Canarias ha afrontado la actual legislatura estatal bajo la premisa del diálogo, la negociación y los acuerdos. Lo hizo cuando Alberto Núñez Feijóo abordó su investidura fallida con Vox y lo volvió a hacer cuando Pedro Sánchez alcanzó la Presidencia del Gobierno de España. En lo que se ha venido en conocer como el modo canario de hacer las cosas, el Ejecutivo regional ha tendido la mano para evitar que cada legítima reivindicación se convirtiera en un conflicto institucional. El ánimo de entendimiento no debe confundirse con la claudicación o el sometimiento que tal vez se desean. O conmigo, y con los míos, o contra mí, y contra los míos. Hay que repetir que las Islas llevan demasiado tiempo a la espera.
El Consejo de Ministros regresó esta semana de las vacaciones con el esbozo de una respuesta política que llega tarde a la crisis provocada por la entrada en Ceuta de unas 80.000 personas procedentes de Marruecos. Canarias soporta desde hace años una fuerte presión migratoria. Ha vivido llegadas masivas, ha prestado atención a miles de personas y ha asumido la responsabilidad de acoger a los menores que llegan sin compañía. Durante años ha tenido que hacer frente a estos retos en circunstancias difíciles. Y, como vemos que ocurre ahora en Ceuta, las soluciones nunca llegaron con la urgencia que se requería. Hubo que arrancarlas en negociaciones marcadas por el tira y afloja y la resistencia de los representantes del Estado.
Canarias conoce bien la sensación de tener que esperar a que otra emergencia lleve a primer plano reivindicaciones que demanda desde hace ya demasiado tiempo. Ahora, incluso la reunión prevista para abordar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo que debe tratar las observaciones planteadas desde las Islas ha tenido que ser aplazada por la dramática situación que padece Ceuta.
La dejadez e ineficacia se aprecia también en el ‘mini’ decreto Canarias. El que anhela la Comunidad Autónoma con un amplio catálogo de medidas para atender las necesidades del Archipiélago fue rechazado y tildado de carta a los reyes magos. No obstante, las necesidades de Sánchez y el acuerdo alcanzado en julio entre Fernando Clavijo y el ministro de Hacienda, Arcadi España, han abierto las puertas a medidas largamente demandadas. Algunas pertenecientes al ‘mini’ decreto pactado hace un año. 100 millones de euros para la reconstrucción de La Palma, bonificación del 60% en el IRPF a los residentes en esa isla y empleo del superávit autonómico en servicios públicos esenciales para los isleños.
Este ‘mini’ decreto, pese a negociaciones, modificaciones y demoras, quedó fuera del Consejo de Ministros de esta semana. Seguimos, pues, a la espera. Puede aceptarse que los calendarios sufran ajustes. Lo que ya no resulta tan aceptable es que Canarias deba acostumbrarse a que sus asuntos sean siempre los que tengan que esperar. La normalidad institucional —y vale que en esta legislatura estatal ya poco resulta normal— no consiste en aplazar las soluciones. Hay que cumplir compromisos y hacer frente con inmediatez a los problemas. Nunca dejar que se pudran.
En el caso del nuevo sistema de financiación autonómica, Canarias ha defendido y pactado con el Estado que los recursos del REF queden fuera del sistema general de aportaciones a la sanidad, la educación o la dependencia. Está por ver si este acuerdo sale adelante. Necesita la reforma del modelo vigente, que no puede prosperar sin el respaldo de la oposición. Una cuestión que a día de hoy parece improbable.
La aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo; el ‘mini’ decreto Canarias; la financiación autonómica; la entrega de los fondos ya aprobados para obras hidráulicas, lucha contra la pobreza y el desempleo y pequeñas actuaciones agrícolas y pesqueras; o la cogestión de los aeropuertos forman parte de una agenda canaria que sigue a la espera. El diálogo solo puede funcionar si al otro lado hay voluntad y capacidad de responder. Canarias ha cumplido. Corresponde al Gobierno de España demostrar que apostar por el entendimiento sirve para algo.
