Alexandre de Moraes es el juez más odiado por la ultraderecha brasileña. Este martes, el bolsonarismo encontró nuevas razones para su aversión. De Moraes, en su condición de relator en el juicio que se sustancia en el Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jair Bolsonaro y siete colaboradores por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, remarcó que el expresidente lideró una «organización criminal» con el propósito de mantenerse en el poder. Subrayó al respecto que el plan de acción se imprimió en la sede de Gobierno, el Palacio Planalto.
La sentencia debe conocerse antes de que concluya la semana. El alegato del relator tuvo el signo de la previsibilidad porque la semana pasada había desglosado ante el STF la trama golpista junto con el fiscal general, Paulo Gonet. De Moraes no solo es repudiado por el bolsonarismo, que lo ha tachado de «dictador». Ha sido objeto de sanciones de la administración de Donald Trump. Más allá del hostigamiento de Estados Unidos, para el magistrado no existe «ninguna duda» de las responsabilidades del excapitán del Ejército y su entorno. «El líder del grupo deja claro, en voz alta, de forma pública, que nunca aceptaría una derrota en las urnas, una derrota democrática en las elecciones, que nunca cumpliría la voluntad popular», dijo el magistrado, según el cual, la conspiración comenzó en junio de 2021 cuando Bolsonaro cuestionó por primera vez la transparencia de la contienda presidencial prevista para un año después. Esas palabras fueron las de un «acusado confeso».
Entre las pruebas que dan cuenta de las acciones preparatorias de la asonada, De Moraes citó los escritos personales del general Augusto Heleno, por entonces jefe del Gabinete de Seguridad Institucional) Augusto Heleno. «No es razonable considerar normal que un general del Ejército, con cuatro estrellas, tenga una agenda con anotaciones golpistas». También hizo referencia a otro de los imputados, el entonces responsable de los servicios de inteligencia, la Abin, Alexandre Ramagem, actual diputado de una formación de derecha, quien agitaba la idea del cuestionamiento de la legitimidad de la victoria electoral de Luiz Inacio Lula da Silva.
La necesidad de la condena
El STF, añadió De Moraes, debe «juzgar con imparcialidad y aplicar la justicia a cada uno de los casos concretos, independientemente de las amenazas o coacciones, ignorando las presiones internas o externas». En ese sentido remarcó que «la pacificación del país depende del respeto a la Constitución, de la aplicación de las leyes y del fortalecimiento de las instituciones, sin que sea posible confundir la pacificación sana y necesaria con la cobardía del apaciguamiento, que significa impunidad y falta de respeto a la Constitución federal». La ausencia de una condena ejemplar «significa incentivar nuevos intentos de golpe de Estado».
Bolsonaro está acusado de los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho e intento de golpe de Estado, además de daños calificados y deterioro del patrimonio protegido. El excapitán a través de sus abogados negó los cargos en su contra. Tres generales del Ejército, Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, que ocuparon cargos ministeriales, y el excomandante de la Armada, Almir Garnier, se han sentado en el banquillo de los acusados junto con dos civiles, Ramagem, jefe de los espías, Anderson Torres, el exministro de Justicia, y el asistente personal del presidente, el teniente Mauro Cid.
El magistrado denegó un pedido de la defensa de Bolsonaro de anular el proceso debido a los cambios en las declaraciones del teniente coronel Mauro Cid, ayudante personal de Bolsonaro, cuyo testimonio ante la Policía Federal permitió dar sustento a la causa. La solicitud, dijo De Moraes, «roza la mala fe». Los ataques de los que el juez ha sido objeto por parte de Estados Unidos, redoblados en el pasado lunes, volvieron a estar presentes en su intervención.
Una divergencia
Los medios de prensa brasileños esperan un debate en el seno del STF. Otro de sus integrantes, Luiz Fux, ha anunciado discrepancias con De Moraes sobre cuestiones preliminares presentadas por las defensas de los acusados. «Fux se distanció de Moraes a lo largo del proceso de la trama golpista y se convirtió en la principal apuesta de los aliados del expresidente de que la eventual condena no sería unánime, lo que podría retrasar el cumplimiento de las penas, con nuevos recursos por presentar», señaló el diario paulista ´Folha`. Esa controversia podría impactar en el alcance de la condena.
Pedido militar
En este contexto, la misma publicación ha consignado que la cúpula militar presentó una solicitud al STF para que Bolsonaro no sea detenido en un cuartel en caso de ser condenado a cumplir su pena en un régimen cerrado en el juicio. «La expectativa en el Supremo y en el Ejército es que Alexandre de Moraes conceda al expresidente arresto domiciliario debido a los problemas de salud de Bolsonaro, pero esto solo ocurrirá en la fase de apelación. Puede ser breve, de unos pocos días, pero planteará la cuestión de dónde encarcelarlo».
La semana clave del juicio ha sido precedida el pasado domingo por manifestaciones de la ultraderecha en favor del exmandatario. El pedido de una amnistía volvió a arreciar en las calles de San Pablo y Río de Janeiro, donde se exhibieron banderas de Estados Unidos, justo el Día de la Independencia de Brasil. Bolsonaro, más allá del desenlace judicial y el pesimismo con que aguarda su futuro, sigue siendo un factor divisorio profundo. Una reciente encuesta informa que el 42% de los consultados cree, como Trump, que es objeto de una persecución política.
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