Sumar endurece el tono con el PSOE y amenaza con plantarse otra vez si descafeínan el decreto de vivienda

El caballo de batalla política en este último tramo de legislatura es la vivienda y las fuerzas políticas – especialmente en el espacio progresista – han captado el mensaje. El desahucio de Maricarmen ha servido como detonante para que el Gobierno se ponga manos a la obra y prepare un real decreto que ya negocian con Junts y PNV ante la enésima espantada del Partido Popular. La arquitectura parlamentaria obliga a la izquierda a entablar conversaciones con fuerzas del espectro nacionalista conservador como juntaires y jeltzales. Eso, sumado a zancadillas anteriores entre socios de Gobierno ha motivado a Sumar para endurecer el tono contra el Partido Socialista.

A falta de tres días para la celebración del próximo Consejo de Ministros, todas las fuerzas plurinacionales – Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns – han advertido de que volverán a plantarse si el texto de vivienda que llegue el martes se queda en un mero “parche” con medidas  “parciales y descafeinadas”. “El PSOE no se puede poner más de perfil”, avisan las cuatro formaciones a través de un comunicado conjunto emitido este mismo sábado, a escasas horas de la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas en Madrid.

El aviso llega en un marco de negociación abierta ya con otras fuerzas parlamentarias. Moncloa trata de cerrar un acuerdo que permita, en primer término, aprobar el real decreto el próximo martes 29 de septiembre para después garantizar su convalidación en el Congreso y evitar así un nuevo fracaso como con la prórroga de los alquileres en el primer semestre del curso. En el Ejecutivo se respira optimismo. Entienden que es “muy probable” sacar adelante el paquete y vinculan el nuevo impulso de las conversaciones al desahucio de Maricarmen Abascal.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha trasladado la advertencia de Sumar al terreno político, definiendo el momento presente como “absolutamente crítico para el Gobierno y para la legislatura”. Asegura que Sumar será firme si el acuerdo no incorpora cambios de calado porque el país – y la izquierda – se encuentra ante un momento de “ser o no ser”.

Las demandas de Sumar

El socio minoritario de la coalición reclama que el real decreto debe incluir una prórroga reforzada de los contratos del alquiler, mayor protección frente a los desahucios y fondos buitre, regulación de los pisos turísticos y medidas contra el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones. Asimismo, plantean la renovación automática de determinados contratos para impedir que su vencimiento fuerce la salida del inquilino.

Demandas a las que se incorporan la recuperación de la vivienda de Maricarmen. Los magentas plantean recurrir a la expropiación del inmueble. Una opción que los socialistas no ven con buenos ojos. Así lo trasladaba públicamente el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al estimar que tales fórmulas no conducen “a ninguna parte” porque no tienen un encaje constitucional claro. Sin embargo, la discrepancia no impide a las partes continuar la negociación de un paquete común y en Moncloa barruntan que habrá fumata blanca a lo largo del fin de semana, mientras tratan de cerrar los apoyos parlamentarios para garantizar la aprobación del texto.

El precedente de abril

Sumar recuerda ahora que ya protagonizó un pulso parecido hace medio año. “Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta”, afirma en su comunicado, que atribuye a aquella presión la incorporación de la prórroga extraordinaria de los alquileres al decreto aprobado en marzo.

Aquella norma terminó siendo derogada por el Congreso el 28 de abril. PP, Vox y Junts votaron en contra de un decreto que permitía ampliar hasta dos años determinados contratos de vivienda habitual que vencieran entre marzo de 2026 y finales de 2027 y limitaba al 2% algunas actualizaciones extraordinarias de renta. Ese antecedente explica buena parte de la negociación actual. El Ejecutivo no solo necesita cerrar un acuerdo interno, sino construir una mayoría parlamentaria que sostenga después el texto.

Junts vuelve a ser decisivo

Las conversaciones con Junts forman parte de ese segundo frente. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró este viernes que el PSOE está estudiando sus propuestas y que ve “con buenos ojos” algunas de ellas. Entre las condiciones planteadas por la formación catalana figuran bonificaciones fiscales para propietarios afectados por eventuales prórrogas de alquileres.

Ernest Urtasun se ha mostrado dispuesto a discutir medidas fiscales de ese tipo si facilitan un acuerdo más amplio. Bustinduy también ha admitido que Sumar es consciente de la aritmética parlamentaria y ha situado la prioridad en conseguir que exista “voluntad política por todas las partes”.

La posición de Junts contrasta con el comunicado conjunto difundido este sábado por las formaciones de Sumar, que carga expresamente contra PP y Vox por su rechazo a anteriores medidas antidesahucios, pero no menciona a la formación catalana.

Maricarmen acelera una negociación ya abierta

El desahucio de Maricarmen ha elevado la presión política sobre una negociación que venía abierta desde meses atrás. Moncloa considera que el caso ha supuesto un “punto de inflexión” y ha empujado a varios grupos a reactivar las conversaciones en torno al decreto.

Sumar utiliza el caso para defender que el próximo paquete no puede limitarse a una prórroga parcial de las medidas existentes. “La sociedad no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas”, sostiene en su comunicado, donde reclama reformas más amplias sobre alquileres, desahucios y grandes propietarios. Esa valoración corresponde al propio espacio político y no a un consenso acreditado de la sociedad en su conjunto.

La presión llega también desde fuera del Consejo de Ministros. Ada Colau ha pedido esta semana que los partidos de Sumar se planteen abandonar el Gobierno si el PSOE bloquea nuevas medidas en vivienda. Ernest Urtasun, sin embargo, ha rechazado por ahora ese escenario y ha defendido continuar trabajando desde dentro del Ejecutivo.

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