Mientras Donald Trump despliega la Guardia Nacional en Chicago para intensificar las redadas antiinmigratorias que, según el presidente, el estado de Illinois (demócrata) no está llevando a cabo con suficiente celeridad, una parte sustancial de la opinión pública estadounidense ve con buenos ojos el golpe sobre la mesa del republicano. No son mayoría, pero sí cerca de un tercio (32,2%), los estadounidenses que consideran que Trump debería utilizar a las fuerzas del orden y al Ejército para garantizar el cumplimiento de sus políticas públicas.
«En Estados Unidos, el presidente ve al Ejército como algo que trabaja para él, no para el país, y eso es motivo de una gran preocupación», explica a EL PERIÓDICO Garen J. Wintemute, director del Programa de Investigación para la Prevención de la Violencia de la Universidad de California en Davis y autor principal del estudio.
El informe advierte además de un deterioro en la percepción democrática. Entre el 14% y el 19% de los encuestados afirma estar de acuerdo, al menos en parte, con que el Gobierno arreste a ciudadanos y periodistas críticos con sus políticas o con el presidente. El investigador explica que no se puede comparar la evolución de la opinión pública en estos temas, ya que hasta ahora no se vio en la necesidad de hacer tales preguntas.
«Estamos viendo cómo se usa el Ejército para hacer cumplir políticas, reprimiendo la disidencia, algo que no estaba sobre la mesa en administraciones previas», señala, una nueva veda que se abrió en Los Ángeles y se ha ido contagiando a otras grandes ciudades gobernadas por demócratas. La línea que separa la seguridad nacional del control político, advierte, «se ha vuelto difusa».
La policía se enfrenta a activistas durante una manifestación frente al centro de detención del ICE en Broadview, Illinois, EEUU, el 10 de octubre de 2025. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
Trump contra los datos
Las amenazas a la seguridad nacional también han mutado: ya no son extranjeras. «Estamos viendo un cambio muy claro: del terrorismo yihadista hacia los extremistas domésticos», explica a este diario Riley McCabe, investigador del prestigioso Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), desde Washington DC. Otra gran diferencia es que a pesar de que estos ataques se catalogan como «extremismo partidista», los perpetradores son individuos radicalizados en el entorno digital, con motivaciones ideológicas difusas. Tampoco pertenecen a movimientos sociales organizados. «Rara vez pertenecen a un grupo con objetivos claros o una cadena de mando», apunta.
En contra de lo que los datos del CSIS indican, la Administración Trump «usa lo que percibe como un aumento del terrorismo de izquierda para endurecer su ofensiva contra grupos antifascistas, especialmente Antifa», señala McCabe. «Nuestros datos muestran que la Antifa no está altamente organizada. Más bien al contrario, es un movimiento político disperso, al que algunos perpetradores recurren para justificar su violencia», aclara.
Más ataques de derecha que de izquierda
A pesar de que los dos ataques recientes más sonados han sido contra figuras de la derecha –el asesinato de Charlie Kirk y el intento de asesinato de Donald Trump en campaña– el equipo de UC Davis ha encontrado evidencia clara de que el 80% de la violencia ejercida con motivaciones políticas viene de la ultraderecha y no de la izquierda.
La equiparación de la violencia ejercida por ambos lados del espectro político responde más a una narrativa oficial que a la realidad, según Wintemute. «Este año, el Departamento de Seguridad Nacional habla por igual de violencia desde la derecha y la izquierda. Pero confío en esa evaluación tanto como confiaría en el Departamento de Salud sobre vacunas: es decir, nada. No me lo creo«, ironiza, sobre la falta de rigor de la Administración Trump.
Los datos que maneja su equipo son concluyentes: la radicalización violenta sigue concentrándose en movimientos ultraconservadores y supremacistas, a menudo alentados por la retórica política o por teorías conspirativas sobre fraude electoral e inmigración. «Esperaba ver este año un aumento de la violencia en la izquierda, pero no hay evidencia de ello. Sigue siendo un problema fundamentalmente de la derecha», y argumenta que simplemente ha habido actos más visibles contra los republicanos porque están en el Gobierno y los ataques políticos son mayoritariamente antigubernamentales.
Riesgo calculado
Con todo, la gran mayoría de los estadounidenses no están dispuestos a tomar las armas. «Veo una sociedad que no quiere participar en la violencia política, pero que está siendo provocada por extremistas de ambos lados, y por una Administración que ve la violencia como un medio para alcanzar sus fines», diagnostica Wintemute.
Aunque improbable, «una guerra civil en EEUU no es un escenario de probabilidad cero», razona, ya que «la Administración tiene interés en que haya violencia política generalizada para justificar un gobierno autoritario», argumenta. «Al aplicar ciertas políticas de forma provocadora, podría estar buscando justamente eso: un estallido social que justifique el despliegue militar«.
McCabe comparte su preocupación. «Solo hace falta una fracción ínfima de personas dispuestas a ejercer violencia y basta con que tengan éxito una sola vez para que las consecuencias sean devastadoras».
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