Los tentáculos de las tramas de corrupción que actualmente copan la actividad de los juzgados suelen ser llegar mucho más lejos de lo que se presume en un primer momento. Su extensión real va quedando al descubierto a medida que avanzan las pesquisas, surgen nuevos imputados y terminan apareciendo conexiones entre unas causas judiciales y otras con las que no se contaba en principio.
Algunas de esas vinculaciones son más o menos lógicas, porque las distintas causas comparten un mismo “nexo corruptor”. Así se considera a Víctor de Aldama en el caso Koldo y es precisamente quien une esa causa con uno de los numerosos fraudes en hidrocarburos que se investigan en la Audiencia Nacional, pero también con presuntas irregularidades de adjudicaciones de obra pública en las que él no está imputado, pero sí lo está el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Otras relaciones, en cambio, no dejan de sorprender. Pocos podían esperar, por ejemplo, que la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en el llamado caso Fontanera por haber buscado elementos para desprestigiar al número dos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, acabara siendo detenida por el presunto amaño de adjudicaciones de obras públicas en el caso Sepi.
Y mucho menos que ese caso volviera a llevarnos a Koldo, a través de uno de los detenidos en el mismo operativo, Antxon Alonso, amigo del exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y del propio Cerdán. Alonso, al que llamaban ‘el Guipuchi’, estaba ya imputado en el caso al que da nombre el exasesor por las adjudicaciones en las que se había visto beneficiada la empresa de la que es administrador único, Servinabar. El 2% que le proporcionaba Acciona, con la que concurría en UTE a los distintos concursos, constituía nada más y nada menos que el 75% de sus beneficios. Pero desde que estalló el caso Sepi también lo está por los supuestos amaños en adjudicación de obra pública relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Esa conexión, además, refuerza el vínculo que Leire Díez, cuando menos, aparentaba tener con Santos Cerdán, en cuyo nombre decía actuar a la hora de buscar elementos para desacreditar al número dos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y a los fiscales encargados de investigar ciertos casos, como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, o el adscrito al 3%, José Grinda. El tercer detenido en el mismo operativo policial fue Vicente Fernández Guerrero, quien presidió la sociedad pública antes de tener que renunciar al ser imputado por el caso Aznalcóllar, en el que finalmente resultó absuelto.
El entonces presidente, Mariano Rajoy, en el pleno del Senado que aplicó el 155 de la Constitución. / EFE/Chema Moya
Otro «nexo corruptor»
El caso de Aldama como “nexo corruptor” de la trama recuerda al de Francisco Correa, cuando la corrupción más perseguida judicialmente era la cometida a través de las Administraciones del PP que adjudicaban con sus empresas a cambio de comisiones y regalos. La sentencia de la pieza principal del caso Gürtel fue el detonante de la moción de censura que echó de la Moncloa a Mariano Rajoy y dio el Gobierno a Pedro Sánchez.
En lo que no coinciden los dos considerados “nexos corruptores” de la Administración pública es en la estrategia de defensa a seguir. Mientras Aldama ha iniciado una colaboración con la justicia nada más saberse descubierto y pasar unos meses en la cárcel, Correa no empezó a hacerlo hasta su primera condena y una vez ya declarada firme por el Tribunal Supremo. La estrategia de Aldama ya le ha empezado a dar frutos y la petición fiscal en la primera pieza del caso Koldo que se va a juzgar se limita a 7 años de cárcel, una cifra mucho menor que los 24 a los que se enfrentará el exministro José Luis Ábalos y los 19 y medio de su asesor, Koldo García.
Para lograrlo, Aldama apuntaló las acusaciones contra Ábalos y Koldo al reconocer que buscó su apoyo a cambio de dádivas, como un chalé en La Alcaidesa y un piso en el madrileño paseo de la Castellana, para el primero, y 10.000 euros mensuales, para el segundo, a cambio de contar con el respaldo a todas sus gestiones, que iban desde la venta de mascarillas para Soluciones de Gestión a como conseguir una licencia de hidrocarburos para que Villafuel pudiera operar.
Además de las adjudicaciones y favores a Aldama, tanto Ábalos como Koldo están siendo investigados por irregularidades en las adjudicaciones de obra, tanto en aquellas en las que el empresario se veía beneficiado, como por las que está imputado Santos Cerdán en la parte del caso Koldo que se ha investigado en el Supremo, al menos mientras el exministro mantuvo el escaño. El juez Leopoldo Puente separó la investigación en dos piezas, para investigar, por un lado, las prácticas a las que contribuyó Aldama, como la compra de mascarillas, y. por otro, las relativas al eje navarro, centradas en Acciona y Servinabar.
La instrucción de la primera de ellas ya está concluida y está previsto que el juicio se celebre en el Tribunal Supremo en abril, mientras que la de las adjudicaciones de obra pública está en un estado mucho más incipiente, similar a la situación en la que se encuentra en caso Sepi y el llamado Fontanera, uno en la Audiencia Nacional y otro en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.
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