El Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, ha interpuesto una denuncia contra varias empresas que publicitan servicios de gestación por sustitución, lo que popularmente se conoce como ‘vientres de alquiler‘, a través de sus páginas web y redes sociales.
Las entidades demandadas «recurren a las habituales estrategias de marketing y publicidad para promocionar sus servicios, con un lenguaje claramente mercantil y con argumentos tanto emocionales como de carácter técnicocientífico dirigidos a generar confianza y empatía», según ha informado este lunes Igualdad.
Sin embargo, la reforma de la ley del aborto prohibió expresamente, en su artículo 33, la promoción comercial de la gestación subrogada, dado que vulnera los derechos de las mujeres que ‘alquilan’ sus vientres para gestar el bebé de otras personas, lo que es considerado por el Gobierno como una forma de violencia hacia las mujeres.
Asimismo, dicha norma insta a las administraciones públicas legitimadas por la ley general de la publicidad, entre las que se encuentra el Instituto de las Mujeres, a iniciar acciones judiciales dirigidas a la declaración de ilicitud y al cese de la publicidad de las empresas u entidades que promuevan prácticas comerciales tendentes a facilitar y promocionar la gestación por sustitución.
Tras su entrada en vigor, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres recibió -entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024- un total de 334 quejas por la promoción comercial de la gestación subrogada en páginas webs y redes sociales de diversas agencias, entre las que se encuentran las demandas.
El requerimiento
Además, de manera previa, el organismo dirigió un requerimiento, sin respuesta por parte de las agencias, instando al cese de la publicidad declarada ilícita y advirtiendo de que, en caso de no hacerlo, se acudiría a la vía judicial.
De forma paralela, el Instituto de las Mujeres se ha dirigido a la Dirección General de Consumo para trasladar a este organismo la información sobre otras entidades analizadas, por si fuera susceptible de abrir expediente sancionador.
La instrucción
Estas actuaciones se unen a la histórica instrucción que el pasado abril dictó el Ministerio de Justicia para «hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler en España». La instrucción impide registrar en España y los consulados a los bebés nacidos por vientre de alquiler en otro país de forma directa, aunque cuenten con una resolución administrativa o judicial extranjera que valide el contrato de gestación por sustitución. Solo se puede inscribir a estos niños mediante filiación por el vínculo biológico o adopción, lo que requiere pasar por el juzgado y alarga considerablemente los plazos.
«Nuestra demanda se une a la actuación impulsada por el Ministerio de Justicia que modifica el marco registral para evitar que se burle la prohibición de esta práctica en nuestro país, porque no se puede maquillar ni suavizar una situación de violencia y explotación reproductiva contra mujeres en situación de vulnerabilidad», ha defendido este lunes la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.
