La Constitución proclama el derecho a la igualdad de todos los españoles y obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
La igualdad real de la que habla nuestra Carta Magna está íntimamente relacionada con la equidad y con la igualdad de oportunidades, es decir, con el derecho que tienen todas las personas a tener las mismas oportunidades en la sociedad, independientemente de la familia y/o territorio donde hayan nacido, donde decidan vivir o desarrollarse profesionalmente.
El modelo socialdemócrata trata de conseguir esa igualdad a través de la redistribución de la riqueza, mediante la consolidación del Estado del Bienestar, reforzando las políticas públicas y garantizando y mejorando el poder adquisitivo de la ciudadanía.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha avanzado mucho en ese camino en los últimos años, con medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional un 47% desde 2018, aprobando una reforma laboral que devuelve derechos a los trabajadores, aumentado el gasto social en un 35%, garantizado por ley el poder adquisitivo de las pensiones o aprobando una ley para facilitar el derecho de acceso a la vivienda.
Frente al modelo socialdemócrata de refuerzo del Estado del Bienestar que genera estabilidad, confianza y cohesión social y territorial, se encuentra el antagónico, el neoliberal, el de adelgazamiento del Estado del Bienestar, el de los recortes, el que defiende y aplica la derecha española. Un modelo que no es fruto de la negligencia sino de la premeditada implantación de políticas irresponsables, insolidarias e injustas.
España no puede permitirse el modelo de fractura social de la derecha que corroe nuestra cohesión social y, por tanto, nuestra convivencia
Irresponsable, porque la degradación de los servicios públicos empuja a la ciudadanía hacia lo privado en busca de la solución que no encuentran en lo público. Insolidario, porque el trasvase de lo público a lo privado, lo terminan pagando las familias, aquellas que pueden, porque las que no pueden quedan condenadas a esperar meses para poder ejercer sus derechos fundamentales. Injusto porque para “compensar” o “contentar” al ciudadano por la degradación de los servicios públicos, los gobiernos de la derecha le ofrecen una supuesta rebaja fiscal. Rebajas fiscales que mayoritariamente benefician a los que más tienen y que encierran una trampa porque a un ciudadano no le sirve de nada que le bajen 50 euros si por ello se ve obligado a pagar 1500 euros por la residencia de sus padres, 600 euros por la guardería de sus hijos y 800 euros por el seguro médico.
Las recetas de recortes no son sólo una cuestión del pasado, sino que están muy presentes. Las políticas neoliberales de dramáticas consecuencias para la población más vulnerable se están aplicando ya allí donde gobierna la derecha.
España no puede permitirse el modelo de fractura social de la derecha que corroe nuestra cohesión social y, por tanto, nuestra convivencia. Eso sí es romper España, generando ciudadanos de primera y de segunda.
Por ello, es importante que las fuerzas políticas que de verdad creen en la igualdad real y efectiva de la ciudadanía apoyen a un Gobierno que siga construyendo un Estado de Bienestar fuerte para que haya “justicia social” financiada con “justicia fiscal”.
Amparo Marco es Portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Senado
