Más de mes y medio después de la masiva avalancha de 80.000 migrantes que cayó sobre Ceuta el 30 de julio, la preocupación en el Gobierno y en el PSOE por esta crisis y, sobre todo, por cómo se gestionó desde las primeras semanas, sigue subiendo. Cargos y dirigentes socialistas nacionales y autonómicos, miembros del Gobierno o de la Ejecutiva y diputados del PSOE manifiestan «desconcierto», «incomprensión» y «desazón» por «el desastre de la gestión» de esta crisis. Una actuación, destacan, muy diferente a la adoptada frente a otras graves crisis que se han producido en España desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, la peor de todas la del Covid-19.
«Al principio se dijeron muchas tonterías, que si la situación estaba normalizada, que si se iba a expulsar inmediatamente a todos, y el PP ha terminado ganando la batalla, de momento la ha ganado», asegura a EL PERIÓDICO un destacado miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. La «incomprensible ausencia» del presidente las primeras semanas, la «sensación de abandono» de la ciudad, la «tardanza» en adoptar medidas, la «descoordinación» y cuando no «el enfrentamiento» entre diferentes ministros son los elementos más criticados por fuentes normalmente alineadas con la gestión del Ejecutivo.
Entre esas «tonterías», un dirigente federal cita las declaraciones de Marlaska cuando el 1 de agosto aseguró que Ceuta estaba ya «cerca de recuperar la normalidad». O las del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aseguró rotundo el 11 de agosto: «Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos». El propio Marlaska le rectificó a los pocos días, ya que la ley exige tramitar las devoluciones de los migrantes uno a uno cuando solicitan asilo, y en algunos casos se tendrá que conceder.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habla por teléfono en el Congreso el pasado 3 de septiembre. / Eduardo Parra / Europa Press
La contundencia de Albares, que anunció que había acordado con Marruecos que acogiera a todos los migrantes que fueran devueltos, provocó un error de cálculo en el equipo del presidente, según apunta un dirigente socialista. El Ejecutivo pensó que la crisis se terminaría diluyendo a lo largo del mes de agosto. Por eso no se anunciaron las primeras infraestructuras para la acogida temporal de los migrantes hasta casi 20 días después de la avalancha.
«Desde el principio, el PP ganó la batalla del lenguaje, que es muy importante» al imponer, por ejemplo, el término «invasión» para definir la entrada masiva de migrantes. De hecho, varios dirigentes socialistas críticos, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el alcalde de León, José Antonio Diez, han calificado también la crisis migratoria como «una invasión». No han sido los únicos que han levantado contra la gestión de esta crisis. Felipe González o Eduardo Madina también lo han hecho. Pero en privado incluso fuentes del Gobierno admiten que se tardó en dar respuesta a la emergencia.
Oficialmente, el Gobierno recalca que el presidente estuvo «24 horas al frente de la crisis» durante todo agosto, que el Ejecutivo está poniendo sobre la mesa todos los recursos necesarios, pero que también está obligado a «cumplir la ley», con lo que debe tramitar una a una las peticiones de asilo o a acoger a los menores que no puedan ser devueltos a sus familias. «No existen soluciones mágicas como la expulsión inmediata de todos como propone el PP; eso supondría saltarnos la ley y ellos tampoco podrían hacerlo», aseveran.
Gobierno «desbordado y superado»
Dirigentes que no suelen ser críticos con Pedro Sánchez consideran esta vez que «al contrario de lo que ha sido habitual», el Ejecutivo «tardó mucho en actuar», como reconoce un dirigente de una federación afín a Sánchez. Y se ha dado una impresión de Gobierno «desbordado» y «superado» por los acontecimientos. «No sé si porque no supieron medir la magnitud de la crisis», resume un secretario general provincial. Además, «la crisis golpea a Sánchez en el único ámbito en el que estaba limpio: la política internacional», añade un alto cargo del Ejecutivo socialista.
Tras la avalancha del 30 de julio, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaron rápidamente a Ceuta. Pero al día siguiente, el presidente del Gobierno se fue a la residencia de verano de La Mareta, en Lanzarote, y no volvió a Madrid hasta finales de agosto. El Consejo de Seguridad Nacional no se convocó hasta el 25 de agosto a pesar de que Sánchez había denunciado el 31 de julio un «ataque a la integridad territorial de España. Esta larga ausencia -solo rota por dos videoconferencias desde Canarias- es motivo de crítica por gran parte de los dirigentes socialistas consultados: «Todos sabemos que no se desentendió de la crisis; que estuvo conectado 24 horas. Pero no se entiende que decidiera hacerlo desde Lanzarote; debería haber estado en Moncloa para dirigir la respuesta», asegura otro dirigente autonómico.
«Desde los primeros días, un miembro del Ejecutivo debería haber trasladado su despacho a Ceuta, a vivir, a comer y a dormir con el presidente Juan Jesús Vivas», alega otro miembro de la Ejecutiva Federal. «Al dejarle solo, le hemos empujado hacia la estrategia nacional del PP y ha terminado asumiendo la estrategia y el argumentario de Génova», añade.
Tenemos un Gobierno más débil, agotado y con menos peso político que en la crisis migratoria de 2021
Un dirigente que trabajó en la resolución de la crisis migratoria de Ceuta en 2021 añade que hoy, a diferencia de lo que ocurrió hace cinco años, «tenemos un Gobierno más débil, agotado y con menos peso político». Desde el Grupo Socialista en el Congreso coinciden en señalar que «se ha echado en falta un número dos fuerte como María Jesús Montero y Grande-Marlaska está hoy más desgastado y agotado».
Otro de los errores más resaltados fue el rechazo en la creación del mando único. Una decisión que se pospuso hasta el 25 de agosto, casi un mes después de la avalancha. «En una crisis de esa magnitud tiene que haber liderazgo y una voz única del Gobierno para coordinar e informar sobre la crisis, como se hizo en la pandemia del Covid», señala un destacado diputado socialista.
Por último, las discrepancias entre los ministerios de Defensa y de Interior a cuenta de las alertas del CNI han dado una «imagen de descoordinación». Fuentes del Ejecutivo critican que la titular de Defensa, Margarita Robles, «decidió ir por libre». En agosto, Robles llegó a acordar con el PP su comparecencia en el Senado a pesar de que el Ejecutivo había dicho que los ministros lo harían primero en el Congreso. Moncloa rectificó finalmente aquella decisión.
En lo que también hay coincidencia es en denunciar la «absoluta irresponsabilidad» del PP en esta crisis alimentando, por ejemplo, el conflicto con Marruecos. El PSOE considera «lamentable» e «impropia de un supuesto partido de Estado» la actitud del PP instando «prácticamente a romper relaciones con el país vecino». «Marruecos no solo tiene la llave para abrir la puerta a la inmigración ilegal sobre España; puede incluso abrir el grifo del terrorismo yihadista y es de una irresponsabilidad tremenda que el PP trate de boicotear la relación de Madrid con Rabat», asegura una fuente de la dirección socialista.
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