Casi 1,9 millones de contratos de alquiler podrán acogerse a la prórroga extraordinaria de hasta dos años aprobada por el Gobierno en el real decreto-ley de vivienda. Esta es la estimación que realiza el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre cuál será el alcance potencial de esta medida de la que se podrán beneficiar inquilinos con contratos con vencimiento entre lo que queda de este año y finales de 2028, una bolsa de contratos que representa cerca de cinco millones de personas si se aplica el tamaño medio de los hogares utilizado por el departamento.
La estimación pone cifras a una de las principales medidas del texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que deberá ser convalidado el próximo viernes. El texto permitirá a los inquilinos cuyo contrato venza hasta el 31 de diciembre de 2028 solicitar una prórroga extraordinaria por anualidades de hasta un máximo de dos años adicionales, durante los cuales se mantendrán los términos y condiciones del contrato que ya tenían, asi como una nueva regulación de alquileres, desahucios, pisos turísticos o fiscal. Adicionalmente, Sumar ha impulsado un segundo decreto, que este sí contempla la prórroga indefinida de los contratos.
Según los cálculos remitidos por Consumo, 751.166 contratos potencialmente afectados vencen en 2026, otros 809.899 lo hacen durante 2027 y 334.611 a lo largo de 2028. Es decir, más del 82% de los alquileres sobre los que puede actuar la medida concentra su vencimiento entre este año y el próximo. Utilizando una media de 2,5 personas por hogar, el Ministerio estima que la protección puede alcanzar a unos cinco millones de personas.
Deberá ser el propio arrendatario quien deberá solicitar la extensión y tendrá que encontrarse al corriente del pago del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. Si se cumplen los requisitos, la solicitud tendrá que ser aceptada obligatoriamente por el propietario y el contrato podrá prolongarse primero un año y, posteriormente, otro. Las dos únicas excepciones para no aceptar la prórroga son si el casero acredita que necesita recuperar la vivienda para convertirla en su residencia habitual o de un familiar o si se firma un nuevo contrato en el que la renta es al menos un 5% inferior a la anterior.
El propio Gobierno justifica la medida por la concentración de vencimientos de contratos prevista para los próximos meses y el riesgo de que estos hogares tengan que volver a contratar una vivienda con rentas más elevadas. En la exposición de motivos del decreto sostiene que la finalización de un número importante de contratos y de sus prórrogas obligatorias o tácitas puede traducirse en un incremento relevante de las rentas. El Ejecutivo enmarca además la medida en el esfuerzo que ya soportan los inquilinos: según los datos de Eurostat citados en la norma, el 26,8% de los hogares españoles que vivían de alquiler a precio de mercado en 2025 destinaban más del 40% de sus ingresos a pagarlo, frente al 18,6% de media en la Unión Europea.
La prórroga extraordinaria convivirá con el segundo decreto aprobado por el Gobierno, que plantea una reforma mucho más estructural del alquiler, las prórrogas indefinidas: una vez agotados los cinco años de contrato (o siete si el propietario es una empresa) establece prórrogas sucesivas por esos mismos periodos, salvo que alguna de las partes decida poner fin a la relación. Sin embargo, esta segunda norma llega al Congreso con un escenario parlamentario más complicado: Junts ha anunciado su rechazo y el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos necesarios para convalidarla.
Madrid y Cataluña concentran cuatro de cada diez contratos
El mapa de contratos potencialmente beneficiados refleja también dónde tiene más peso el mercado del alquiler en España. Madrid encabeza la estimación de Consumo, con 402.082 contratos, seguida de Cataluña, con 339.088. Entre ambas comunidades concentran prácticamente cuatro de cada diez arrendamientos que podrían acogerse a la prórroga. A cierta distancia aparece la Comunitat Valenciana, con otros 224.372 contratos, según los datos difundidos por el departamento liderado por Pablo Bustinduy, de Sumar.
La concentración es todavía más evidente al bajar al detalle provincial. Barcelona suma por sí sola 248.053 contratos, una cifra superior a la de cualquier comunidad autónoma salvo Madrid y Cataluña en su conjunto. Le siguen Valencia, con 120.523; Alicante, con 76.705; Málaga, con 74.050; Las Palmas, con 61.027; A Coruña, con 56.118; Sevilla, con 54.866; Zaragoza, con 47.665, y Santa Cruz de Tenerife, con 47.225. Solo Barcelona, Valencia y Alicante reúnen más de 445.000 contratos.
Fuera de los tres principales focos, el volumen sigue siendo relevante en otros mercados. Galicia contabiliza 111.175 contratos potencialmente prorrogables y Canarias 108.252, mientras que Castilla y León suma 94.994. Baleares alcanza los 69.154 y Aragón, 64.272. Más abajo aparecen la Región de Murcia, con 46.819, y Asturias, con 41.917. En el extremo contrario, La Rioja es la comunidad con menor número de contratos potencialmente afectados, con 12.721, seguida de Cantabria, con 21.180, y Extremadura, con 30.630.
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