Sánchez promete «actuar» si hay «pruebas sólidas» de la autoría marroquí del asalto en Ceuta y revela que se convocó a la embajadora el 21 de agosto

Así, la agencia europea Frontex no previó nada «ni remotamente parecido», ni es «correcto» que la Policía Nacional advirtiera del «riesgo alto» de entrada masiva en la ciudad autónoma. Y relató que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, «mantuvo una breve llamada» con su jefe de Gabinete, Diego Rubio, en la que hizo notar que los cruces a nado «habían pasado de 10 a 20 diarios». También el CNI redactó dos informes de situación con los que describió «algo conocido», que «los cruces estaban aumentando». Los servicios de inteligencia dieron una cifra, explicó, 180.000, pero no era la «previsión de cuántos iban» a dar el salto, sino «el número de los integrantes de un grupo de Facebook en el que circulaba esa convocatoria». El presidente recalcó que el repunte de entradas en aquellos días previos por el espigón del Tarajal «no era excepcional», sino un «patrón» frecuente en los veranos por la mejora de las condiciones meteorológicas y la buena mar.

El jefe del Ejecutivo hizo un aparte con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad que firma el informe entregado a la jueza Tardón. Precisó que elabora notas informativas que hace circular entre sus miembros y un informe semanal todos los jueves que eleva al Ministerio del Interior. En una nota del 28 de julio, dijo, hizo constar que no era «preocupante» el movimiento en redes y que las buenas condiciones marítimas hacían pensar en un «incremento paulatino de los intentos de acceso por los espigones», y el 29 de julio habló del «riesgo potencial de entradas irregulares en Ceuta y Melilla» con ocasión del Día del Trono (ese 30 de julio) y en las festividades posteriores. El jefe del Ejecutivo aprovechó para pedir explicaciones de por qué el CENIF no compartió la información sobre sus indagaciones plasmadas en el informe a la jueza sobre un asunto «con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado».

Pide explicaciones de por qué el CENIF no compartió información sobre sus pesquisas llevadas al informe a la jueza sobre un asunto «con implicaciones para la seguridad del Estado»

En definitiva, el Gobierno, resolvió, «no tiene nada que ocultar en este asunto». «Tanto es así», adelantó, que «he dado orden para publicar un dosier con todos los informes«, para que los medios y la ciudadanía puedan consultarlos.

«Hablemos con franqueza: una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo, que hay que extremar la cautela», algo que se hizo, defendió, pero «otra muy distinta es anticipar que iban a llegar 70.000 personas«. «Eso no lo hizo ningún ningún informe, al menos ninguno que llegase a las manos del Gobierno», recalcó, y eso es «contar la verdad», reconocer que lo ocurrido fue «excepcional», ya que habría sido «absurdo» que el Ejecutivo fuera avisado y no actuara adrede. Porque entre el 10 y el 25 de julio se registraron de media 37 entradas diarias, una cifra «ligeramente superior a la habitual» y a partir del 25 el flujo fue aumentando hasta alcanzar las 194 en la noche del 29 de julio.

El Ejecutivo convocó a la embajadora marroquí después de las «declaraciones inaceptables» de dos ministros del reino alauí sobre Ceuta y Melilla. Ella estaba fuera, pero acudió al ministerio su dos

Sánchez, hasta ahí, respondía a la pregunta de si la avalancha migratoria pudo haberse evitado. Luego pasó a contestar al quién. Y, a diferencia de otras ocasiones, sí intentó equilibrar algo más con Marruecos. Primero, porque afirmó que se hace «cargo» de que ha perdido la batalla con la opinión pública, porque desde el primer día en tertulias y en redes sociales se responsabilizó a Rabat, también porque dos ministros del Gobierno alauí —el de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y el de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq— hicieron «declaraciones inaceptables» sobre Ceuta y Melilla, reivindicando su marroquinidad o aludiendo a su liberación. Declaraciones que el Ejecutivo ha rechazado «tajantemente«, subrayó, para desvelar a continuación que precisamente por ellas se convocó a la embajadora en Madrid el 21 de agosto. Exteriores explicó posteriormente que el ministerio trasladó telefónicamente «los mensajes oportunos» a Karima Benyaich y que después, dado que ella no estaba en España en ese momento, y «siguiendo lo dispuesto en la Convención de Viena», a la reunión en la sede del departamento acudió el encargado de negocios —el representante de la legación diplomática cuando no está el embajador—, «sin que eso varíe en absoluto ni el acto en sí ni el valor diplomático de la convocatoria».

Pero hay que huir de «explicaciones simples», advirtió el presidente, porque este no ha sido un «evento lineal», ya que tiene «muchas causas, varios actores y factores que se retroalimentaron entre sí, probablemente de forma no coordinada, ya veremos si planificada y por consiguiente imprevisible para todos, incluso para ellos». Sánchez apuntó que las evidencias recabadas hasta ahora señalan que el «detonante» fue la sentencia del Supremo, «tergiversada en redes sociales» hasta convertirse en pasto de bulos (que era una frontera abierta y que nadie que entrara a nado sería devuelto). Y aunque se han detectado «indicadores suaves» de coordinación de estos mensajes, ninguno ha podido determinar, dijo, si detrás hubo perfiles asociados a movimientos de protesta marroquíes o a los Estados de Marruecos, Rusia o Israel, algo que los servicios de inteligencia españoles descartan por ahora. Lo que sí hubo a partir del mediodía del 30 de julio, describió, fueron «numerosas campañas de desinformación que amplificaron la crisis con imágenes falsas» y testimonios tergiversados y a las que se sumaron referentes de la «ultraderecha internacional» y «española». Añadió que a esos factores había que sumar otro obvio: la desigualdad en la frontera y el deseo de emigrar de muchos ciudadanos. Esta vez, a diferencia de lo que aseguró el lunes, no apuntó directamente a Rusia e Israel.

Nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que la entrada masiva a Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes», sostiene el líder socialista

¿Y hasta qué punto Marruecos pudo participar? Sánchez esgrimió que como presidente debe gestionar esta crisis con «rigor y con prudencia», «defendiendo el interés general, tomando evidencias no sobre sospechas y sin contrastar, ni sobre prejuicios, ni sobre intereses partidistas, porque hay pasos que, cuando se dan, ya no pueden deshacerse«. Una advertencia de que una acusación sin pruebas a Rabat podría tener consecuencias irreversibles.

Porque, hasta ahora, reiteró, nada apunta al reino alauí: «A día de hoy, nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que la entrada masiva a Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes». Contó que el desempeño de Rabat tuvo tres momentos distintos: uno previo, en el que los operativos «funcionaron con normalidad y sin incidentes», otro en las 10 horas centrales del 30 de julio en las que permitió el cruce de la frontera y un último posterior en el que sí controló de forma «eficaz» el paso a Ceuta. Y ahí encajó Sánchez un nuevo aviso a Marruecos: «Deberá dirimirse si hubo incapacidad o inacción» en esas horas críticas del 30 de julio, es algo que «deberá aclararse». Es, de hecho, lo que está judicializado, recordó.

En caso de que haya evidencias claras contra Rabat, el Gobierno actuará «con total contundencia». «Si algo hemos demostrado es no tener miedo a enfrentarnos a poderes extranjeros»

El presidente subrayó que hasta ahora sí puede «garantizar» que «ni el CNI, ni la Policía, ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea ni ningún organismo internacional han entregado al Ejecutivo evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio, ninguna». El Gobierno, no obstante, sigue investigando, y «compartirá» aquello que descubra «con total transparencia» y, «si existieran esas pruebas sólidas», actuará «en consecuencia» y «con total contundencia». «Si algo ha demostrado este Gobierno es no tener miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros» cuando una situación así lo ha exigido, pero actuará «cargado de hechos probados, contrastados». Otro aviso a Rabat que por cierto reiteró en las réplicas a los grupos al advertir de que si se aclaran los «indicios» que existen, actuará con «contundencia».

E introdujo otro más minutos más tarde: se revisarán los mecanismos de coordinación de alerta con Marruecos, para obtener «garantías adicionales» de que lo ocurrido no vuelva a producirse. España tiene que seguir «cooperando» con Rabat, mantener las relaciones de «buena vecindad», en aras del «interés general» y también de Ceuta y Melilla, indicó, pero ahora esa cooperación «tiene que ser diferente«. No precisó cómo se debería reorientar esa interlocución bilateral. El pasado lunes, en la SER, Sánchez anunció que el Rey visitará las dos ciudades autónomas, pero no precisó más. Este jueves dio un paso más allá: esa visita llegará «en las próximas semanas«, y en ella el monarca transmitirá el «compromiso absoluto del Estado» con los dos enclaves. Será el primer desplazamiento de Felipe VI a las dos ciudades, casi 20 años después de que lo hicieran sus padres, y ya entonces Rabat respondió con una airada protesta y llamando a consultas a su embajador en Madrid.

El presidente reitera que Ceuta y Melilla son ciudades españolas desde «hace siglos», confirmadas por el acuerdo de Wad-Ras de 1860 y lo serán «hasta el final de los tiempos»

El líder socialista puso el acento en la españolidad de Ceuta y Melilla, en que esa situación no cambiará. Arrancó su discurso recordando que «desde hace siglos» ambas ciudades «son españolas», fueron confirmadas como tales por el tratado de Wad-Ras de 1860 y lo seguirán siendo «hasta el final de los tiempos«.

Además del quién y del por qué ocurrió, al Gobierno le han llovido los reproches por su tardía gestión de la crisis. Sánchez defendió lo hecho, empezando por la respuesta humanitaria a lo largo del 30 de julio, porque ante la riada humana los agentes desplegados en la frontera «eligieron defender la vida humana«, en lugar de usar la fuerza, lo que habría provocado «una tragedia mayor aún». «Hicieron lo correcto, lo más inteligente y lo más valiente. Ante la amenaza, supieron responder con humanidad. Creo que todos los españoles estamos muy orgullosos de esa decisión».

Aplaude que ante la riada del 30 de julio los agentes en frontera «eligieron defender la vida humana», en lugar de usar la fuerza. «Respondieron con humanidad, estamos muy orgullosos de ello»

El Ejecutivo, en un primer momento, reforzó la frontera con 250 efectivos adicionales de Policía y Guardia Civil, movilizó al Ejército, instaló una barrera neumática de 500 metros en el Tarajal y desplegó embarcaciones, drones y helicópteros. 72 horas después del asalto, habían regresado 63.000 personas, más del 90% de los que habían cruzado ilegalmente, recordó. Posteriormente, el Gobierno envió 500 nuevos policías y guardias civiles, hasta alcanzar la cifra de 1.600 agentes, «muy por encima de la media estatal«, se reforzó el sistema sanitario (más de 100 profesionales adicionales) y empezó a «acelerar» los procedimientos de asistencia, triaje y devolución.

«No se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como un saco de tierra», recordó, advirtiendo de que España es un Estado de derecho y que hay leyes y tratados internacionales que debe «cumplir», y lo hace «por obligación, empatía y dignidad». «Una democracia no es más fuerte por saltarse la ley. Lo es cuando resuelve un problema sin saltarse la ley. Pero hacerlo lleva su tiempo, más de que nos gustaría», reconoció, avisando a los ceutíes que el procedimiento de devolución se demorará, porque antes de expulsar a un migrante hay que «verificar quién es y cuál es su origen», y que no viene de un país en guerra, porque tendría derecho al asilo, y «si es un menor, hay que asegurarse de que tiene un hogar seguro al que regresar». Sánchez recetó para esta crisis, «como en todas las anteriores» —este jueves no repitió lo que dijo el 31 de julio, que este fue un ataque a la «integridad territorial» de España, tampoco lo hizo el lunes en la SER—, «unidad y lealtad institucional», porque es lo que permitirá «superarla y salir con más fuerza».

Se destinarán 180 millones para seguir reforzando las fronteras de Ceuta y Melilla y el plan de choque aprobado, de 309 millones, se robustecerá con 100 millones adicionales «en las próximas semanas»

¿Y qué se hará a partir de ahora? Sánchez apuntó varias líneas de actuación. La primera, «reforzar» más aún la frontera de Ceuta y Melilla. 180 millones de euros, estiramiento de los espigones del Tarajal y Benzú, nuevas embarcaciones. En esa línea, España pedirá que se establezca «una presencia permanente de Frontex en el puerto y en el espigón» y se solicitará a Europol la creación de una misión específica para monitorizar la migración irregular en Ceuta.

Dos, ampliar la capacidad del Estado para lidiar con episodios migratorios extremos: de las 500 plazas que tenía el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se ha pasado a 3.500, recordó, y «en los próximos días y semanas» se «duplicará» ese número, hasta las 6.000, lo que permitirá, confía, acelerar la tramitación de los retornos. Tres, un plan de relanzamiento económico de Ceuta, y en ese punto recordó el paquete de 309 millones de euros aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Y habrá, anunció, al menos 100 millones adicionales «en las próximas semanas» para garantizar «un futuro próspero» a la ciudad.

Cuatro, «reforzar la presencia de Europa en Ceuta y Melilla«, porque «faltó ambición» cuando España ingresó en la UE en 1986. Así, se ofrecerá a los gobiernos de las dos ciudades una «silla permanente en el Comité Europeo de las Regiones», algo que los gobiernos del PP, criticó, «nunca hicieron». Además, España propondrá «su integración en la unión aduanera, buscando un régimen fiscal favorable» y «que le reconozca el estatus de región ultraperiférica, algo que conlleva numerosas ventajas». Se trata de que Bruselas entienda que Ceuta y Melilla son su frontera sur y que son una parte «integral» de su pasado y su futuro y que deben ser «reconocidas como tal». Y cinco, defensa de la política migratoria del Gobierno.

El Ejecutivo va a «reforzar» la presencia de Europa en Ceuta y Melilla: se buscará que tengan silla permanente en el Comité de las Regiones y que se les reconozca su estatus de región ultraperiférica

Sostuvo el presidente que su apuesta, en dirección contraria a la de la mayoría de países europeos, sí «funciona», porque se ha reducido «un 42% el número de entradas irregulares respecto a 2024, haciendo de España la «segunda frontera menos porosa de Europa», muy por detrás de la del Mediterráneo central (Italia) o del flanco oriental, por razones obvias. «Lo sucedido en Ceuta no cuestiona el modelo«, subrayó, para incidir en que la diferencia de renta por cápita a ambos lados de la frontera es de uno a ocho a favor de España. «Podemos levantar un muro de 100 metros, pero si sigue creciendo esa miseria siempre habrá alguien dispuesto a trepar por una escalera más alta».

Sánchez, por último, se dirigió a los ceutíes, para lanzarles un mensaje de empatía apenas unas horas después de las multitudinarias manifestaciones de apoyo en la ciudad y en toda España, para admitir que es consciente de que están viviend «momentos muy difíciles», que están pasando «miedo y angustia». Les agradeció que son una población «tolerante y solidaria» y reconoció que la respuesta dada ha sido «insuficiente», porque no será «suficiente hasta que no se recupere la normalidad». El presidente prometió tratar a los ceutíes con «honestidad» y les garantizó que la situación «va a ir mejorando», que se están usando «todos los recursos» disponibles para ayudar a Ceuta y que se habilitarán más. «Todos los que sean necesarios hasta que recuperéis la normalidad».

Aportó algunas cifras: desde el 10 de agosto se ha reubicado a 3.300 migrantes y han retornado 3.658; entre acogidas, retornos y expulsiones, se ha sacado de las calles, en la última semana, a 1.530, y en las próximas dos semanas se pretende sacar al menos «otros 1.500 más». Y la previsión es que las ayudas públicas puedan solicitarse «en menos de 10 días» y se comiencen a pagar, como muy tarde, el 6 de octubre.

«Este Gobierno no renunciará jamás a la soberanía española de Ceuta y Melilla«, reiteró, cerrando el círculo que había abierto al comienzo de su intervención, «no vamos a parar de trabajar hasta que Ceuta salga de una situación difícil y lo haga de forma más fuerte, más próspera, y más integrada con el resto de España y en la UE. No será fácil, pero lo lograremos. Ese es nuestro compromiso».