La empresa Suelopetrol, que según los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se usó para que el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, activara la compra del chalé de lujo que acabó disfrutando el exministro de Fomento José Luis Ábalos, exportó petróleo de Venezuela durante el embargo decretado por Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según evidencia la diferente documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.
Meses después de que el Gobierno de Estados Unidos aprobara sus sanciones contra el Gobierno de Caracas, en concreto el 18 de diciembre de 2019, Suelopetrol, presidida por Henrique José Rodríguez Guillén, firmó un contrato con la naviera Elysia Shiptrade para fletar un buque petrolero desde Venezuela hasta Ghana o Lomé (Togo), dos países situados en el occidente del continente africano. Este empresario, que consiguió la nacionalidad española en 2023, fue quien realizó el primer desembolso para adquirir el chalé, según la Guardia Civil.
Extracto del sumario en el que aparecen José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. / Redacción
Esta redacción ha podido confirmar que el acuerdo entre la compañía Suelopetrol y la naviera fue renovado hasta en seis ocasiones. Sin embargo, diferencias contractuales entre ambas firmas han provocado que la empresa Elysia Shiptrade haya acabado reclamando al menos 15 millones de euros a la empresa de Henrique José Rodríguez Guillén.
Destino África occidental
La documentación de la disputa legal entre ambas compañías alude a que el contrato para fletar el buque se realizó bajo la póliza denominada Shellvoy 6, que es un acuerdo estándar para transporte de petróleo, pero que no obliga a detallar si se realizó alguna transferencia de carga antes de llegar a su destino final en África.
Investigaciones periodísticas señalan a Togo como clave en el comercio exterior del petróleo venezolano para eludir las sanciones internacionales. En concreto, apuntan que el crudo es intercambiado entre buques en aguas del país africano. Las transferencias de carga en altamar permiten cambiar de petrolero sin tocar puerto, lo que a veces se utiliza en rutas con restricciones o embargos, como los relacionados con Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA
Venezuela ha estado bajo sanciones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, que incluyen restricciones al comercio de petróleo. No obstante, algunos buques y empresas continuaron operando en rutas que incluyen los puertos venezolanos, como es el caso del barco contratado por Suelopetrol. Este tipo de actividades en esa región pueden ser consideradas controvertidas debido a las sanciones internacionales.
Sanciones de EEUU
Como ejemplo, en 2020 el buque Voyager I fue sancionado por Estados Unidos debido a que transportó hasta Togo crudo venezolano. Esta multa fue parte de una campaña más amplia dirigida a empresas que apoyaban las actividades de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. La propietaria de este buque sancionado, NGM, comparte dirección en el puerto del Pireo (Grecia) con Elysea Shipment, la compañía utilizada por los socios de Aldama para transportar el petróleo venezolano, según los registros consultados por esta redacción.
Tal y como adelantó esta redacción, la compañía Suelopetrol es socia estratégica de PVDSA. En concreto, esta firma, cuya sede social se encuentra en Madrid, es propietaria del 40% de las acciones de sociedad Petrocabimas, que explota el campo petrolífero de Cabimas, donde se producen aproximadamente 17.000 barriles diarios de petróleo. El resto de títulos de Petrocabimas, el 60%, pertenecen a la empresa pública venezolana. Suelopetrol también está asociada con PDVSA en otra concesión, denominada Campo Carabobo.
Fraude de 182 millones
Henrique José Rodríguez Guillén fue el autor de un pago de 6.000 euros que sirvió para abonar la señal o reserva para adquirir el chalé denominado ‘La Alcaidesa’, que había sido elegido por Ábalos, y que este mismo disfrutó hasta que fue destituido del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el 1 de marzo de 2021 este empresario renunció a comprar el chalé. Ese es el motivo por el que Víctor de Aldama, siempre según el informe de la UCO, recurrió a otro empresario, en concreto Claudio Rivas Ruiz-Capillas, para adquirir la vivienda. Este último empresario, también vinculado al negocio de los hidrocarburos, permanece preso de forma preventiva, al igual que el propio Aldama, vinculados ambos a un presunto fraude al IVA de 182 millones de euros.
