El Ministerio de Exteriores del Gobierno de España ha lanzado este sábado un comunicado oficial en el que tilda de “violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961” la entrada por la fuerza de la Policía en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Está condenado por corrupción, y México había decidido darle asilo diplomático desde diciembre, tras conocerse la orden de detención en su contra.
España pide “el respeto del derecho internacional y a la concordia entre México y Ecuador, países hermanos de España y miembros de la Comunidad Iberoamericana”. El Gobierno mexicano calificó el asalto como una violación a su soberanía y del derecho internacional, y ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador.
El asalto ha generado un enorme terremoto político en la región contra el Gobierno ecuatoriano del presidente Daniel Noboa. La nota diplomática española llega después de la “condena” previa de la Unión Europea (palabra que el comunidado español evita utilizar) o de Naciones Unidas, Estados Unidos y el grueso de los gobiernos de la región, tanto de izquierdas como de derechas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
Asalto por la fuerza
La Policía ecuatoriana asaltó por la fuerza la Embajada, usando radiales para cortar la verja de seguridad, tras haber desplegado un dispositivo que incluía tanquetas. Hubo escenas de tensión en las que los agentes tiraban al suelo al jefe de la cancillería, Roberto Canseco, que trató de impedir la detención.
“Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador”, asegura el diplomático mexicano. “Me he golpeado contra el suelo y fisicamente traté de impedir que entraran. Estábamos a punto de salir y, de repente, nos encontramos con policías que, como ladrones, entraron en la noche a la embajada”.
La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha justificado este sábado la decisión de irrumpir en la embajada alegando que existía un “riesgo real de fuga inminente” de Jorge Glas y que Ecuador ya había “agotado el diálogo diplomático con México respecto a este tema”, informa Europa Press.
La ministra de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, ha anunciado que la Embajada de México en Ecuador “permanecerá cerrada indefinidamente” y que el Ministerio “evacuará a todo el personal diplomático y a sus familiares” del país este domingo.
Glas permanecía desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron hace semanas que habían entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político.
Glas era el número dos del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que fue reconocido por Bélgica como refugiado antes de que entrara en la cárcel para cumplir condena por cohecho, tras ser sentenciado en 2020.
Condena española tras la europea
Este domingo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha “condenado” los hechos. “Condeno la violación de las instalaciones de la embajada de México en Quito, en claro incumplimiento de la Convención de Viena de 1961 (que rige las relaciones diplomáticas). Hago un llamado al respeto del derecho internacional diplomático”, ha dicho el alto representante.
También el secretario general de la ONU, Antonio Guterreres, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han emitido comunicados similares.
Además de México, Nicaragua también ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador este sábado.
Tras su sustracción de la embajada mexicana, Jorge Glas pasó toda la madrugada en la Unidad de Flagrancia de Quito, informa EFE, y este sábado fue trasladado en avión a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, situada en el complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil y reservada para los presos más peligrosos.
Cargos contra Glas
Sobre el exvicepresidente pesaba una orden de detención y de ingreso en prisión preventiva por el caso de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, la más afectada por el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita tras no recibir el beneficio penitenciario de la prelibertad, después de haber aglutinado las dos sentencias y haber cumplido cerca de cinco años de cárcel, entre 2017 y 2022.
Desde mitad de diciembre de 2023 se había alojado en la embajada de México en Quito para pedir asilo, que le fue concedido este viernes, al declararse víctima de una persecución política y de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
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