Hace ocho días, el pasado 19 de diciembre, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un real decreto ómnibus en el que incluyó una reforma que afecta directamente a la aplicación de la amnistía.
Bajo el título de Medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, el Real Decreto 06/2023 incluía una reforma del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las cuestiones prejudiciales, o sea, sobre los recursos que los jueces pueden presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando consideran que una ley que deben aplicar puede ser contraria al derecho comunitario.
Ahora, fuentes oficiales de Junts amenazan con votar en contra de la convalidación de ese texto legal, lo que provocaría la primera derrota del Ejecutivo en el Congreso. El argumento de la formación independentista es que ese cambio introducido por el Gobierno «pone en riesgo» el primer gran compromiso del pacto de investidura entre el PSOE y Carles Puigdemont: su impunidad efectiva por los delitos del procés.
La proposición de Ley de Amnistía, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso, incluye disposiciones para evitar que ningún recurso judicial suspenda su aplicación. Según el texto, ésta ha de ser «prioritaria y urgente», y debe ser aplicada por cada tribunal o juez de instrucción «en un plazo máximo de dos meses». Es decir, que tras entrar en vigor la norma, Puigdemont podría regresar a España libremente desde su refugio de Waterloo (Bélgica).
Una cuestión prejudicial ante el TJUE habitualmente deja en suspenso la aplicación de la norma en cuestión. Pero la ley prevé que las medidas cautelares impuestas sobre cualquier reo o condenado sean levantadas en caso de amnistía. Esto implica que tanto Puigdemont como Marta Rovira -secretaria general de ERC, huida en Suiza- podrían volver sin problemas a España.
Pero dado que, según la legislación europea, el delito de terrorismo por el que Puigdemont y Rovira están siendo investigados en el caso Tsunami no puede ser amnistiado, ambos quedarían pendientes de cómo se resolviera la cuestión prejudicial después de que la plantease el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Normalmente, el TJUE tarda entre año y medio y dos años en resolver un caso. No hay más que mirar su reciente sentencia sobre la Superliga, que se ha demorado por más de dos años hasta que se conoció, el pasado jueves.
Amenaza de Míriam Nogueras
Este miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido de que Junts votará no a la convalidación en el Congreso de este decreto que considera una «macedonia» por la multitud de asuntos regulados.
«Además del artículo 43 bis que pone en riesgo la aplicación de la amnistía», explica Nogueras, hay «diversos motivos por los que ya comunicamos al PSOE que votaríamos en contra de los reales decretos» que, como éste, cuelan un montón de diferentes medidas inconexas entre sí.
Fuentes de ERC, consultadas por este periódico, también lamentan esta costumbre del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, en el partido de Oriol Junqueras aseguran estar «del todo tranquilos» con esta reforma. En su opinión, lo legislado sobre las cuestiones prejudiciales afecta directamente a la amnistía, pero sólo pone negro sobre blanco lo que «ya iba a ocurrir» de inicio.
Sin embargo, es cierto que el Consejo de Ministros entró a legislar sobre derecho europeo, algo que teóricamente no puede hacer. Y entró incluso en detalles en el citado real decreto, porque incluso el texto detalla que toda cuestión prejudicial suspenderá la aplicación de la amnistía en cualquier litigio «directamente vinculado» con ésta. Según las fuentes consultadas, esto «enmarañará» la aplicación de la amnistía, y alargará la resolución definitiva de todos los casos a lo largo de toda la legislatura.
Además del caso concreto de la amnistía, Junts reprocha al Gobierno que no haya consultado con los aliados parlamentarios, con ellos en concreto, otras disposiciones del decreto. Según Nogueras, Moncloa se ha olvidado a la primera ocasión de acordar «conjuntamente» lo que le afecta a Cataluña.
Para la portavoz de Puigdemont en el Congreso, al afectar el decreto a tantas normas, el Gobierno pretende dificultar el «posicionamiento político» de cada grupo y, así, la negociación, para que cada uno de los socios y aliados vean obstaculizadas sus «legítimas pretensiones».
Según Junts, el decreto «modifica el servicio público de Justicia sin aportar recursos», regula temas de Función Pública y de régimen local, que afectan al autogobierno de Cataluña y «dificulta la contratación obviando las políticas activas de empleo».
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