Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) rastrean el pago en los años 2024 y 2025 de un total de 290.400 euros por parte empresario venezolano Camilo Ibrahim, que fue accionista de la aerolínea Plus Ultra, a Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, según consta en un informe de 9 de junio, al que ha tenido EL PERIÓDICO.
Los policías hallaron en el ordenador de Julio Martínez Martínez un documento denominado “Detalle cobros 2011-2025” en el que se concretan, «a modo de contabilidad, los pagos efectuados» por diferentes sociedades vinculadas a la trama presuntamente liderada por Zapatero.
«En el citado documento, consta además, otra pestaña con la nomenclatura Análisis Relevante (AR)– Thabeh Iberian, que haría referencia a la contabilidad de las facturas de un contrato de asesoramiento […] por un importe total de 290.400 euros, suscrito el 1 de diciembre de 2023 entre Análisis Relevante (AR)– Thabeh Iberian» [representada por Camilo Ibrahim Issa], dice el informe policial, que especifica que el acuerdo se extendió durante 24 meses.
12.100 euros mensuales
En concreto, estos pagos destinados a Julio Martínez Martínez se realizaban por un valor de 12.100 euros mensuales.
«Respecto de las seis primeras facturas contabilizadas, figura la correspondiente anotación “Factura ASP Rentas”, deduciéndose que esa habría sido la vía elegida por Julio Martínez Martínez para recibir los fondos acordados en ese contrato», completa la UDEF en su informe, que completa su análisis sobre la firma ASP Rentas: «Esta operativa justificaría parte los abonos recibidos en las cuentas bancarias de esta sociedad, existiendo por tanto indicios sólidos sobre su empleo como sociedad instrumental, considerando que es necesario analizar el destino y trazabilidad de los fondos», reclaman los agentes al juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
ASP Rentas SL es una de las sociedades «del entramado, y registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre los años 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros, dice el informe, que sostiene que este mercantil es una «vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian.
Accionista de Plus Ultra
Camilo Ibrahim Issa fue accionista de Plus Ultra a través de la firma Snip Aviation. Y según la investigación de la UDEF, estaba al tanto de las negociaciones para lograr el rescate de la compañía.
En un mensaje de 6 de febrero de 2021, poco antes de que se produjera el rescate, el entonces presidente de la aerolínea, Rodolfo Reyes, le pide a Julio Martínez Sola que organice una comida con Camilo Ibrahim Issa y Julio Martínez Martínez. «Rodolfo Reyes le dice que Camilo estuvo con Zapatero y que hablaron sobre que todo iba bien (Rodolfo Reyes: «Puedes organizar una comida con el tocayo, tú y Camilo. Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa». Julio Martínez Sola: «Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilo en Plus Ultra)».
El 26 de febrero de 2021, cuando ni siquiera se había celebrado la reunión del Consejo Gestor que aprobó el rescate, Julio Martínez Martínez comunica a Camilo Ibrahim Issa, mediante un mensaje de texto, la obtención de la ayuda pública. Y este le agradeció la labor prestada.
Interrogatorio de Calama
A preguntas del magistrado José Luis Calama, el expresidente del Gobierno aseguró que conoció a Ibrahim al reclamarle este que le ayudara a liberar “al tío de Juan Guaidó”, y que desde entonces forjó un vínculo “estrictamente personal”. Después aseguró que solo tuvo conocimiento “a través de terceros o por la prensa” de que Ibrahim “tenía alguna vinculación con Plus Ultra. Pero no, a mí nunca me ha hablado de Plus Ultra”, zanjó.
Según adelantó el diario El Mundo, el sobrino de Camilo Ibrahim, Mohamed Ibrahim, fue tesorero de la sociedad panameña Panacorp. Según el perito Pedro Martín Molina la trama se valió de esta compañía del país centroamericano «para evitar que las cuentas» de Plus Ultra «reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución.
La aerolínea recurrió a varias herramientas contables: «Un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp -que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica-, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo», completa una resolución judicial de la anterior instructora, la titular de la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid (TIM), María Esperanza Collazos.
El juez Calama ha encargado a la UDEF que elabore un «estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de la sociedad Plus Ultra» desde 2017, según consta en una providencia, que incide en que fue en esos años cuando Plus Ultra comenzó a estar controlada por empresarios que realizaban «aparentemente· aportaciones de capital, como es el caso de los socios Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas –investigado en EE.UU. y cuyo teléfono contenía mensajes alusivos a la intervención de Rodríguez Zapatero en el rescate–, María Aurora López, Héctor Antonio Tobía y Flavio Borquez.
También señala que otras personas que no ostentaban participación accionarial ocuparon cargos de responsabilidad en la entidad, como Raif El Arigie, cuyos mensajes también son clave en la causa. Todos ellos mantuvieron «significativas relaciones financieras» con la aerolínea investigada.
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