A estas alturas, solo hay una cosa segura. Pase lo que pase, acabe como acabe su historia, Maricarmen trascederá como símbolo. Esta mujer de 87 años, con una discapacidad del 50 por ciento, en silla de ruedas y con una red familiar escasa, emerge tras estos tres días como la cara de un derecho que una buena parte de la sociedad considera roto. Hasta este viernes, su caso parecía sentenciado, pero ahora nadie puede imaginar qué giro de guion de los próximos episodios de un desahucio que ha conmocionado a Madrid, y de paso a España.
Todo lo que rodea al piso de Maricarmen tras su desalojo de la casa de la calle alcalde Sáinz de Baranda donde había vivido los últimos 70 años se mantiene en un tenso estado de espera al reabrirse la posibilidad de un regreso. Y es que Urbagestión, el fondo que adquirió el piso, aseguró que había ofrecido un plan al Ayuntamiento de Madrid para que vuelva a casa con un alquiler “estable y asequible”.
Así se abrió una puerta en la que no creía ni la propia protagonista, que apenas unas horas antes del comunicado del fondo propietario daba por perdida su lucha particular. «Este piso ha sido mi vida y ahora tengo que dejarlo atrás. No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya», se resignaba desde la cama del hospital, donde «cansada y exhausta» pide a la gente que «no deje de luchar» y pasa los días desde que fue desalojada de su casa. Esa a la que ahora, de pronto, ve posible regresar.
«Una propuesta inviable»
Poco más se sabe por ahora. Solo que el fondo que había denunciado ante la Justicia la presencia de Maricarmen en la vivienda, y que con el amparo de la ley había logrado su desahucio, buscaba tres días después con este nuevo movimiento coordinar con el Ayuntamiento y con otras administraciones una solución que permita a Maricarmen volver a la misma casa con «una alternativa habitacional estable y asequible». Lo quería hacer «en el menor tiempo posible», algo que se antoja complicado tras la respuesta del Ayuntamiento.
Desahucio de Maricarmen ejecutado el pasado miércoles en Madrid. / José Luis Roca / EPC
Urbagestión dejó la pelota en el tejado del Ayuntamiento, y este contestó rápidamente, asegurando que la propuesta del fondo es «inviable». Eso sí, Almeida y los suyos abrieron una nueva vía de negociación. Tras la disposición mostrada por Urbagestión, la EMVS ofreció a los representantes de Maricarmen su Servicio de Intermediación del Alquiler. La propuesta fue aceptada y el próximo lunes 28 de septiembre, a las 16.00 horas, se celebrará una reunión entre los representantes de la afectada y los propietarios de la vivienda, con la mediación de profesionales de la empresa municipal.
Movilizaciones y cruces de declaraciones políticas
Así las cosas, parece que ahora hay alguna opción, aunque sea mínima, de que el final del drama sea feliz. ¿Pero qué ha ocurrido en estos tres días para que de repente todo pueda volver a la casilla de salida?
El Gobierno central y la Comunidad de Madrid, con Sánchez y Ayuso a la cabeza, se reprocharon mutuamente el desenlace del caso. El primero acusó a las administraciones municipal y regional de Madrid de hacer «caso omiso» de una «tragedia social», más preocupados, dijo, en «comprar y vender aticazos con dinero público». Y Ayuso respondió responsabilizando al Gobierno central por no haber modificado las leyes en materia de vivienda y criticó la actual legislación, que considera “absurda” por hacer “que los precios se disparen”, acusando a la «ultraizquierda que nos gobierna» de «no importarle los desahucios, por eso no ha hecho nada en ocho años».
Decenas de personas se manifiestan en Madrid tras el desahucio de Maricarmen. / Alejandro Martínez Vélez – Eur / Europa Press
Mientras unos y otros se acusaban y se echaban las culpas encima, ciudadanos de Madrid y de diversas capitales de España salían a la calle para protestar contra la especulación inmobiliaria y en solidaridad con personas desahuciadas como Maricarmen, convertida ya en un símbolo de la crisis de la vivienda en España. Lo hicieron el jueves y el viernes en diversas capitales, y volverán a hacerlo este sábado en la capital, en una manifestación que partirá frente a la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, y llegará hasta el Congreso, sede de la soberanía nacional, para señalar “a los responsables” del desahucio.
En busca de un decreto ley
La situación de la vecina del distrito de Retiro llegó, de hecho, hasta las Naciones Unidas, donde relator de la ONU en vivienda, Koldo Casla, criticó la protecciión del derecho a la vivienda por parte de la legislación española, puesto que «no garantiza un análisis de proporcionalidad de los desahucios caso por caso, y eso es contrario a los estándares internacionales». Personalides de todos los ámbitos, desde futbolistas hasta artistas, han manifestado su consternación y se han sumado a la indignación de las calles, que ha trascendido al país, haciéndose eco los medios internacionales.
Un cocktail que ha despertado, o eso da la sensación, el movimiento político. Lo que parece evidente es que este viernes fue un antes y después del desahucio de Maricarmen, un caso particular que ha puesto el problema global de la vivienda, aún más si era posible, en el foco mediático. La política se mueve, empujada por los gritos de las calles. Tras lo ocurrido en los últimos días, el Gobierno central busca ahora aprobar un decreto ley urgente y ha retomado las negociaciones con los grupos políticos, incluido un Junts que parece el mayor escollo para lograrlo este martes, la fecha que se han marcado los actores políticos y que han querido hacer pública. Por el momento, los grupos asumen que tendrán que hacer un esfuerzo para llegar a «un acuerdo de mínimos» que ahora, tras la indignación despertada por el desahucio de Maricarmen, por fin parece más cercano.
Fuente: El Periódico de España
