Pedro Sánchez regresó de sus cinco días de reflexión con un objetivo claro, impulsar una «regeneración democrática». En el foco puso a los ‘pseudomedios’ de comunicación que difunden bulos. Dos meses y medio después, el presidente del Gobierno aún no ha detallado su plan para hacer frente a la desinformación, aunque ha ido dejando caer varias medidas. El próximo miércoles es la fecha elegida por el jefe del Ejecutivo para dar a conocer en profundidad sus propuestas y empezar a trabajar con todos sus socios parlamentarios, algunos de los cuales ya han puesto sobre la mesa varias iniciativas para hacer frente a los bulos, para tener una propuesta ultimada en septiembre.
El presidente del Gobierno ha señalado el reglamento europeo sobre la libertad en los medios de comunicación como base de su propuesta, pero ha dejado claro que quiere ir mucho más allá. Algo que también le reclaman varios de sus socios. ERC y Podemos han planteado varias propuestas y los morados han llegado a registrar una proposición de ley en el Congreso, mientras que EH Bildu pide «medidas valientes» a Sánchez.
A continuación, las cinco principales iniciativas que se han puesto sobre la mesa en estos meses:
A comienzos de mes, Sánchez desveló una de las propuestas que desgranará el próximo miércoles en su comparecencia en el Congreso, limitar la financiación pública de los medios de comunicación. En una entrevista en la Cadena Ser, el jefe del Ejecutivo aseguró que existen medios «que solamente tienen recursos públicos, no tienen lectores». En su opinión, esta realidad «pone en grave riesgo la independencia de esos medios de comunicación». Así, planteó la necesidad de «establecer un máximo de financiación pública», aunque no dio más detalles.
Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha registrado recientemente una iniciativa en la que reclaman un reparto «proporcional» y «equitativo» de la publicidad institucional que se base en «indicadores objetivos, plurales y ponderados».
Siguiendo el hilo, el presidente del Gobierno planteó una reforma de la ley de Publicidad y Comunicación Institucional, recordando que es del 2005 y no contemplaba la actual situación de medios digitales. En este sentido, subrayó la necesidad de una mayor transparencia en la financiación con recursos públicos. El reglamento europeo sobre la libertad en los medios de comunicación, que deberá ser adoptado por España, ya recoge la obligación de las empresas mediáticas de informar sobre quiénes son sus propietarios, posibles conflictos de intereses, el importe que reciben de publicidad institucional y también de entidades y autoridades de terceros países.
Podemos registró hace dos meses una proposición de ley que iba más allá que plantea «el registro de intereses de las personas propietarias o directivas de medios de comunicación, estableciendo la obligación de su declaración». Y, también, de «las personas que sean presentadoras o conductoras de programas informativos o que traten de actualidad política». Los morados apuntaron en concreto a Pablo Motos o Antonio García Ferreras.
Otra de las pistas que ha dejado caer Sánchez es una reforma de la ley de protección civil del derecho al honor, que establece las sanciones ante los delitos de calumnias, y de la ley reguladora del derecho de rectificación. En ambos casos, el jefe del Ejecutivo ha apuntado a endurecer la normativa para hacer frente a los bulos, pero tampoco ha entrado en detalles. A este respecto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, planteó elevar las multas por difamar o mentir hasta los 150.00 euros, a modo disuasorio.
ERC propuso en una iniciativa la creación de un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que tuviese entre sus funciones «evitar la desinformación», prevenir las noticias falsas y «acreditar a los medios responsables ante los eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, al libelo y la difamación». Podemos también incluye en su proposición de ley la puesta en marcha de un Consejo del Derecho a la Información que garantice la pluralidad de medios, recoja las declaraciones de intereses de los propietarios, detecte noticias falsas y elabore un registro de medios y periodistas sancionados por «haber elaborado o difundido noticias falsas».
La formación de Ione Belarra también quiere establecer límites a la titularidad de los medios de comunicación. En este sentido, su proposición de ley establece un máximo del 10% la participación de empresas telefónicas, energéticas, bancarias, armamentísticas o alimentarias.
