España necesita ampliar y modernizar sus redes eléctricas para hacer posible la transición energética e impulsar otra revolución imprescindible como es la de la gran digitalización. La espina dorsal del sistema eléctrico será crucial para integrar no sólo el despliegue masivo de nuevas plantas de energías renovables, también es vitar para conectar los grandes proyectos industriales a las puertas del ‘boom’ de los centros de datos y de las futuras plantas de producción de hidrógeno verde.
Las compañías que gestionan las redes eléctricas de transporte (las de alta tensión, en manos de Red Eléctrica de España) y las de distribución (en manos fundamentalmente de las grandes eléctricas, aunque hay 300 compañías operando en el sector) tendrán que ejecutar inversiones milmillonarias en los próximos años para ampliarlas y mejorarlas. El negocio de las redes es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica que pagan todos los clientes.
Las energéticas presionan ahora a Gobierno (para poder aumentar esas inversiones levantando los topes legales vigentes) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (para elevar lo que cobran por sus redes) de cara al proceso de revisión de todo el sistema de retribuciones que se aplicará a partir de 2026 y durante los siguientes seis años. Las grandes eléctricas tratan de convencer ahora al Ejecutivo y a la CNMC de que si pueden invertir más en sus redes e incluso si aumenta lo que cobran por ellas, el recibo de la luz de todos los consumidores bajará.
Aelec, la patronal eléctrica que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP (Naturgy abandonó la asociación hace unos años), se moviliza en plena negociación y ha echado cuentas para elaborar un modelo económico con el que buscan demostrar cómo y cuánto bajaría la factura eléctrica si las compañías consiguen ejecutar las millonarias inversiones adicionales necesarias y si se revisa al alza la retribución que perciben por construir y gestionar las redes. Una ‘fórmula’ con la que buscan doblegar las resistencias de CNMC y del Gobierno.
Unos 25.000 M de inversión extra
Las grandes eléctricas calculan que serán necesarias inversiones de 43.000 millones de euros en la próxima década para ampliar y modernizar las redes eléctricas, unos 4.300 millones al año hasta 2035. La estimación contempla los 1.800 millones de euros que actualmente ya se invierten de media cada año por las distribuidoras y Red Eléctrica, y otros 2.500 millones extra para desplegar nuevas redes sólo para poder conectar el aluvión esperado de nuevos centros de datos, plantas de hidrógeno verde y la electrificación de los puertos españoles.
Las proyecciones de la patronal de Iberdrola y Endesa -asegurando que son conservadoras- apuntan a que un aumento de la capacidad de 50 gigavatios (GW) para conectar los centros de datos, las plantas de hidrógeno y electrificar los puertos disparará el consumo de electricidad en España casi un 50% en 2030 (hasta 335 teravatios hora, TWh) en relación al escenario en que las inversiones no aumenten; y crecerá más de un 80% en 2035 (hasta los 425 TWh).
Y este incremento de la demanda también disparará los ingresos del sistema eléctrico tanto en forma de peajes de acceso como los cargos que se incluyen en la factura eléctrica de todos los clientes. De hecho, los incrementará tanto que, según las eléctricos, se cubrirá con creces el coste de las nuevas inversiones y eso permitirá rebajar la parte regulada del recibo y reducir el precio final de luz que abonan los consumidores. Según los cálculos de las eléctricas, en 2030 los costes extra de retribución de las inversiones adicionales sería de 1.277 millones y los ingresos por facturación de peajes y cargos de los nuevos suministros sería de 1.680 millones; y en 2035 los costes serían de 2.456 millones y los ingresos por peajes y cargos sería de 3.186 millones.
Bajar el recibo un 2% de media
El modelo económico de la patronal eléctrica anticipa que incluso con este incremento de la retribución a la que aspiran las compañías, el aumento de las inversiones y el aumento de la demanda eléctrica permitiría bajar la factura final de luz. La estimación de las compañías apunta a que la tarifa media final para los consumidores sería un 3,2% más baja si se conecta toda la nueva demanda gracias a las nuevas inversiones previstas para 2030 y un 2% inferior de media anual para 2035.
“Un aumento de las inversiones en redes necesarias para electrificar la demanda conllevaría un aumento de la demanda eléctrica (frente a mantener las inversiones actuales) y permitiría que los ingresos por facturación de los nuevos suministros superen el coste que supondría la retribución de la inversión adicional, haciendo bajar la tarifa final soportada por todos los consumidores”, resumen las eléctricas de Aelec en un documento interno al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, apuntando que la rebaja de la factura final se conseguiría incluso si la CNMC eleva la retribución que reciben por sus redes.
La CNMC ultima la consulta pública en la que desvelará su propuesta formal con los nuevos cálculos. Desde el sector eléctrico se espera (se teme) que la CNMC ofrezca elevar la tasa de retribución financiera sólo hasta el entorno del 6,5%, desde el 5,58% actualmente vigente. Mientras que las grandes eléctricas que controlan el negocio de la distribución, entre las que destacan Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, reclaman igualar las condiciones retributivas de sus redes con las que se reconocen en otros países europeos, lo que supondría elevarlas por encima del 7% de rentabilidad e incluso superar el 8% durante el próximo sexenio. Red Eléctrica de España (REE) también ha venido subrayando la necesidad de mejorar la retribución por las inversiones y por los costes de operar la red de alta tensión.
“Esa nueva demanda [de centros de datos y plantas de hidrógeno] paga sus correspondientes peajes que son entre 5 y 10 veces superiores al coste que esa nueva red supone para la tarifa (incluyendo una subida de la tasa de retribución financiera hasta una horquilla del 7,5-8%)”, sostienen las eléctricas. “Haciendo un análisis económico con hipótesis muy conservadores podemos concluir que el incremento de ingresos para el sistema eléctrica sería un 30% superior al incremento del coste de inversión que se requiere (…) Si reguladores y empresas colaboran en la adaptación de la red de distribución de manera urgente para dar cabida a la electrificación de la nueva demanda, se conseguirá reducir el coste final de suministro a los consumidores en media un 2% anual en términos nominales entre 2025 y 2035”.
Desde Aelec se subraya que las empresas eléctricas “no están reclamando un aumento de peajes, sino poder lograr un nivel de inversión suficiente para facilitar el acceso y conexión de la demanda que hoy se está solicitando, manteniendo la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, así como el impacto en el consumidor”. “Esto llevaría a una bajada sostenida de los peajes” y de la factura final, zanja la patronal.
El ‘agujero’ de la red eléctrica
Las grandes eléctricas y también la patronal Aelec han venido alertando de que sin más y mejores redes eléctricas la transición energética en España es inviable y también denuncian que la falta de capacidad de sus redes de distribución han hecho que se pierdan en los últimos años miles de proyectos industriales en España por la imposibilidad de conectarlos. Hasta el punto de que las grandes distribuidoras han tenido que rechazar una de cada tres peticiones de conexión a sus redes tanto por falta de capacidad para poder atenderla y enchufarla como por el alto coste que implicaría lanzar nuevas líneas ad hoc para un determinado proyecto, que corre a cargo del propio cliente.
En los últimos cuatro años, todas las distribuidoras que operan en el mercado español han recibido peticiones para enchufarse a sus redes de proyectos industriales con una potencia conjunta de 55.098 megavatios (MW), y se han visto obligadas a rechazar la conexión a potenciales clientes de proyectos con una potencia de 18.240 MW desde 2020, un tercio del total, según los datos agregados que manejan las compañías del sector y que adelantó este diario.
El aluvión de peticiones de conexión y de denegaciones se ha concentrado muy especialmente en los dos últimos años. Sólo entre 2022 y 2023, las distribuidoras recibieron solicitudes de acceso a sus redes para instalaciones de 45.906 MW, y se han rechazado uno de cada tres proyectos dando un ‘no’ masivo a planes con 15.675 MW de potencia en su conjunto.
