El expresidente de la Generalitat Artur Mas anunció que se querellará por el espionaje que, según el grupo de expertos en ciberespionaje de Citizen Lab, sufrió a través de el software israelí Pegasus y aseguró que desde finales de 2013 «pasaron cosas graves para la salud de una democracia», porque «se dinamitaron los principios de la democracia», ya que «desde las entrañas del Estado se decidió una operación ilegal, ilegítima e inmoral para destruir proyectos políticos, ideas, personas y liderazgos de ideales políticos que no podían combatirse en las urnas», que se conoce como ‘Operación Cataluña’.
Sostuvo que no busca venganza, pero sí que se conozca «la verdad, porque es la única manera de compensar la democracia española para curar la herida grave» que sufrió la democracia española y que sus responsables asuman las responsabilidades que les correspondan por el daño que causaron, no a él, que este lunes se ha sabido que fue el primer espiado con Pegasus, ni el expresidente del Barça Sandro Rosell, que estuvo dos años en prisión por delitos de los que fue absuelto, sino los «ciudadanos» por «la manipulación» que sufrieron.
La querella se dirigirá contra todo aquel que pueda tener alguna responsabilidad en la vulneración de la intimidad que ha sufrido. Entre los que citó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que situó al frente de la operación dirigida en su contra, o la exlíder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho. Y se preguntó quién podía autorizar la entrada en su móvil en 32 ocasiones, si no era la Policía, la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
