RTVE solicita una aclaración legal para saber si debe pagar o no los gastos a los aspirantes afectados por el examen de oposición que se suspendió in extremis el 29 de septiembre por la filtración de sus preguntas. La cúpula de la corporación pública, en la nueva etapa abierta por José Pablo López, ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que determine la responsabilidad de RTVE a la hora de responder por los perjuicios económicos ocasionados a quienes tuvieron que desplazarse o alojarse fuera para asistir a la prueba, a la que se presentaban 5.000 aspirantes y que se pospuso unos minutos antes de que diera comienzo, cuando los convocados se encontraban ya en el lugar. Unos hechos que ya están judicializados y por los que hay imputados dos trabajadores vinculados a UGT, según informó en exclusiva El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.
Más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos, está por ver quién es el responsable de afrontar sus consecuencias económicas más inmediatas. La corporación se mostró desde un primer momento favorable a hacer frente a los gastos, y llegó a abrir un canal de recepción de solicitudes para que los afectados pudieran enviar las facturas y justificantes de los cargos. Pero aquello se quedó en una declaración de intenciones y no fue más allá de la recepción de comunicaciones que, cuatro meses después, no se han resuelto. El principal escollo son las dificultades para esclarecer la responsabilidad de lo sucedido.
Existen precedentes de exámenes de oposición suspendidos, y lo habitual es que la administración convocante asuma el gasto, al menos en un primer momento. Es lo que ocurrió en Cataluña el año pasado, cuando la Generalitat adelantó 1,2 millones de euros -90 euros por cabeza- para compensar a los más de 13.000 afectados por el fiasco de las oposiciones a funcionario autonómico, un proceso dirigido por la empresa Cegos. Más tarde, inició un litigio para reclamar una indemnización a esta mercantil, al considerar que era la responsable última de los hechos.
En este caso, el asunto es más difícil de resolver, porque RTVE no fue la responsable de la filtración y la posterior suspensión del examen, pero tampoco lo fue ninguna empresa con la que se hubiera suscrito un contrato que se pudiera reclamar. Hasta ahora las diligencias señalan como únicos investigados a dos trabajadores vinculados con UGT, y el juez investigaría la posible implicación de más trabajadores en esta cadena de difusión. En caso de producirse una condena, RTVE tendría en su mano reclamar a los culpables todos los daños y perjuicios ocasionados por la filtración, que obligó a hacer una nueva convocatoria con todos los gastos derivados -alquiler de varios edificios de la universidad, contratación de los servicios de seguridad, el material, servicio especializado de reprografía, entre otros. Unos costes que la anterior presidenta cifró en el entorno de los 500.000 euros.
Sin cobertura
En los últimos días, desde la dirección de Recursos Humanos se ha venido enfriando la posibilidad de emitir un pago, al menos de manera inmediata, y se ha trasladado a nivel interno que las compañías aseguradoras, a quienes habían elevado también una consulta, habían rechazado hacerse cargo de estas contingencias, al no estar cubiertas. El nuevo presidente, que ha dado pasos para esclarecer el asunto de las filtraciones, busca ahora clarificar la situación y determinar las responsabilidades de la corporación pública en este asunto, con el objetivo de dotar de «seguridad jurídica» cualquier decisión que se acabe tomando, precisan fuentes de RTVE.
Así, la cúpula de la empresa ha solicitado formalmente un informe a la Abogacía del Estado para conocer los pasos a dar y poder actuar en consecuencia. Este informe resolverá si RTVE debe sufragar los gastos como convocante de la prueba, independientemente de que puedan reclamarse después a los responsables de la filtración-, o si no tiene obligación de hacerlo, algo que empujaría a los afectados a iniciar acciones legales por su cuenta, bien contra la corporación, o bien contra los condenados, en caso de haberlos una vez que concluya el procedimiento.
Poco después de suspenderse el examen, todos los sindicatos a excepción de UGT y SI firmaron un documento en el que se comprometían a afrontar los costes derivados de este episodio, en caso de que alguno de sus miembros del tribunal estuviera implicado. El rechazo de UGT de adquirir este compromiso le puso desde el primer momento en el punto de mira. Más tarde, se conoció que su delegado en el tribunal fue el autor del documento filtrado, y es uno de los dos imputados en la causa que se instruye en el juzgado nº 48 de Madrid, y que determinará las responsabilidades de lo ocurrido, una vez que ya se ha incautado material informático para tratar de esclarecer las responsabilidades.
El coste de estos gastos a opositores no es excesivamente elevado, teniendo en cuenta el presupuesto que maneja RTVE de alrededor de 1.300 millones de euros en 2024. En una comparecencia en el Congreso el pasado 17 de octubre, Cascajosa aseguró que hasta ese momento -apenas tres semanas después de la suspensión del examen- se habían producido 368 solicitudes, con una cifra aproximada de 42.000 euros. Los damnificados había acudido a la cita de RTVE desde países como México, Italia, Reino Unido, Canadá, Marruecos, Francia, Suiza, Italia, Portugal o Egipto. La cifra podría haber aumentado, pero desde la corporación consideran que el coste no es de gran envergadura, y en términos económicos se le podría hacer frente sin grandes dificultades. El gran problema, sin embargo, es de cariz legal. Y es por ello que RTVE vuelve a recurrir a la Abogacía del Estado, al igual que hizo la semana pasada cuando se personó en la causa judicial de las filtraciones, que continúa en fase de diligencias.
