Un abogado desgrana las dos incógnitas que acorralan a Ayuso por su viaje a México: «Hay muchos más…»

En los últimos días, la polémica de los áticos no es lo único que ha puesto en apuros a Isabel Díaz Ayuso. Tres meses después de su viaje a México, se publicaban en el Portal de Transparencia los gastos derivados de este. Un total de 623,28 euros por el uso de la sala VIP de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero no se incluían los costes de vuelos ni de alojamiento y la presidenta regional tampoco ha querido aclararlo al ser preguntada por la prensa, alegando que solo puede publicar «los gastos imputables a la administración». Por ello, un abogado acaba de recordarle qué es lo que dice la ley sobre viajes oficiales como este y ha señalado las dos incógnitas que cercan a la popular

De acuerdo con el gasto desglosado, el uso de la sala de autoridades de Barajas el día que arrancaba el viaje, el 2 de mayo, costó 220,89 euros. Mientras, el uso a la vuelta, el 11 de mayo, costó 402,39 euros, es decir, el doble. Por el momento, el resto de gastos, como los vuelos o el alojamiento no se han hecho públicos. Preguntada por ello, Díaz Ayuso se escudó en que «solo puede uno publicar los gastos que son imputables a la administración, a sus instituciones u organismos». «Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid, en este caso, no se puede publicar porque no es nuestro», sostenía.

Malas Lenguas preguntaba sobre esta afirmación al abogado Javier Flores, quien ha llevado ante el Tribunal de Cuentas la polémica compra del ático «oficina» adquirido por la Comunidad de Madrid. «¿Tiene que publicar los gastos de ese viaje la Comunidad de Madrid quiera o no quiera? ¿Es obligado?», le preguntaba Gonzalo Miró.

«Es muy sencillo. Si es un viaje oficial hay que publicar absolutamente todos los gastos que ha asumido la Comunidad de Madrid, con detalle incluso de las personas que han realizado ese viaje, los miembros de la delegación y las dietas de esas personas. Y si fuera un viaje privado y hay gastos que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido en concepto de regalo o cortesía por ser presidenta de la Comunidad de Madrid, también hay que publicar esos regalos», respondía el abogado, remitiéndose a la ley de Transparencia.

Flores explicaba que en la normativa «no cabe que un viaje oficial sea pagado por no se sabe quién y no se sabe con qué fondos«. Por otro lado, si fuera un viaje privado, es una obligación «señalar» los regalos.

Con respecto a los gastos que ha declarado la Comunidad de Madrid, ponía el foco sobre las cuantías derivadas del uso de la sala de autoridades. «Es el doble a la vuelta que a la ida, lo que indica que hay, posiblemente, más personas al regreso que a la ida», decía.

Flores continuaba señalando que, en cualquier caso, tanto si se trata de un viaje institucional como privado, lo registrado en el Portal de Transparencia deja vacíos por resolver: «Si es un viaje oficial, hay muchos más gastos que solo una sala de aeropuerto. Y si es un viaje privado, habría que explicar por qué la Comunidad de Madrid está pagando una sala de autoridades a personas en un viaje privado».

 Por ello, la oposición denuncia la falta de transparencia sobre el coste del viaje y exige esclarecer quién asumió los gastos no publicados. Además, en paralelo, reclama investigar la adquisición del «aticazo» con dinero público.



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