El sector inmobiliario ha recibido con fuertes reservas la nueva ley de vivienda europea (Affordable Housing Act) presentado por la Comisión. Promotores, propietarios y plataformas coinciden en cuestionar que Bruselas pretenda establecer un marco jurídico para restringir determinados usos de la vivienda mientras deja en el terreno de las recomendaciones buena parte de las medidas destinadas a aumentar la oferta, como acelerar licencias, movilizar suelo o impulsar la construcción. En frente está la posición del Gobierno español: la ministra Isabel Rodríguez ha asegurado que son «normas que van en la dirección de sus políticas».
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que, si el reglamento sale adelante en los términos planteados por la Comisión, establecerá «un marco vinculante de la Unión Europea» que respaldará la adopción de medidas «penalizadoras» por parte de Estados, comunidades autónomas y ayuntamientos. «Unas medidas que en España, y especialmente en Cataluña, ha quedado demostrado que no solo no solucionan la falta de oferta de vivienda, sino que tensan todavía más la situación actual«, sostiene su presidente, Xavier Vilajoana.
La patronal promotora pone el foco precisamente en la diferente naturaleza jurídica de las dos grandes patas presentadas por Bruselas. Mientras el reglamento podría dar cobertura a restricciones sobre alquileres de corta duración, segundas residencias y otros usos no principales de las viviendas en zonas tensionadas, las actuaciones destinadas a aumentar el parque residencial se incluyen fundamentalmente en una recomendación, sin carácter vinculante. «Es necesario adoptar medidas que favorezcan la construcción de viviendas de toda tipología, y especialmente asequible», defiende Vilajoana, que lamenta que «la agilización de licencias, el incremento de suelo urbanizable y otras medidas para aumentar la oferta sigan siendo recomendaciones no vinculantes para la Unión».
ASVAL cuestiona el paralelismo con España
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) comparte el énfasis en la oferta, aunque centra buena parte de sus críticas en las diferencias entre el marco propuesto por Bruselas y la ley de vivienda española. La organización destaca que el reglamento obligará a las administraciones que quieran restringir determinados usos de la vivienda a acreditar con datos objetivos la existencia de tensión residencial, demostrar un vínculo entre la actividad que quieren limitar y el problema de asequibilidad, estudiar medidas menos restrictivas y someter las actuaciones a transparencia, revisión periódica y control judicial.
ASVAL insiste además en que el Affordable Housing Act deja expresamente fuera de su ámbito los controles de rentas del alquiler residencial de larga duración. Por ello, rechaza que la utilización por Bruselas de un concepto similar al de «zona tensionada» pueda interpretarse como un aval de la Comisión a la limitación de precios aplicada en España.
La asociación considera que el estándar europeo de intervención es más exigente que el español, al incorporar requisitos de evidencia, causalidad, proporcionalidad y análisis de alternativas. «Si el régimen español de limitación de rentas tuviera que someterse al test que la Comisión propone para las medidas que sí entran en el ámbito del Reglamento, no lo superaría», concluye ASVAL en su posicionamiento.
Airbnb pide más garantías
Airbnb también ha cargado contra la propuesta y advierte de que, tal y como está planteada, no sumará «ni una sola vivienda» al mercado de alquiler de larga duración y puede generar «incertidumbre regulatoria» para los anfitriones europeos. La plataforma comparte el objetivo de Bruselas de mejorar la asequibilidad, pero reclama «salvaguardias reales» que eviten restricciones arbitrarias. En particular, pide que la futura norma diferencie entre grandes operadores comerciales y particulares que alquilan ocasionalmente su vivienda habitual o una segunda residencia.
El responsable de Asuntos Gubernamentales de Airbnb para la UE, George Mavros, considera que el proyecto fija «los principios correctos» pero advierte de que, sin mayores garantías, los anfitriones, huéspedes y pequeñas empresas quedarán expuestos a restricciones locales, en declaraciones recogidas por Europa Press. La compañía quiere además que las medidas actualmente en vigor puedan examinarse bajo el nuevo estándar de proporcionalidad y reclama que las administraciones notifiquen previamente a la Comisión cualquier nueva restricción acompañada de una evaluación de impacto.
Airbnb sostiene que los alquileres de corta duración representan únicamente el 1,2% del parque inmobiliario europeo y sitúa el origen del problema en el déficit de construcción y las viviendas desocupadas. «Acelerar el acceso a una vivienda asequible exige centrarse en donde está la escasez real: la construcción, la rehabilitación y las viviendas que hoy permanecen vacías en toda Europa», señala Mavros.
El PP promete batalla en Europa
También el Partido Popular Europeo ha rechazado una de las principales novedades del reglamento: la posibilidad de restringir, bajo determinadas condiciones, la compra o uso de viviendas y terrenos que no se destinen a residencia principal. El eurodiputado Borja Giménez Larraz ha calificado esta vía de «populismo en estado puro» y ha advertido de que el PP tratará de modificarla durante la negociación del Reglamento en el Parlamento Europeo.
Los populares sí valoran algunas de las recomendaciones formuladas por la Comisión, como acelerar permisos y licencias, impulsar la vivienda para jóvenes o ampliar los instrumentos de financiación y la colaboración público-privada, pero reprochan de nuevo que se trate únicamente de recomendaciones. «Dejen de regular, de repartir la escasez. Pongan los recursos de la Comisión al servicio de una política de abundancia de vivienda«, ha reclamado Giménez Larraz.
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