La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes el envío de un requerimiento a las comunidades del PP para que faciliten, de forma «inmediata», los datos de los cribados de cáncer de mama, que se negaron a entregar al Ministerio de Sanidad tras los fallos detectados en Andalucía.
El Consejo de Ministros ha estudiado los indicadores principales del programa de cribado y ha aprobado el envío del requerimiento, según ha explicado García en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.
Las autonomías gobernadas por el PP se han negado a facilitar los datos de los cribados alegando que estos programas son competencia exclusiva de las administraciones territoriales y que García les pidió la información para acrecentar la «confrontación política» una vez se tuvo conocimiento de que Andalucía no avisó a más de 2.000 mujeres con un resultado radiológico no concluyente, en sus cribados, que debían someterse a un segundo ‘screening’ para confirmar o descartar que padecieran cáncer de mama.
Pocos días después de que estallara el escándalo, García pidió a las comunidades que remitieran a Sanidad los datos de los cribados de los programas de cáncer de mama, colon y cervix, de los últimos cinco años, con el argumento de que el problema de Andalucía podía ser solo la «punta del iceberg». Pero los ejecutivos gobernados por los populares enviaron una misiva a la ministra en la que rechazaban responder a la petición con el argumento de que los programas de cribado son «competencia exclusiva» de las comunidades y su seguimiento y evaluación se realizan con «plena autonomía, profesionalidad y éxito contratado».
El requerimiento
Asimismo, acusaron a García de tratar de «fiscalizar y ‘manosear'» de forma maliciosa su trabajo con un objetivo de «confrontación política». Sin embargo, García considera que la ley «determina que los datos no son de las comunidades, sino de la ciudadanía», por eso lleva tiempo advirtiendo de que utilizaría «todos los mecanismos disponibles» para obligar a las autonomías ‘díscolas’ a que compartan con Sanidad sus datos.
Y la vía usada ha sido la del requerimiento, la misma fórmula que escogió el Ejecutivo para tratar de obligar a varias comunidades -Madrid, Aragón y Baleares- a que complan con la obligación legal de crear un registro de objetores al aborto. El Gobierno les dio un mes para que respondan al requerimiento, aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de octubre.
