Alrededor de 1,95 millones de personas se encontraban en España en situación de “pobreza oculta” en 2025: no eran consideradas pobres según el criterio convencional de renta disponible, pero caían por debajo del umbral una vez afrontado el coste de acceso a la vivienda. Es una de las principales conclusiones del estudio ‘El Coste de la Vivienda y la Pobreza Oculta en España: 2014-2025’, publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid, y Álvaro Pinto, de Fedea y la Universidad de Alcalá.
El informe, basado en los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, concluye que incluir el gasto habitacional en la medición no altera la tendencia de mejora registrada durante la última década, pero sí eleva de forma sistemática el nivel de pobreza estimado. En 2025, la tasa de pobreza relativa convencional se situó en el 19,5% de la población y ascendería al 23,5% si de la renta se descuenta el coste necesario para acceder a la vivienda.
La diferencia no se limita al número de personas que cruzan el umbral. Los autores señalan que la vivienda también agrava la intensidad y la severidad de la pobreza entre quienes ya estaban por debajo de él. Al descontar el coste de acceso, el número de personas pobres aumenta un 20,6%, pero los indicadores que miden su profundidad y severidad crecen un 38,5% y un 50,3%, respectivamente.
El alquiler es foco de la vulnerabilidad
El alquiler de mercado aparece como el principal foco de esta vulnerabilidad. Su peso ha pasado del 12,1% de la población en 2014 al 17,4% en 2025, en paralelo al aumento de los costes residenciales. La pobreza convencional afecta al 32,8% de quienes viven de alquiler a precio de mercado, pero la proporción sube al 49,9% cuando se descuenta el alquiler efectivamente pagado.
La brecha es todavía más evidente entre quienes inicialmente no son considerados pobres. Uno de cada cuatro inquilinos de mercado cruza el umbral después de pagar el alquiler. En conjunto, este régimen concentra el 72,5% de los 1,95 millones de personas que integran la “pobreza oculta”, pese a representar alrededor del 17% de la población.
El estudio constata además que el coste mediano de acceso al alquiler de mercado alcanzó en 2025 los 7.200 euros anuales, frente a 1.947 euros entre los propietarios con hipoteca. Si se incorpora el conjunto del gasto residencial, la factura mediana de los inquilinos de mercado asciende a 9.192 euros al año. Un 40,8% soporta ya un gasto superior a 10.000 euros anuales.
En sentido contrario, el informe analiza el llamado alquiler imputado, que refleja la ventaja económica de quienes residen en una vivienda sin pagar una renta de mercado. Al incorporar ese beneficio, unos 3,38 millones de personas consideradas pobres según su renta monetaria dejarían de serlo. El efecto se concentra principalmente entre propietarios de mayor edad sin hipoteca. Fedea matiza que esta ventaja no supone disponer de más efectivo, sino soportar un coste de alojamiento inferior al de otros hogares con ingresos similares.
La vulnerabilidad presenta también un marcado perfil social. Entre las personas inicialmente no pobres, el 11,9% de quienes viven en hogares con una persona de referencia menor de 35 años cae bajo el umbral al descontar el coste residencial, frente al 1,8% en los hogares encabezados por mayores de 65 años. La tasa alcanza el 19,5% cuando la persona de referencia ha nacido fuera de la UE, frente al 2,7% cuando ha nacido en España.
Madrid y Baleares encabezan la «pobreza oculta»
El componente territorial también es significativo. En 2025, la proporción de población cuyo hogar destina más de 10.000 euros al año a vivienda alcanza el 23,7% en Madrid, el 20,4% en Baleares y el 18% en Cataluña, frente al 9,4% del conjunto nacional.
Fedea contrasta además las distintas formas de medir la pobreza con la Carencia Material y Social Severa. La medición convencional identifica al 46,7% de quienes sufren privación material severa, mientras que la cobertura aumenta al 56,9% si se descuenta el coste de acceso a la vivienda y al 66,1% cuando se considera el gasto residencial total.
Los autores concluyen que la renta disponible por sí sola no refleja completamente la capacidad económica de hogares que, con ingresos similares, afrontan costes residenciales muy diferentes. Por ello, plantean incorporar de forma más explícita la vivienda al diseño de las políticas de garantía de ingresos, para tener en cuenta no sólo cuánto ingresa un hogar, sino también qué recursos conserva después de pagar por su alojamiento.
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