La Comisión Europea ha concedido a España una ‘bala de plata’ para evitar pagar indemnizaciones milmillonarias a las empresas energéticas afectadas por el hachazo a las ayudas a las renovables aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Bruselas ha decidido eximir a España de abonar las compensaciones pendientes por laudos arbitrales porque se considerarían ayudas de estado ilegales a las empresas beneficiarias. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez se moviliza para blindarse por completo de tener que realizar los pagos en caso ante la posibilidad de que algún tribunal decida forzar el abono de las indemnizaciones.
Inversores internacionales han llegado a presentar 51 arbitrajes contra España con reclamaciones que alcanzaban 10.635 millones de euros para compensar por el recorte de las retribuciones a las renovables. Diferentes cortes de arbitraje han condenado a España a reconocer indemnizaciones por 1.514 millones (más otros 360 millones de intereses de demora), pero el Gobierno no ha efectuado ningún pago a la espera de que la Comisión Europea se pronunciara sobre la legalidad de los abonos. España aún tiene ocho arbitrajes pendientes de resolución que suman 1.347 millones más en reclamaciones y todos ellos corresponden a empresas de la UE, así que les afecta de lleno la decisión de Bruselas.
Trapicheo con los laudos
La gran mayoría de las empresas energéticas que iniciaron los procesos de demanda contra España han revendido sus derechos de cobro de los laudos a fondos buitre. El fondo estadounidense Blasket ha llegado a tomar el control de la gestión de la mayoría de los pleitos contra el recorte de las renovables, según confirman fuentes del sector, apuntando que la firma tiene en sus manos entre un 60% y un 70% de los derechos de cobro de las indemnizaciones.
El Gobierno está diseñando una ofensiva legal contra las compañías de renovables que revendieron los pleitos a fondos buitre para blindarse por completo. En caso de que estos fondos oportunistas consigan que algún tribunal trate de obligar a España a pagar las indemnizaciones a pesar de la decisión de Bruselas, el Ejecutivo abrirá una batalla legal contra las empresas energéticas que trapichearon con los laudos y les reclamará a ellas todas las cantidades para recuperar lo que la Comisión Europea consideraría ayudas ilegales, según confirman fuentes gubernamentales de alto nivel.
El Ejecutivo pretende actuar con total contundencia contra las renovables que revendieron los pleitos si acaba siendo necesario y anticipa que agotará todas las vías legales. Los fondos tenedores de los derechos de cobro de los laudos están intentando su ejecución en países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, e incluso han conseguido embargar activos españoles públicos en estos países como garantía de cobro. Si finalmente consiguen cobrar las indemnizaciones por esta vía, España actuará contra las empresas energéticas exigiéndoles una compensación al Estado español por el mismo importe.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, y la Abogacía del Estado consideran totalmente justificada y avalada legalmente la apertura de esta ofensiva legal contra las renovables. Un tribunal holandés falló el pasado febrero que dos sociedades del país (AES Solar y Ampere) que revendieron sus derechos de cobro, tendrán que indemnizar a España si la Comisión considera sus laudos ayuda de estado y si un tribunal de un tercer país fuerza a España a pagar. España pretende exprimir al máximo esta doctrina y dirigir sus acciones contra los inversores que trapichearon con los laudos cediéndolos a fondos buitre.
