Pedro Sánchez ha aprovechado la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander para anunciar que el Gobierno convocará en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que impulsará la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades del régimen común. La iniciativa tiene su origen en el pacto de investidura entre el PSOE y ERC, que contemplaba una quita parcial de la deuda de Catalunya. Ahora se trata de extenderlo al resto de territorios. Pero de forma multilateral, como proponía el PP, y no bilateral, como había defendido en un primer momento el Gobierno.
El presidente también ha vuelto a insistir, como ya hizo en septiembre, en la necesidad de reformar el sistema de financiación, un asunto especialmente sensible, en especial tras la prometida salida de Catalunya del régimen común. Aquí las expectativas de acuerdo con el PP, que gobierna en 12 de las 17 comunidades, son bastante escasas. Aun así, según fuentes de la Moncloa, Sánchez ha propuesto “acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las comunidades reciban más recursos de los que reciben hoy”.
A pesar de que la Moncloa no había enviado a los territorios ninguna propuesta previa de resolución, algo que criticaron en los últimos días distintos presidentes autonómicos, Sánchez ha lanzado varias propuestas muy concretas. No solo en financiación. También sobre el resto de puntos de orden del día: vivienda, sanidad e inmigración.
El jefe del Ejecutivo quiere “blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible”. Se trata, según fuentes de la Moncloa, de “asegurar que el parque público de vivienda asequible siga creciendo y llegue al 20% que tienen los países europeos más avanzados en este tema”.
Sánchez también ha transmitido a los presidentes autonómicos la necesidad de llevar a cabo una “reforma de la ley del suelo que ofrezca más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos, ayude a acelerar la construcción de viviendas asequibles y a adaptar la normativa actual al reto del cambio climático”. Dentro del apartado inmobiliario, sobre el que el Gobierno intentó sin éxito que versara exclusivamente esta Conferencia de Presidentes, el líder socialista ha reclamado a los presidentes del PP que reculen y apliquen la ley de vivienda, dado que la mayoría de las competencias en esta materia son autonómicas. La norma, según el Ejecutivo, “está dando buenos resultados y contribuyendo a reducir el precio de los alquileres”.
Sanidad e inteligencia artificial
Sobre sanidad, donde el Gobierno cree que puede sellar algún acuerdo con las comunidades, Sánchez ha anunciado que el Gobierno transferirá 223 millones de euros a principios de 2025 para mejorar la atención de los pacientes a través de la inteligencia artificial. En el mismo sentido, se ha comprometido a “consolidar y aumentar la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas, siempre y cuando exista un compromiso firme de las comunidades autónomas para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación”. El mensaje apela directamente a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que hasta el último momento se había resistido a aceptar los fondos del Ejecutivo para contratar personal universitario. Para la Moncloa, Ayuso, la única mandataria que dio portazo a Sánchez en la ronda de reuniones previa a la Conferencia de Presidentes, pretende hacer desaparecer estos centros educativos públicos.
Y por último, inmigración, otra materia en la que no existen apenas posibilidades de acuerdo. Sánchez ha vuelto a reclamar al PP que acepte el reparto entre territorios de los menores no acompañados llegados a Canarias. El jefe del Ejecutivo quiere que los conservadores abracen “una política migratoria responsable y solidaria, basada en la ciencia y no en los prejuicios, y responsable con las necesidades demográficas y laborales de nuestro país”.
