en la Comunidad Valenciana afean la falta de un fondo de nivelación, aunque no rechazan de plano el nuevo modelo. Por su parte, Canarias necesita aún «ver la letra pequeña» pero duda de que el mayor aporte de fondos a Cataluña no reduzca financiación al resto.
Para Murcia lo que ofrece Hacienda son «migajas», mientras que Cantabria lo tacha directamente de «atropello». Desde Castilla y León su presidente Alfonso Fernández Mañueco cree que es el «mayor ataque de Sánchez» a la comunidad. Y Asturias, gobernada por el PSOE, pone pegas también al sistema.
Mientras Illa defiende que se ha acordado «el mejor sistema de financiación para Cataluña».
