Un hombre y una mujer de Gran Canaria se enfrentan a una pena de 42 años de cárcel acusados de agredir sexualmente y de grabar a sus dos hijas durante el tiempo en el que mantuvieron una relación sentimental, entre octubre de 2019 y junio de 2022. La Fiscalía sostiene que la pareja obligaba a la hija de la acusada, de cinco años de edad, a participar en actos sexuales con ambos con la excusa de que era «para que aprendiera», mientras que la hija del encausado, de cuatro años, presuntamente sufrió agresiones por parte de su padre grabadas con su teléfono móvil. La policía encontró más de 200 archivos de pornografía infantil durante los registros.
El juicio está señalado para el próximo jueves, 12 de junio, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de cuatro delitos: dos continuados de abuso sexual a menor con acceso carnal y dos de utilización de un menor para elaborar pornografía infantil, penados los dos primeros con 12 años de cárcel cada uno y los siguientes con nueve años por cada ilícito, con agravantes subsidiarias si se aprecia la circunstancia de parentesco.
En cuanto a la responsabilidad civil, se piden indemnizaciones conjuntas de 200.000 euros para cada una de las perjudicadas debido a los respectivos daños morales y perjuicios ocasionados como consecuencia de los hechos que se enjuician. La pena exigida incluye otras medidas accesorias como órdenes de alejamiento hacia las víctimas, pérdida de la custodia de sus otros hijos o inhabilitaciones especiales para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad.
Archivos incautados
El escrito de acusación de la Fiscalía señala que los acusados, en prisión provisional por esta causa desde 2022 y 2023, elaboraron archivos informáticos de imagen y vídeo grabando las agresiones de las menores. Así, según esta parte, el acusado almacenó y conservó dicho material junto a otras grabaciones con menores de edad no identificados manteniendo relaciones sexuales explícitas en sus dispositivos informáticos. En concreto, los expertos informáticos analizaron dos teléfonos móviles, tres discos duros externos y un pendrive.
La Fiscalía interesa a su vez el decomiso de los dispositivos informáticos utilizados como instrumento del delito y que los mismos sean asignados a la unidad policial para posteriores investigaciones a través del área de informática forense de la Policía Nacional.
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