prisión a la resistencia pasiva y la manifestación

El artículo 21 de la Constitución Española recoge lo siguiente: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. Sin embargo, pese a constituirse como lo que es, un derecho base, el gobierno de Italia, bajo la batuta de la ultraderechista Giorgia Meloni, ha lanzado un nuevo paquete de reformas que parecen anular dicho derecho, con hasta 20 nuevos delitos penales. 

Bajo el nombre de “decreto anti-Ghandi”, acuñado por la oposición, el ejecutivo italiano ha anunciado que impondrá penas de hasta dos años de cárcel a todos aquellos que corten carreteras a modo de manifestación y los que formen parte de protestas, aunque sean pacíficas, en grupos de tres o más personas. Además, las sanciones también se aplicarán en los casos de resistencia pasiva, con lo que aquellos detenidos que presenten resistencia a la autoridad se verán ante una pena de entre uno y cinco años de prisión.

Pese a que estas reformas afectan por el momento únicamente a la sociedad italiana, desde el ejecutivo español han pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tome cartas en el asunto y se posicione acerca de lo que la mandataria italiana, cercana al líder popular, ha anunciado. La pregunta que le hacen es sencilla, pese a que, por el momento, no hay respuesta: si él aplicaría la misma política en España con el apoyo del homólogo de Meloni en este país, Santiago Abascal.

En informaciones a los medios de comunicación, el Partido Socialista ha tildado a Meloni como «líder y ejemplo absoluto de Feijóo» y señalan al respecto del decreto que diferentes fiscales italianos ya han advertido que incluye «normas fascistas con un derecho penal autoritario similar al de los años del dictador Mussolini».

Los acercamientos de Feijóo a la líder italiana

La petición de los socialistas viene precisamente después de que hace apenas dos semanas el líder de los populares visitara Italia para reunirse con Meloni. En su momento, fuentes del PSOE ya denunciaron este viaje que tenía como objetivo un nuevo acercamiento con “la reina de los ultras” y “hacer oposición internacional al Gobierno de Pedro Sánchez”.

Esta visita fue asimismo aprovechada por el socialismo para recordar los constantes intentos de Feijóo, en particular, y del Partido Popular, en general, de estrechar lazos con la extrema derecha. “La admiración del sr. Feijóo por la ultraderecha no es nueva -recordemos que fue quien permitió que por primera vez Vox y el PP compartieran un gobierno autonómico-, como tampoco lo es su admiración por Meloni”.

Los puntos del nuevo decreto italiano

Pese a que la pena de cárcel a aquellos que ejerzan su derecho de manifestación pueda parecer lo más relevante de estas nuevas reformas, el decreto ‘anti-Ghandi’ no acaba ahí. Respecto a esta misma medida, hasta ahora también estaban perseguidas, pero únicamente con sanción económica. Por lo que se refiere a los actos de resistencia pasiva, incluye a los detenidos y también a los menores internos en centros de acogida. En el marco de las manifestaciones que a partir de ahora estarán castigadas bajo pena de prisión, ponen especial hincapié en aquellas cuyo objetivo sea impedir las obras del tren de alta velocidad o del puente del estrecho de Messina, que podrían verse castigadas con hasta seis años de cárcel.

Al margen de todo ello, mediante el decreto ‘anti-Ghandi’ se exigirá también el permiso de residencia a todos los migrantes para que puedan obtener una tarjeta SIM, y, por ende, un teléfono móvil. Entre otros aspectos recogidos, se estudia también una posible implantación de castración química para violadores, aunque esto último debería ser aceptado voluntariamente por los condenados que obtendrían a cabo la puesta en libertad.

En el mismo orden, el nuevo paquete impulsado por la extrema derecha anula también la excepción que permitía que las mujeres embarazadas o con hijos menores no entraran en prisión, por lo que ahora estos grupos también podrán recibir penas de cárcel.