El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a las Naciones Unidas, al Parlamento europeo y el Consejo de Europa su ofensiva contra gobiernos autonómicos de PP y Vox por la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón y las llamadas leyes de concordia presentadas en la Comunitat Valenciana y Castilla y León.
Fuentes del Gobierno han avanzado este jueves que, además de su intención de llevar estas leyes al Tribunal Constitucional, recurrirán al relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y al relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas iniciativas.
Además, promoverá el debate sobre estas leyes en el Parlamento europeo y se pondrá en contacto con el Consejo de Europa para alertar de la «posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos».
