Más críticas contra el cierre de cuatro Puntos de Encuentro Familiar en la provincia de Alicante. El pasado 29 de julio el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la resolución de la Conselleria de Servicios Sociales, dirigida por Elena Albalat, en la que se publicaban los acuerdos de acción concertada para entre 2026 y 2028, que establecían las ubicaciones de los servicios de los Puntos de Encuentro Familiar Judicial.
La cifra de estos lugares se ha reducido en diez a lo largo de la Comunidad Valenciana, cuatro de ellos en Alicante, concretamente en las localidades de Torrevieja, San Vicente del Raspeig, Villena y la Vila Joiosa. Los Puntos de Encuentro Familiar prestan un servicio social gratuito que garantiza el encuentro de los menores con sus familiares durante procesos de separación o protección. La reducción ha suscitado críticas en diversas direcciones.
La última la emite el PSPV. La diputada autonómica Romina del Rey, portavoz de Infancia y Adolescencia de su grupo en las Cortes Valencianas, cree que este recorte es “inhumano”, ya que implica “reducir la red de protección de la infancia y adolescencia en toda la Comunidad, generando sufrimiento a las familias y poniendo en riesgo a los menores”.
A su vez, considera “inadmisible” la nueva planificación, que cree que se ha llevado a cabo con “una insensibilidad enorme”, y señala a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, porque según la diputada socialista “poco le importan las más de 2.000 familias residentes en la Comunidad que necesitan por una orden judicial esos espacios seguros y de protección”.
El recorte implica reducir la red de protección de la infancia y adolescencia en toda la Comunidad, generando sufrimiento a las familias y poniendo en riesgo a los menores
Por último, Romina del Rey ha avanzado que reclamará en las Cortes el expediente completo que argumentaría el contenido de la resolución con los informes que la conselleria ha utilizado “para justificar una decisión tan cruel”, ya que el cierre de estos centros tendrá “consecuencias muy graves” como obligar a realizar a las familias más desplazamientos, “incrementar las listas de espera” o “dificultar el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.
Los cambios en Alicante
En concreto, en la provincia de Alicante se eliminan, por la nueva resolución, Puntos de Encuentro Familiar Judicial en Torrevieja, San Vicente del Raspeig, Villena y la Vila Joiosa. Se mantienen en Alicante, Elche, Orihuela, Benidorm, Alcoy, Elda y Dénia, a través de diferentes niveles.
El “nivel 3”, que corresponde a los centros con más recursos, se establecerá en los puntos de Alicante y de Orihuela, con un coordinador a media jornada, dos profesionales de psicología, , dos jornadas y media de profesionales de educación social, un profesional técnico jurídico, una jornada y media para profesionales de trabajo social y un profesional para cada una de estas disciplinas: técnico superior de integración social, técnico de promoción de igualdad de género, servicio auxiliar administrativo y administrativo.
El “nivel 2” lo tendrán los centros de Elche, Elda, Benidorm y Dénia, con un coordinador a media jornada, dos profesionales de psicología, una jornada y media de educación social, un profesional técnico jurídico, una jornada y media de trabajo social, media jornada para personal de promoción de igualdad de género y un profesional para cada una de estas disciplinas: técnico jurídico, técnico superior de integración social, auxiliar administrativo y administrativo.
Por último, el único centro que tendrá “nivel 1”, el más reducido de todos, será el de Alcoy, con un coordinador, un profesional técnico jurídico y un técnico de promoción de igualdad de género a media jornada; una jornada y media para profesionales de psicología y un profesional a jornada completa de educación social, trabajo social, integración social, auxiliar administrativo y administrativo.
Críticas
El cierre de cuatro de estos centros en la provincia ha generado diversas controversias. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante, Icali, ya advirtió de que la suspensión de estos servicios en diversos municipios perjudicaría a los mejores, a las familias y al funcionamiento de la justicia, y solicitó formalmente a las administraciones competentes que mantuvieran estos servicios por considerar que desempeñan un papel esencial en la gestión de los conflictos de derecho de familia.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Villena, gobernado por el PSOE, cargó contra la Generalitat por la supresión del Punto de Encuentro de esta ciudad, que dejará de prestar servicio el 1 de noviembre. “Para el PP y Vox no es una prioridad mantener este servicio en Villena”, criticó el alcalde, Fulgencio Cerdán.
Además del cierre anunciado de estos cuatro Puntos de Encuentro, también ha habido otras críticas debido a la gestión de estos centros. Por ejemplo en Alicante, que fue trasladado al Centro Comunitario de Urbanova, a nueve kilómetros del centro de la ciudad, hecho que dificulta el acceso de las familias a estos lugares, tal como incluso ya alertó el Síndic de Gregues.
El defensor autonómico también exigió una solución urgente para el Punto de Encuentro Familiar de Alcoy, que mantendrá su actividad, debido a sus deficiencias de seguridad, higiene y accesibilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
