La empresa Eurofins Megalab -vinculada al caso Koldo-, que se encargó en la Navidad de 2020 de realizar en exclusividad las pruebas gratis de PCR a los canarios residentes en la Península que quisieron volver al Archipiélago para las fiestas, gestionó datos privados de miles de isleños sin tener autorización. El laboratorio comenzó a hacer los test por todo el país -se habilitaron 63 centros desde el 11 de diciembre- sin haber formalizado el contrato con el Gobierno de Canarias, lo que generó durante varios días un limbo de datos personales.
Esta es una de las conclusiones que saca la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el último informe sobre las actividades en Canarias de la red delictiva liderada por el empresario Víctor de Aldama y el conseguidor Koldo García, que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento. «Según se desprende de esta conversación, se habría comenzado a realizar el objeto del contrato sin que este estuviese formalizado, encontrándose la empresa con numerosos datos personales de viajeros, sin saber a qué autoridad u organismo enviarlos», apunta la UCO en relación con varios mensajes que el portavoz de Megalab y cabecilla de la trama, Ignacio Díaz Tapia, compartió en un grupo de Whatsapp titulado «Pruebas Gobcan», en el que también estaban el que fuera director del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez y un alto cargo del organismo, Rubén García.
El 16 de diciembre, dos días antes de que se firmara el primer contrato con Megalab el 18 de ese mes -la empresa finalmente cerró tres acuerdos con el Ejecutivo autonómico por 5,4 millones de euros, los otros dos el 1 de enero de 2021 y 1 de febrero de 2021-, Díaz Tapia muestra en sus mensajes su preocupación por el contrato y pregunta a los responsables del SCS si se ha podido avanzar en ello. «Explica que están haciendo muchas pruebas diarias y deberían tener contrato, consultando dónde deben enviar toda la documentación que están recibiendo de los pasajeros», refleja el informe de la UCO sobre las pruebas. Por lo que fue la propia trama la que advirtió al Servicio Canario de Salud de que aún no existía un contrato formal. El asunto se zanja cuando Domínguez aclara que la orden de contratación de emergencia la firmará ese «mismo día» el consejero.
Pero esas conversaciones no son las únicas que demuestran la informalidad con la que se fraguó todo el proceso de contratación a Megalab. En febrero de 2021, Díaz Tapia y los responsables del SCS vuelven a hablar sobre el cobro de los servicios prestados en relación con las pruebas diagnósticas. Y aparecen, de nuevo, las trabas. El 26 de febrero, Rubén García contacta con el portavoz de los laboratorios para pedirle datos con el objeto de agilizar el pago del año 2020. En concreto le pide el NIF de la sociedad «[…] y el medio de presentación». Lo que, según el informe de la UCO, podría indicar que, a esas alturas -más de dos meses después del primer contrato-, la Administración todavía no tenía los datos de la empresa adjudicataria. Además, el informe concluye que el SCS tampoco había hecho en febrero las gestiones con la Consejería de Hacienda para dar de alta a la empresa como proveedor y necesitaba hacerlo «con urgencia» para poder financiarse con los presupuestos del año anterior.
En abril continúan las conversaciones para cerrar los pagos de los tres contratos y en los mensajes que analiza la UCO vuelven a reflejarse las prisas que el Ejecutivo canario tuvo para activar las pruebas antes de Navidad, aunque eso supuso iniciar el proceso con cabos sueltos y sin contratos por escrito. «Ya estamos tramitando el pago de una buena parte de la factura. Creo que recordar que empezamos a trabajar con un mero acuerdo verbal, por lo que necesitamos para iniciar con el trámite algún acuerdo firmado: un correo o un escrito en el que conste el precio de los servicios y las provincias en las que se ha prestado para adjuntarlo al expediente» [sic], le recuerda García a Díaz Tapia a través de un whatsapp, confirmando con ello que la adjudicación se habría concertado previamente.
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