Comprar un litro de aceite de oliva virgen extra marca Carbonell en gran parte de los supermercados Eroski de España cuesta casi 14 euros. Excepto en los establecimientos de Pontevedra, donde sale a poco más de 9 euros. Una garrafa Oleoestepa está por unos 70 euros en un Hipercor de Valencia o de Zaragoza, pero esta semana se vendía en oferta por menos de 50 euros en los de Barcelona. Y el mismo litro de virgen extra Hojiblanca marca Coosur se anuncia a 14 euros en los Alcampo de Sevilla y Linares, y a 10 euros, en Ourense. Son datos de Facua, que ha vuelto a la carga en su lucha porque el Gobierno investigue el comportamiento de los supermercados ante esta crisis inflacionista y que ha dejado claro su sentir ante estas diferencias: “Es un absoluto escándalo, teniendo en cuenta que llevamos 19 meses con la prohibición de aplicar subidas de márgenes en los precios de los alimentos con el IVA rebajado”.
Así lo ha manifestado el secretario general de esta organización en defensa de los derechos de los consumidores, Rubén Sánchez, que, tras recopilar comparativas de precios antes y después de la rebaja del IVA, e incluso de la misma marca de aceite vendida en distintos supermercados, se ha propuesto ahora denunciar las diferencias de precios en función del lugar de España en el que se compre este producto. Facua ha visitado 6 cadenas de supermercado distintas en una veintena de ciudades y ha llegado a la conclusión de que sí, de que la misma marca se puede vender en el mismo supermercado hasta 5 euros más cara dependiendo de la ciudad en la que se adquiera.
Sánchez ha acusado a Carrefour, Eroski, Hipercor y Alcampo de esta práctica, en este último caso agravada por haber detectado diferencias de más de 1 euro en función del barrio de Zaragoza o Madrid que se visite. En cambio, eximen a Mercadona y Dia, que, según su investigación, venden el producto al mismo precio en todas partes, lo que, por otro lado, da más peso a sus sospechas.
«Fraude masivo»
“Es una clara ilegalidad a la que el Gobierno tiene que responder de una vez por todas”, ha reclamado el secretario general de Facua, recordando que el Real Decreto Ley aprobado a finales de 2022 prohíbe cualquier tipo de subida de precio en determinados productos de alimentación básica que no esté relacionada con una subida de los costes en origen. “Sabemos que existe una práctica comercial que es aplicar precios distintos en función del perfil económico de la ubicación del supermercado –ha contextualizado Sánchez–. Eso es un elemento que han venido utilizando históricamente y que no es ilegal, pero lo es desde enero de 2023, porque la ley prohíbe aplicar ningún tipo de subida de margen de beneficio en ningún producto que esté afectado por la rebaja del IVA”.
El único escenario que explicaría estas diferencias entre una y otra provincia es que se arrastre desde hace muchos años, es decir que el precio esté variando al mismo ritmo en un lado y otro, pero sobre una base que venía de serie distinta. “Lo dudamos”, ha aseverado Sánchez.
De todos modos, con quien más duro es Facua es contra el Gobierno, que lleva acumulada, de acuerdo con sus cálculos, una pérdida de recaudación de 2.000 millones de euros por este tema, así como varias denuncias, sin pronunciarse ni hacer nada al respecto. También los datos presentados este jueves irán destinados al ministerio de Consumo pilotado ahora por Pablo Bustinduy, al que presentarán un informe “con más nivel de información y movimientos claramente sospechosos al alza en determinadas marcas y supermercados que ponen de manifiesto”, ha dicho, “la existencia de un fraude masivo por el cual se están subiendo los precios ilegalmente”.
