Agentes de la Policía Nacional desplegaron el pasado 16 de julio la llamada ‘operación tinta’ en la que detuvieron a 15 sospechosos de pertenecer a una banda criminal dedicada a captar y trasladar mujeres desde Sudamérica para su explotación sexual en diversos pisos y chalets habilitados como prostíbulo en diferentes localidades del Campo de Gibraltar. Los policías hicieron entradas y registros en Algeciras, Los Barrios, San Roque y Barcelona y permitió la liberación de 15 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los investigadores remarcan que la organización creó un entramado empresarial con agencias de viajes falsas para gestionar el traslado de las mujeres desde Sudamérica hasta España. Una vez aquí, las víctimas eran recogidas y trasladadas directamente a los chalets que funcionaban como locales establecimientos abiertos al público, con actividades de alterne, máquinas tragaperras y un sistema de timbres para avisar a las mujeres cuando llegaban los clientes, a los que debían presentarse para ser elegidas.
Las víctimas, de entre 18 y 22 años procedentes de Venezuela y Colombia, eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar una deuda económica que contraían con la banda. Los agentes remarcan que estas mujeres sufrían graves situaciones económicas y familiares, lo que las convertía en presas fáciles para ser captadas bajo falsas promesas de trabajo y una vida mejor en España.
La organización también tenía una empresa de construcción en Barcelona, vinculada a dos sospechosos, que reformaba de forma clandestina varios apartamentos en un edificio de oficinas. La Policía remarca que estas reformas eran financiadas con los beneficios económicos derivados de la explotación sexual y los inmuebles estaban destinados al alquiler temporal (por días, semanas o meses), además de ejercer la prostitución.
Los investigadores señalan que de esta forma se blanquean beneficios obtenidos mediante empresas pantalla de intermediación inmobiliaria y que es una práctica detectada con creciente frecuencia en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Además, la red contaba con el apoyo de un grupo de taxistas de confianza, responsables del traslado de las mujeres a los servicios sexuales a domicilio y de ejercer un control sobre ellas. Hay seis conductores detenidos, la mayoría con licencias de los municipios de Algeciras y Los Barrios.
Los 15 detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución, tráfico de drogas, entre otros. El Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras ordenó prisión provisional para siete de los principales implicados.
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