Leonardo Marcos, el exdirector de la Guardia Civil a quien dos mandos atribuyeron presiones, ha negado este jueves ante el juez Santiago Pedraz que presionara a sus subordinados para boicotear la investigación contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, ha desmentido que ordenara a los generales Alfonso López Malo y Rafael Yuste que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) tenía que quedar «limpio».
Esta declaración se ha producido en el conocido como caso Leire Díez, en el que se investigan las supuestas maniobras de la ‘fontanera’ de los socialistas para desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó a declarar como investigado a Leonardo Marcos tras reclamarlo la acusación popular que coordina el PP, que solicitó imputar al antecesor de la actual directora del cuerpo policial, Mercedes González, también investigada, argumentando que los hechos «responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil».
Denuncia de «presiones»
En su escrito, el PP exponía que el exjefe de la UCO Rafael Yuste denunció «presiones» procedentes del exdirector del cuerpo para que la unidad «se pusiera de perfil» en la investigación que la jueza de Badajoz Beatriz Biedma dirigió contra el hermano del presidente del Gobierno, según informa EFE.
Con esta decisión, semanas después de imputar a la actual directora, Mercedes González, y a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, el juez otorgaba también la condición de investigado a Leonardo Marcos, que dirigió el instituto armado entre junio de 2023 y septiembre de 2024, cuando renunció por cuestiones personales.
También ha comparecido ante Pedraz el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, quien también ha negado cualquier injerencia de la Fiscalía General del Estado. Este fiscal ha declarado después de que la acusación popular unificada pidiera profundizar en «las circunstancias relativas a la tramitación y archivo» de una denuncia formulada contra Leire Díez y «las comunicaciones mantenidas entre miembros de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz».
Un informe a Badajoz
La acusación pidió al magistrado que diera este paso después de que el exnúmero dos de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe sostuviera, en su declaración como testigo, que se había remitido un informe al fiscal jefe de Badajoz sobre esta denuncia, aunque también negó que ordenase archivarla y sostuvo que no se archivó, sino que se remitió a Madrid, indicaron a EFE fuentes jurídicas.
El juez pretende ahora dilucidar qué ocurrió con la denuncia contra Leire Díez y por ello pide además copia completa e íntegra del expediente, la denuncia original y toda la documentación que la acompañada, incluidos informes, borradores y anotaciones internas.
También reclamó Pedraz una copia íntegra de todas las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal respecto a esta denuncia, incluyendo correos corporativos, notas internas o registros de llamadas.
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