La UTE formada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex, empresa del grupo Lopesan, sostiene que su exclusión del concurso para adjudicar el nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Las Palmas de Gran Canaria se apoya en una interpretación errónea y desproporcionada de los pliegos. Las empresas han recurrido ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias y han solicitado que el procedimiento quede suspendido de forma cautelar mientras se resuelve el fondo del asunto.
El recurso centra la controversia en la obligación de presentar muestras de los contenedores incluidos en las ofertas. La Junta de Gobierno aprobó a comienzos de agosto la exclusión de Acciona-Bitumex después de que la Mesa de Contratación concluyera que la candidatura no había aportado cuatro modelos: tres correspondientes a papel y cartón en sistemas de carga trasera, lateral y vertical, y otro destinado a biorresiduos de carga lateral.
La UTE asegura que entregó las muestras de contenedores solicitadas en el pliego
La UTE rechaza esa interpretación. Su recurso se remite a la cláusula 2 del anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares , que establecía que las licitadoras debían entregar “una muestra” de los contenedores correspondientes “a cada uno de los sistemas de carga propuestos”. Acciona-Bitumex presentó modelos de carga trasera, lateral y vertical, los tres sistemas incluidos en su proyecto, y las muestras fueron consideradas técnicamente conformes por el Servicio Municipal de Limpieza.
El Ayuntamiento entendió, sin embargo, que no bastaba con acreditar cada sistema de carga y que debían presentarse muestras distintas para determinadas combinaciones de fracción de residuo, volumetría y tipo de boca. Para la UTE, esa obligación no figuraba en los pliegos y no podía utilizarse después como causa para apartar su oferta.
Una aclaración del 24 de abril
El recurso cuestiona una aclaración publicada por el órgano de contratación el 24 de abril de 2026, en la que se concretaba la necesidad de aportar muestras atendiendo a volumetrías y tipos de boca. Acciona y Bitumex sostienen que esa respuesta no podía ampliar las obligaciones fijadas en el pliego porque el mismo no establecía que las aclaraciones dadas durante el periodo de consultas tuvieran carácter vinculante.
Las empresas defienden que una aclaración puede servir para interpretar una cláusula, pero no para introducir una exigencia nueva con consecuencias excluyentes. El recurso invoca por ello el principio de seguridad jurídica y mantiene que la obligación exigible debía ser la recogida en los documentos contractuales.
La segunda línea de argumentación afecta a la proporcionalidad. La UTE incide en el hecho de que las muestras que sí presentó superaron las comprobaciones técnicas y cumplían las características recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. A su juicio, excluir toda la candidatura por la ausencia de otros cuatro modelos supone aplicar de manera excesivamente rígida una causa de exclusión.
Las empresas piden que se anule el acuerdo de exclusión y que el procedimiento retroceda hasta el momento anterior a esa decisión
La licitación tiene un presupuesto base de 156,9 millones de euros para ocho años. El nuevo servicio prevé incorporar 191 trabajadores, más de un centenar de vehículos y más de 10.000 contenedores, además de extender la recogida de las cinco fracciones a todos los barrios.
Petición de suspensión
Acciona-Bitumex ha solicitado al Tribunal la suspensión cautelar del procedimiento mientras estudia el recurso. La UTE argumenta que, si la licitación continúa avanzando, una eventual estimación posterior podría generar perjuicios de difícil reparación.
Las empresas piden que se anule el acuerdo de exclusión y que el procedimiento retroceda hasta el momento anterior a esa decisión, de forma que su oferta vuelva a ser admitida y pueda ser valorada junto con las tres candidaturas que continúan actualmente: Urbaser, Valoriza y la UTE formada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal CEE Canarias.
El recurso de Acciona-Bitumex es el tercero planteado contra esta licitación. Los dos anteriores, presentados en abril por UGT y TSM Servicios Integrales, fueron rechazados en junio por falta de legitimación. La diferencia ahora es que la impugnación se dirige contra la exclusión concreta de una de las licitadoras.
Suscríbete para seguir leyendo
