El sumario del caso Montoro, en el que han sido imputado el exministro de Hacienda que le da nombre y otras 27 personas, también señala a otros miembros de gobiernos del PP. Un informe de los Mossos apunta directamente al que fue ministro de Justicia Rafael Catalá por su vinculación con la empresa de apuestas deportivas online Codere y su coincidencia en una etapa anterior con los socios de Equipo Económico, cuando fue subsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro al frente del ministerio. En la causa se investiga si las empresas acudían a ese despacho, porque al haber sido fundado por el ex responsable de Hacienda, facilitaba tener línea directa con él e, incluso, llegar a intervenir en la redacción de las reformas legislativas en marcha.
En el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, consta que los Mossos destacan que Rafael Catalá fue secretario y consejero de Codere desde el año 2005, meses después de haber salido el PP del Gobierno y tras haber asumido un cargo de gerente en un hospital público. Abandonó la empresa de apuestas en 2011 cuando volvió a la Moncloa el Partido Popular, al ser nombrado secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Los agentes señalan que «parece ser que continuó ligado de alguna manera a Codere, dado que formaba parte de su fundación en calidad de patrono y posteriormente (ya en 2019) se volvió a incorporar como colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales a la matriz después de su desvinculación de cualquier cargo político».
El informe apunta a que la multinacional de apuestas deportivas líder en España «llevaba años demandando a los distintos Gobiernos que se regulara el juego online», pretensión que obedecía a que «se consideraba en desventaja con respecto a las empresas del sector del juego online afincadas en otros países», porque no tributaban en España y ella, además, «sufría fuertes restricciones en materia de publicidad».
«A raíz de la tramitación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo», la prensa publicó que Codere «habría hecho labores de lobby junto o a través de Equipo Económico, durante la redacción de la ley del juego aprobada» por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que se implementó ya con el Ejecutivo del PP y es este momento cuando se produjo el proceso de adjudicación de las licencias del juego para operar en España, explica el informe.
Indicios
La relación entre ambas empresas aparece en la declaración fiscal de Equipo Económico, que declara «numerosos y cuantiosos pagos realizados por Codere […], incluso anteriores a la entrada del PP en el Gobierno en atención por tanto no solo a la implementación de la ley sino también a su tramitación».
Tras el estudio de los correos electrónicos existentes en la causa y las declaraciones ante la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el informe policial considera que «el supuesto posicionamiento desde el Ministerio de Hacienda en materia de ordenación del Juego en favor de la operadora nacional sería el resultado de la relación contractual entre Codere y Equipo Económico». A ello agrega: «Bajo la sospecha [de] que dicha relación se inició de la mano del ex ministro de Justicia Rafael Catalá, el cual había trabajado con todos los socios de la asesoría en la época» en la que era subsecretario del Ministerio de Hacienda con Montoro de ministro.
Considera acreditado que «las empresas extranjeras realizaron autoliquidaciones de la tasa del juego para los ejercicios de 2008 a mayo de 2011 (ya que desde la publicación de la ley las empresas ya habrían realizado la liquidación del impuesto), supuestamente a raíz de las presiones desde el mismo ministerio, tras la petición de documentación solicitada por la ONIF y con la supuesta condición de que si no se realizaban tales liquidaciones no se les otorgaría la licencia para operar en España».
Para llegar a esta conclusión, lo agentes se remiten a dos sentencias de la Audiencia Nacional relativas a Electraworks España, en las que se relatan que las presiones se habrían producido como mínimo en una reunión celebrada en la sede de la Dirección General de Ordenación del Juego en mayo de 2012.
La modificación del régimen fiscal aplicable a las ganancias en el juego llevada a cabo a finales del 2012 por el equipo de Montoro «significaba un reclamo para los jugadores que beneficiaba a las empresas operadoras del juego, ya que a partir de ese momento podían deducirse las pérdidas anteriores a la hora declarar las ganancias». El informe añade que «incluso estaba pensada más para el juego online que para los juegos presenciales, ya que las salas tenían más problemas para justificar las ganancias y las pérdidas de cada jugador». Todo ello «en un momento en el que se estaban llevando a cabo recortes fiscales debido a la crisis financiera que atravesaba el país», destacan los mossos.
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