El director general de Costas y Puertos, Marc García, se reunirá este lunes con las entidades de rescate humanitario para abordar el pago de más de 63.000 euros en tasas que les reclama la Generalitat Valenciana.
Así lo afirmó el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus tras la concentración de los voluntarios de los barcos de rescate frente al Palau de la Generalitat bajo el lema «Rescate sin tasas». Los rescatadores del Aita Mari explicaron al recibir el requerimiento, que esa cantidad «pone en peligro» su próxima misión de rescate de migrantes en el Mediterráneo.
«Imponer tasas a los barcos de rescate, como ha dictaminado recientemente la Generalitat, es poner obstáculos para salvar vidas en el Mediterráneo«, criticaron los resctadores del Aita Mari en la concentración.
Tripulación del Aita Mari, en una de las misiones de rescate. / Isabel Eguirguren
En junio, y a petición de Vox, el Consell aprobó su macrodecreto de simplificación administrativa, dentro del cual se recoge la derogación de la exención de tasas portuarias para los barcos de ayuda humanitaria (aprobada por el Botànic). Esto supone que, a partir de ese mes, las ONG de rescate debían volver a pagar. El problema es que la Generalitat las quiere cobrar «con efecto retroactivo, realizando una liquidación de tasas de los últimos cuatro años, hasta 2021. Esto supone, sin recargos, 63.000 euros» denuncia la entidad en un comunicado.
El Aita Mari no es el único barco de este tipo que atraca en el puerto de Borriana o Vinaròs, conocidos precisamente por hacer de lanzadera para muchas de estas asociaciones que rescatan personas migrantes en el Mediterráneo. Otros navíos muy conocidos son el Open Arms, el Louis Michelle, el Sea Eye, o el Sea Watch.
«No hay ningún conflicto»
«No hay ningún conflicto, hay una ley que dice cómo se tienen que aplicar las tasas y cuáles son las exenciones y se está aplicando a rajatabla», señaló Martínez Mus, quien lamentó que en los últimos días «se ha estado contando una serie de mentiras en este tema, pues no ha habido ninguna modificación legislativa y, por tanto, lo único que se está haciendo es aplicar la ley».
Las entidades, por su lado, no critican el hecho de tener que volver a pagar tasas, si no la reclamación de 4 años de tasas de golpe y con efecto retroactivo. De ahí la reclamación de 63.000 euros para barcos de rescate como el Aita Mari.
Migrantes en la cubierta del Aita Mari tras un rescate en alta mar. / Isabel Eguirguren
Sin embargo, según ha explicado Mus «ha habido una campaña interesada por parte de grupos políticos cargada de inexactitudes». «No es verdad que se están calculando tasas retroactivas, pues la Generalitat no va a cobrar nunca tasas por hacer tareas humanitarias a los barcos, y sí se cobran cuando no toca, tal y como dice la ley».
A pesar de ello, «como se ha creado esta contaminación, el mismo lunes se ha convocado a los consignatarios de estos barcos para reunirse con el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, y aclarar el tema» dijo el conseller. Martínez Mus ha recordado que hay cinco puertos en la Comunitat Valenciana que no son de titularidad autonómica y que «no están en este debate».
Críticas de las entidades
Los barcos de rescate, por su lado, han denunciado también inexactitudes por parte de la Conselleria y dicen que «no es verdad lo que dicen de que hay una comunicación abierta con las ONG». «La única notificación que recibimos fue una comunicación tardía y poco clara, informándonos sobre la intención de la administración portuaria de liquidar las tasas de forma retroactiva», critican. Para las entidades, se trata de una medida propia de «la extrema derecha», ya que -explican- estuvo impulsada por Vox cuando aún estaba en el Consell.
«Es falso que se haya producido algún impago, es importante señalar que la deuda impuesta ilegalmente está siendo pagada en plazo, por obligación, ya que no se ha suspendido la recaudación, lo cual ya pone de manifiesto la voluntad de este gobierno y la perversión de todo el proceso», reivindican.
Los rescatadores del Aita Mari también criticaron el discurso de algunas líderes de la extrema derecha como la presidenta de Las Corts, Llanos Massó, que acusó a este barco de rescate de «colaborar con las mafias de tráfico de personas». «Nosotros salvamos vidas», remarcan mientras piden la retirada de estas declaraciones públicas bajo consecuencia de emprender acciones legales.
Suscríbete para seguir leyendo
