La bancada del PSOE en el Parlamento de Canarias criticó ayer de manera furibunda que la Comunidad Autónoma incumpliese en 2024 la regla de gasto. Aludieron los socialistas, en concreto su portavoz en materia de Hacienda, Manuel Hernández, al informe publicado el 25 de noviembre por el Ministerio del ramo, que timonea María Jesús Montero. De esta forma, el PSOE criticaba también, aunque sin pretenderlo y de manera implícita, no solo a 15 de las restantes 16 autonomías –todas las cuales se saltaron la regla de gasto el año pasado, incluidas, claro, las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha, por ejemplo–, sino incluso al Gobierno central, el mismo que preside su líder nacional, Pedro Sánchez.
Porque tampoco el Estado cumplió en 2024 la regla de gasto, y ello con el agravante de que es el propio Ejecutivo central el que fija los términos de un instrumento de disciplina presupuestaria a todas luces desfasado. Resulta así evidente el sinsentido de una norma que nadie respeta en su actual formulación –ni el Gobierno estatal, cabe insistir–, o eso o la Junta de Andalucía tiene un rigor presupuestario del que no pueden presumir ni la Administración central ni las demás comunidades. No en vano es Andalucía la única región que se movió en 2024 dentro de los márgenes de la regla de gasto. Bajo su argumentario, y de nuevo de manera implícita, los socialistas isleños dejaron así un desapercibido reconocimiento al Gobierno autonómico andaluz, el mismo que tiene al frente a Juan Manuel Moreno, del PP.
La regla de gasto establece que el desembolso de la Administración pública no podrá incrementarse más allá de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, esto es, más allá de lo que se calcule que vaya a crecer la economía –el Producto Interior Bruto (PIB)– en los siguientes años. El objetivo es que no se produzcan desequilibrios presupuestarios a largo plazo. Tiene todo el sentido, por tanto, cuando una Administración cae en déficit –gasta más de lo que ingresa–, y más aún cuando acumula déficits ejercicio tras ejercicio. Incluso tiene sentido cuando se registra superávit pero se viene de años en números rojos, por cuanto ese superávit deberá emplearse en amortizar deuda, tal como determinan las reglas fiscales. El sinsentido de la regla de gasto está precisamente en casos como el de Canarias, una de las autonomías más respetuosas con los principios de estabilidad financiera y presupuestaria y que lejos de acumular déficits, acumula superávits.
El portavoz del PSOE Manuel Hernández decía ayer que el incumplimiento de la regla de gasto era en verdad la «crónica de un incumplimiento anunciado», y lo decía con toda la razón, solo que el incumplimiento estaba anunciado para todas las comunidades, sean del color que sean, desde hace tiempo. La diferencia del Archipiélago con la generalidad es que está sufriendo una restricción del gasto público, y por extensión de los servicios públicos, a todas luces injustificable, dado que viene obligándose a amortizar deuda a la comunidad de régimen común menos endeudada de España. Por eso saltarse la regla de gasto, algo en lo que los socialistas ven una «irresponsabilidad» y una «nefasta gestión», es para otros casi una obligación, entre ellos para muchos en el mismo Gobierno de Canarias y en otros Ejecutivos autonómicos –de ello da fe ese incumplimiento generalizado–. «Seríamos tontos si no lo hiciéramos», apuntaban ayer desde el Gabinete que preside Fernando Clavijo. Es más, serían –casi– los únicos «tontos» del país.
Está por ver, en definitiva, si el Ministerio de Hacienda va a imponer planes económico-financieros, para corregir esta miríada de incumplimientos, a toda Administración que no sea la andaluza, incluida la Administración central, lo que supondría que la ministra María Jesús Montero se enmendase a sí misma. Esto último no ocurrirá.
El informe del Ministerio de Hacienda que ayer sacaron a colación los socialistas canarios expone, en lo tocante a la tarea del Gobierno estatal, que, efectivamente, y en el caso de la Administración central, «los gastos computables del ejercicio 2024 han resultado superiores en un 7% a los registrados en el año anterior. Por tanto, el conjunto de este subsector incumple el objetivo fijado para la regla de gasto, ya que la tasa de variación objetivo era el 2,6%».
En lo relacionado con las comunidades, resulta que todas pasaron de la norma en cuestión, todas salvo Andalucía, toca remarcarlo. En Canarias, los gastos crecieron en 2024 un 7,6%, bastante por encima de ese 2,6% de límite y, aun así, bastante por debajo de los aumentos registrados en regiones como Baleares –17,8%–, La Rioja –14,2%–, Cantabria –10,8%– o Asturias –10,4–.
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