El Gobierno prepara una subida de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes milmillonarios de desmantelar todos los reactores, de construir los cementerios nucleares necesarios y gestionar durante décadas todos los residuos radiactivos producidos por las plantas. El Ejecutivo acaba de suavizar su propuesta de subida y ahora contempla un alza del 30% de la tasa, frente al incremento del 40% inicial que defendía hace sólo unos meses.
Las grandes eléctricas, propietarias de las centrales nucleares españolas, siguen rechazando la subida de la tasa también. Una subida que desde la patronal Foro Nuclear -que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- se achaca a los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que contempla la construcción de siete cementerios nucleares y no el único almacén que estaba previsto en Villar de Cañas (Cuenca).
Foro Nuclear responsabiliza esos sobrecostes a la falta de consenso político e institucional para sacar adelante el proyecto de un único almacén y no quieren que se les repercuta, y de hecho la asociación ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar el PGRR y el carpetazo al proyecto de almacén único de Villar de Cañas, a los que se han sumado las propias compañías eléctricas.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se muestra firme en la defensa de que sean las eléctricas las que asuman los costes de desmantelar sus centrales nucleares y gestionar sus residuos, bajo el principio de ‘quien contamina paga’ y defiende también la subida de la tasa para cubrir todos esos costes.
“Son las propietarias de las centrales nucleares las que deben pagar por la gestión segura de los residuos radiactivos. No lo vamos a pagar los demás”, ha sentenciado la vicepresidenta en una entrevista con RNE, en la que ha advertido a las compañías dueñas de las centrales -principalmente Endesa e Iberdrola y con participaciones minoritarias en algunas también Naturgy y EDP– que a la subida de la tasa proyectada “no se puede renunciar ni negociar”.
El Ministerio para la Transición Ecológica había activado el pasado enero el proceso para aprobar una subida de la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 39,5% por encima de los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente. La nueva propuesta hecha pública esta semana rebaja la tasa propuesta ahora hasta los 10,36 euros por MWh, un 29,8% más que el nivel actual.
Desde el Ejecutivo se justifica la revisión a la baja de la actualización de la tasa en que el importe acumulado en el fondo que acumula las aportaciones dinerarias de las compañías eléctricas es superarior al estimado anteriormente (pasa de los 7.400 millones que se contemplaban en enero a más de 7.700 millones ahora) y en que el valor real de la inflación del IPC ha sido inferior al que se estimaba inicialmente. Y la propia Ribera subraya que la revisión de la subida demuestra la intención del Gobierno de utilizar la “estimación lo más ajustada y lo más eficiente posible” y que pone “excelente gestión” de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), sociedad pública encargada de la gestión de los deshechos nucleares.
Golpe de 135 millones más al año
Las centrales nucleares pagan a la Enresa una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.700 millones acumulados.
La subida propuesta hasta ahora por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo por esta tasa hasta cerca de los 585 millones de euros, 135 millones más que los abonos actuales (pero también 45 millones por debajo de lo que se estimaba para en el anterior escenario, que elevaba la factura hasta los 630 millones anuales).
El Gobierno esgrime que la nueva propuesta no sólo conlleva una subida inferior al planteamiento de hace unos meses, sino que supone elevarla muy por debajo (tres euros menos) que la ‘tasa Enresa’ que propuso el comité de expertos sobre transición energética creado por el último Gobierno de Mariano Rajoy y que planteó elevar el recargo hasta los 13,51 euros por MWh cuando se preveía que las centrales nucleares funcionaran un máximo de 40 años (con el calendario de cierres pactado y vigente actualmente los reactores tendrán una vida media de unos 46 años desde su puesta en funcionamiento).
Batalla legal de las eléctricas
Las grandes eléctricas se han manifestado abiertamente en contra de cualquier subida de la tasa, tras el alza de casi el 20% que se les aplicó ya hace cuatro años, y maniobran para bloquearla. La patronal Foro Nuclear, en la que se integran las cuatro eléctricas dueñas de las centrales, intenta ahora frenar la subida de la tasa y hacerlo durante varios años.
La asociación y las compañías eléctricas reclamaban al Gobierno que no presente una nueva propuesta de real decreto para subir la denominada ‘tasa Enresa’ hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre sus recursos contra el Plan de Residuos y contra el carpetazo del almacén de Villar de Cañas. Una medida que aplazaría la revisión de la tasa al menos durante dos años, dados los plazos habituales con que se está pronunciando sobre este tipo de recursos la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, según confirman fuentes jurídicas.
Las compañías eléctricas consideran que el nuevo plan de residuos y el fin del proyecto de un solo almacén nuclear en Cuenca son las causas que mueven al Gobierno a proponer una subida de la tasa, y se niegan a asumir los sobrecostes de unos 2.000 millones de unas decisiones que se deben a la falta de consenso político e institucional sobre dónde ubicar un único almacén temporal y que no son imputables a las empresas. Por eso la patronal reclama esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre el fondo de sus recursos antes de aplicar ninguna subida a la tasa.
En paralelo, las grandes eléctricas meten presión para conseguir una reforma total de los impuestos que pagan las centrales nucleares con el objetivo de evitar la fortísima subida de la ‘tasa Enresa’ que promueve el Ejecutivo. Foro Nuclear reclama destinar la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa con el que se pagará el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos nucleares. Y también pide que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales.
En Gobierno de Mariano Rajoy creó ambos impuestos en 2012. Desde entonces, las centrales nucleares han pagado 3.100 millones de euros por el tributo por el combustible nuclear y los residuos y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear total previsto en España para 2035 con el cierre de la última de las centrales. Y Enresa ha abonado 148 millones por el almacenamiento de los residuos y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenos otros 1.277 millones más, que volverán a ser financiados por las centrales a través de la ‘tasa Enresa’. Las nucleares sostienen que si se utilizan estos ingresos para financiar el PGRR no sería necesaria la subida de la tasa que prepara el Ejecutivo (ni las del 40% de antes ni la del 30% que se propone ahora).
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