Cristian Corvillo, exchófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido ante el juez del ‘caso hidrocarburos’ haberse reunido con el exministro de Transportes José Luis Ábalos por temas del PSOE, así como que él y su hermano Rubén tuvieron un vinculación empresarial con el conseguidor Víctor de Aldama, aunque han asegurado que los negocios nunca fructificaron.
Corvillo ha declarado como testigo este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que mantuvo varias reuniones con Ábalos, pero ha precisado que no en su condición de ministro, sino como secretario de Organización del PSOE para tratar cuestiones del partido, en las que también estuvo presente el exasesor ministerial Koldo García, según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.
Por otro lado, ambos hermanos han reconocido que trataron de impulsar negocios con Aldama, pero ninguno llegó a materializarse, según las mismas fuentes.
Asimismo, Cristian ha asegurado que participó en una operación relacionada con la adquisición de una vivienda La Alcaidesa para Ábalos, al considerar que podía constituir una oportunidad de negocio, pero ha aseverado que desconocía que el cliente final fuera el exministro.
Tanto Cristian como Rubén han testificado en el marco de la investigación sobre un supuesto fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría realizado entre 2021 y 2024, una causa en la que están imputados los empresarios Claudio Rivas y Aldama, entre otros.
La organización Hazte Oír, que lidera la acusación popular en el ‘caso Hidrocarburos’, apuntó a que «ambos hermanos se incorporaron, por mediación de Corvillo Energy –empresa representada por Rubén Corvillo–, al accionariado de las sociedades ‘holding’ que, según la propia confesión de Aldama recogida en intervenciones telefónicas, gestionaban el conjunto del patrimonio presuntamente derivado del fraude».
La organización aseguró que Cristian Corvillo «mantuvo una comunicación constante» con Aldama y señaló que «aparece reseñado» en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como «receptor de cantidades en efectivo bajo la denominación clave de ‘escrituras'».
Además, incidió en que habría intervenido «en la operación de adquisición del inmueble de La Alcaidesa (Cádiz) destinado» a Ábalos, uno de los extremos que se juzgó en el ‘caso mascarillas‘, en el que el exministro fue condenado a 24 años de prisión.
Respecto a Rubén Corvillo, socio y administrador único de Corvillo Energy, Hazte Oír señaló que «debe necesariamente conocer el origen de los fondos con que se acometió la compra de la deuda hipotecaria de Pilot Real Estate –empresa administrada por Aldama– y la posterior ejecución del inmueble de Sotogrande», así como «las circunstancias precisas de la facturación cruzada con Salamanca Fuel Center», una de las sociedades que presuntamente simuló adquirir hidrocarburos a Villafuel, sobre la que gira esta presunta trama.
