España quiere que la Unión Europea dé un paso más en su política climática y pase de reaccionar ante los desastres provocados por el calentamiento global a anticiparse a ellos y a preguntarse quiénes son las personas que pagan sus consecuencias cuando se producen. El Gobierno español ha planteado a Bruselas la creación de un fondo específico europeo para financiar la adaptación al cambio climático, acompañado de objetivos obligatorios que permitan medir los avances de los Estados miembros.
La propuesta llega después de un verano especialmente extremo en Europa, marcado por episodios de calor intenso, sequías e incendios forestales. España ha sido uno de los países más afectados, pero los efectos económicos de estos fenómenos se extienden por todo el continente. Según las estimaciones manejadas por el Gobierno español, los países de la UE han acumulado 822.000 millones de euros en pérdidas económicas provocadas por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos desde 1980. La cifra adquiere una dimensión especialmente preocupante por su aceleración reciente: más de 208.000 millones, aproximadamente una cuarta parte del total, corresponden al periodo comprendido entre 2021 y 2024.
Los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente confirman esta tendencia. Entre 1980 y 2024, las pérdidas directas derivadas de fenómenos extremos alcanzaron esos 822.000 millones de euros en precios de 2024. Los cuatro años comprendidos entre 2021 y 2024 se encuentran, además, entre los cinco ejercicios con mayores pérdidas desde que existen registros comparables. Solo en 2021 se contabilizaron unos 65.200 millones de euros, mientras que 2022 sumó 57.700 millones. En concreto, España figura entre los países europeos que más pérdidas han acumulado en términos absolutos. Si se tiene en cuenta el impacto por habitante, también se encuentra entre los territorios más expuestos. La Agencia Europea de Medio Ambiente señala que Alemania, Italia, Francia y España concentran las mayores pérdidas económicas totales registradas entre 1980 y 2024.
Prevenir antes que reparar
La ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha trasladado estas demandas al comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra. En una carta remitida esta semana, España defiende que las políticas basadas exclusivamente en responder después de una catástrofe ya no son suficientes para proteger la seguridad, la prosperidad y la competitividad económica de Europa.
Madrid propone crear un Fondo Europeo de Adaptación Climática que pueda financiar inversiones destinadas a reducir la exposición a los fenómenos extremos. Entre las posibles vías de financiación, el Gobierno plantea estudiar nuevos ingresos, incluidas tasas sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de petróleo y gas. También considera que deberían analizarse instrumentos de deuda común europea. La Comisión Europea ha confirmado que la financiación de la adaptación climática forma parte de las negociaciones sobre el próximo presupuesto comunitario. Sin embargo, Bruselas recuerda que la decisión sobre posibles impuestos extraordinarios a las empresas energéticas corresponde actualmente a cada Estado miembro.
La cuestión financiera es especialmente relevante porque adaptar las infraestructuras europeas al nuevo escenario climático requiere inversiones muy superiores a las actuales. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que los sectores del transporte, la energía y la agricultura necesitarían entre 53.000 y 137.000 millones de euros anuales hasta 2050, dependiendo de la evolución futura de las emisiones y del calentamiento global. La financiación comprometida actualmente para estos ámbitos se sitúa en torno a 15.000-16.000 millones anuales. La diferencia entre ambas cantidades revela uno de los principales problemas del debate climático europeo: incluso si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones, una parte de los daños ya es inevitable y exigirá inversiones específicas.
Evaluaciones de riesgo cada cinco años
España quiere que la prevención deje de depender de actuaciones puntuales y pase a formar parte de la planificación ordinaria de las administraciones. Para ello propone realizar evaluaciones de riesgo climático cada cinco años a escala europea, nacional y regional.
Estos análisis deberían incorporarse posteriormente a decisiones sobre infraestructuras, ordenación del territorio, inversiones públicas y planificación económica. La idea es evitar, por ejemplo, que nuevas infraestructuras críticas se construyan en zonas especialmente expuestas a inundaciones, incendios, sequías o episodios extremos de calor sin tener en cuenta la evolución prevista del clima.
Madrid también reclama que la UE establezca objetivos obligatorios de adaptación a corto, medio y largo plazo. En una primera fase, estos objetivos afectarían a sectores considerados especialmente vulnerables: agua, salud, infraestructuras, bosques, turismo, agricultura y pesca.
El planteamiento parte de una constatación: Europa es el continente que más rápidamente se está calentando. La Agencia Europea de Medio Ambiente señala que las temperaturas sobre la superficie terrestre europea durante la última década fueron entre 2,19 y 2,26 grados superiores a los niveles preindustriales, frente a un aumento global estimado de entre 1,24 y 1,28 grados. El calentamiento está incrementando la frecuencia y la intensidad de olas de calor, sequías, inundaciones e incendios.
Más recursos para responder a incendios y catástrofes
Otra de las propuestas españolas consiste en reforzar el mecanismo europeo de protección civil rescEU hasta convertirlo en un sistema permanente de respuesta ante emergencias climáticas. Por ello, el Gobierno plantea disponer de equipamientos compartidos, protocolos comunes y una flota europea específica de medios aéreos para combatir incendios. El objetivo sería que los Estados miembros puedan movilizar recursos de manera más rápida cuando un país se vea desbordado por una emergencia.
La petición tiene especial relevancia después de un verano en el que los incendios han afectado a numerosos países europeos. Pero la adaptación no se limita al fuego. Las inundaciones continúan siendo el fenómeno que provoca mayores pérdidas económicas directas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los episodios hidrológicos, principalmente las inundaciones, representan aproximadamente el 47% de las pérdidas económicas registradas entre 1980 y 2024, mientras que los fenómenos meteorológicos, como las tormentas, suponen alrededor del 27%. Las olas de calor representan cerca del 18% y el resto corresponde principalmente a sequías, incendios y episodios de frío extremo. España propone, además, estudiar un sistema europeo de reaseguro público-privado y la creación de bonos vinculados al riesgo climático para facilitar la cobertura de los daños provocados por fenómenos extremos.
La necesidad de mejorar la protección financiera es evidente: menos del 20% de las pérdidas económicas acumuladas entre 1980 y 2024 estaban cubiertas por seguros privados en el conjunto europeo. La proporción es especialmente baja en determinados países y para determinados fenómenos, como las olas de calor, los incendios y las sequías.
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