Ni debate sobre el estado de la nación, ni Conferencia de Presidentes ni asistencia al Senado. Pedro Sánchez se encamina a una legislatura en blanco para el debate de política general, a pesar de que el propio plan de regeneración democrática del Gobierno planteaba entre sus medidas hacerlo obligatorio por ley. En Moncloa tampoco tienen previsión de convocar al órgano multilateral de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. La última Conferencia de Presidentes se celebró hace más de quince meses en Barcelona y el reglamento marca que deben convocarse al menos dos al año.
Enfrentado a la mayoría del PP en el Senado y tras abrirse números conflictos institucionales, el jefe del Ejecutivo también ha optado por plantar a la Cámara Alta. Su último pleno fue en marzo de 2024 y la única excepción durante estos dos años y medio fue su asistencia a la comisión de investigación del caso Koldo, acudiendo obligado por ley.
Entonces, en su alegato final dejó clara su ruptura con una cámara “al servicio de la máquina del fango”. “El Senado no nació para ser la sucursal parlamentaria de una estrategia partidista. No nació para ejecutar vendettas políticas desde una mayoría utilizada hoy con fines absolutamente deleznables. Nació para ser una Cámara de representación territorial, de control democrático y hoy, por culpa de algunos, se está utilizando y se está desnaturalizando y se está desprestigiando”, reprochó.
En el Ejecutivo suelen contrarrestar la adversión a Sánchez al debate sobre el estado de la nación poniendo el foco en que es «el presidente del Gobierno que más ha acudido al Congreso». No son infrecuentes sus comparecencias a petición propia, si bien suelen producirse para anticiparse a que alguno de sus socios de investidura una sus votos al PP para forzarlo o para entrelazar asuntos de actualidad con su participación en las reuniones del Consejo Europeo.
El último y único debate del estado de la nación desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa hace ocho años se celebró en 2022. A excepción de los periodos electorales, estos debates instaurados por Felipe González en 1983 siguiendo el ejemplo de otras democracias occidentales se habían celebrado interrumpidamente hasta el año 2015.
En lo que va de año se han borrado asimismo la Conferencia de Presidentes. Tras justificarse por la concatenación de procesos electorales autonómicos, se deslizó desde el Ejecutivo un compromiso de celebrar dos en este último cuatrimestre del año para cumplir con el reglamento cuya reforma impulsó Pedro Sánchez. La crisis de Ceuta y el choque con las comunidades del PP por su negativa a acoger a menores migrantes o incluso el plante de algunas en la Conferencia Sectorial de Infancia ha llevado al Ejecutivo a cuestionar su viabilidad.
Choque con las comunidades
En la última cita de este órgano multilateral se produjo un inédito desacuerdo ya durante la reunión del comité preparatorio, de donde se salió sin lograr fijarse un orden del día. La financiación autonómica o el control de fronteras fueron algunos de los asuntos conflictos que con el tiempo no han hecho más que recrudecerse. El contexto preelectoral con las municipales y autonómicas fijadas para el próximo mes de mayo tampoco ayuda a la búsqueda de consensos o la colaboración entre administraciones.
De consumarse la legislatura sin nuevas convocatorias de la Conferencia de Presidentes, serían solamente dos las celebradas. El vuelco en el poder territorial tras las anteriores elecciones autonómicas y la intensidad de la confrontación entre PSOE y PP, manifestada incluso con plantones en diferentes conferencias sectoriales o el Consejo de Política Fiscal y Financiera por la reforma del modelo de financiación autonómica, fueron diluyendo el interés de Pedro Sánchez por convocar a las comunidades autónomas. En la anterior legislatura debido a la covid y con otra correlación de poder autonómico, se llegaron a convocar más de una veintena de reuniones de este órgano, aunque mayoritariamente telemáticas.
La creciente confrontación con el PP ha ido reduciendo los espacios de debate institucionales y, por tanto, dejado atrás acuerdos de Estado entre los dos principales partidos. En esta recta final de la legislatura, las posiciones de máximos propias de contextos preelectorales alejan todavía más el debate sereno para visibilizar el contraste de modelos.
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