Trece vecinos de Las Palmas de Gran Canaria exigen al consistorio una compensación valorada en 650.000 euros «por vulnerar los derechos fundamentales a la integridad, intimidad e inviolabilidad de la vivienda», entre otros durante la celebración del Carnaval en el entorno de Belén María.
Así se recoge en una reclamación presentada el 21 de mayo por el abogado Roberto Orive, en representación de estos vecinos, a la que ha tenido acceso EFE.
En ella se solicita al ayuntamiento una indemnización de 2.000 euros diarios por cada jornada de celebración del carnaval a cada uno de los vecinos que reclama, lo que suma un total de 650.000 euros, como forma de restablecer los derechos fundamentales que consideran afectados.
El Ayuntamiento ha inadmitido esta reclamación aduciendo «falta de agotar la vía administrativa previa y que no existe prueba sobre la supuesta vulneración de dichos derechos», según una resolución fechada este lunes, 8 de julio.
La institución ha defendido que su actuación durante el carnaval queda «plenamente ajustada a derecho, sin que pueda considerarse suficiente los motivos aducidos para fundar y estimar las pretensiones» de los vecinos.
La respuesta municipal entiende la existencia de «tensiones» entre los derechos de particulares y el interés público, pero «en esta tensión debe prevalecer y no puede pasar desapercibido el hecho de que se trata de una celebración popular y tradicional, frente a reclamantes que nada relatan ni acreditan de cómo afecta en su esfera de vulneración».
Sobre esta reclamación, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha recriminado este miércoles que la alcaldesa, Carolina Darias, haya «quemado» la ubicación del Carnaval 2024, celebrada en el entorno de Belén María, adelantando que este caso podría terminar en los juzgados.
La portavoz municipal del PP se ha mostrado muy crítica con la forma de gestionarse no solo el lugar donde celebrar el Carnaval, sino todos los procedimientos de contratación de las fiestas, cuyo coste este año fue de 7,3 millones de euros.
Jimena Delgado ha recordado que el PP ya había advertido en una rueda de prensa tras las carnestolendas que estas «no eran las fiestas que merecían los ciudadanos» pues, en su opinión, estuvieron marcadas por el maltrato a los vecinos de las zonas y fueron usadas como «un atril político».
«Ojalá, por el bien de las fiestas y de los vecinos, se opte por un lugar donde no genere molestias, que sea definitivo y una referencia para todos», ha concluido la portavoz popular.
