«Ratificamos que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista, por el contrario, lo defenderemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación». La certeza del primer ministro Manuel Marrero Cruz se disuelve en el aire de un verano imposible para Cuba. Lo meteorológico y lo político van de la mano. El presente informa a los cubanos que asoma en el horizonte un ajuste de proporciones y que la amplia apertura económica que barre con el modelo que había comenzado a construirse a partir de 1959 pende del aire mientras no avance una negociación con Estados Unidos. Las nuevas medidas se acompañan de señales a la administración de Donald Trump, que en lo que va del año no solo impuso un cerco energético contra la isla. La batería de sanciones y amenazas terminó por ahuyentar a las empresas extranjeras que tenían sus negocios en el turismo y la minería. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, dijo a The New York Times que la apertura al capital cubano americano y norteamericano sería tan amplia que hasta «el propio Trump podría invertir». Por el momento eso no puede ocurrir debido a «las leyes estadounidenses».
La Habana avanza en una dirección que una década atrás, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas, habrían sido más que aplaudidas por la administración de Barack Obama. Pero los tiempos han cambiado y Washington espera lo que las autoridades cubanas no aceptan: una rendición incondicional en términos políticos. Ha buscado en sus conversaciones informales una flexibilidad que no encuentra. En medio de las disputas y los crecientes apagones, se ha decidido eliminar siete de los 27 los ministerios. La alegada reducción de la burocracia estatal que se mira en el espejo de otras narrativas similares latinoamericanas que el castrismo habría calificado de «neoliberales». El ajuste supone la supresión de 92.000 puestos en las áreas de Salud, Educación, Cultura y Deporte que fueron blasones del proyecto «socialista».
A la vez se confirmó la amplia apertura a los privados en distintos rubros económicos: la distribución de combustible, los servicios farmacéuticos y ópticos, las residencias de ancianos, las terminales de pasajeros y carga, las instalaciones portuarias y la importación de vehículos. Se habilita la presencia del capital extranjero en operaciones petroleras y energías renovables, la minería, agricultura, el turismo, el comercio exterior y el sistema financiero. La hoja de ruta incluye la eliminación del límite de 100 trabajadores para las medianas empresas y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones. El giro es tan profundo que marea a buena parte de una sociedad acostumbrada a otras reglas. El Estado se compromete a mantener su rol central en la salud y la educación, así como la industria del tabaco. La aplicación de estas transformaciones exigirá alrededor de 138 normas jurídicas, de acuerdo con el cronograma presentado por el Ministerio de Justicia.
Discusiones
«A pesar del consenso sobre la necesidad de hacer cambios en la economía cubana, las medidas han abierto más preguntas que certezas», señaló Wilder Pérez Varona en el portal La joven Cuba. «Es imposible no preguntarse quiénes podrán acumular riqueza, qué ocurrirá con los trabajadores de los sectores menos rentables, cómo se evitará que privilegios burocráticos muten hacia formas oligárquicas, y qué papel jugará el mercado».
Los planes del Gobierno coinciden con la divulgación de una «Propuesta para transformar la economía cubana», elaborada por cinco destacados economistas cubanos Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal. En el texto se propone una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho, que «es lo contrario de lo que el poder ha ofrecido: cambiar el modelo económico para no cambiar nada en lo político«. Para los autores, la crisis cubana es resultado de factores externos e internos y externos que son convergentes. Se ha agotado un arreglo institucional que concentra el poder económico y político, y que por ello exige la sustitución del modelo vigente, «no su retoque«. La magnitud de los problemas acumulados hace inviable cualquier estrategia basada exclusivamente en medidas parciales o ajustes administrativos. La isla, sostienen, necesita como «principio irrenunciable» una nueva institucionalidad basada en la libertad de expresión, de asociación y de prensa, así como el ejercicio del derecho a huelga. Se requieren además de elecciones libres, competitivas, «pluripartidistas y periódicas, inclusivas, periódicas y transparentes». Entre las medidas concretas que proponen, destacan la fragmentación del emporio económico-militar GAESA y la transferencia de sus empresas, activos y reservas a instituciones civiles y al Banco Central. También se muestran a favor de un proceso de privatizaciones sujeto a «reglas de insolvencia y buen gobierno, precisamente para impedir que la nomenclatura convierta el patrimonio público en propiedad privada a su favor». Los autores son concluyentes: la actual arquitectura política impide esas reformas, y para llevarla a cabo es indispensable además el apoyo internacional junto con asistencia financiera para la reinserción global de Cuba. Las experiencias de otros países no se pueden copiar. «Las transformaciones económicas exitosas de Polonia, Estonia, Vietnam y China ocurrieron bajo condiciones históricas, geopolíticas y de capital humano parcialmente distintas a las de Cuba en 2026. Cualquier extrapolación debe tomarse con cautela».
La ofensiva no se detiene
Las autoridades cubanas no han respondido al documento. Las urgencias no dan espacio para a generar una cultura del debate que nunca existió. Las discusiones tienen lugar fuera de la prensa oficial. Mientras, la presión norteamericana no cesa. Muchos cubanos no salen de la perplejidad tras la lectura en redes sociales de un documento del Departamento de Estado que, según el historiador Julio César Guanche, «se puede leer como un guion de cine» aunque sea un informe de seguridad nacional: «cien páginas dedicadas a demostrar que, desde 1959, todo lo que se ha movido a la izquierda en Estados Unidos —los Panteras Negras y las madres de las caravanas de ayuda, Angela Davis y los sindicatos, Black Lives Matter y los abogados de oficio— fue, en el fondo, una operación cubana». En esa lógica, «las protestas por el asesinato de George Floyd no nacieron de una rodilla sobre un cuello durante nueve minutos» sino de la influencia de La Habana. «Es la vieja fantasía del amo: el esclavo estaba contento hasta que llegó el agitador de afuera» para controlar «universidades, alcaldías, fundaciones y hasta el Partido Demócrata».
Más allá del contenido del informe, que funciona «como coartada para perseguir al movimiento social estadounidense», la «catástrofe cubana» es un hecho irrefutable que va más allá de los condicionamientos de la política de Washington hacia una isla exhausta. Guanche remarca en ese sentido algo que comienza a salir a flote en muchas conversaciones: «el Estado cubano merece crítica, y mucha«. La merece» por el partido único, por la represión a la diferencia, y específicamente por la de julio de 2021, por la asfixia de la prensa independiente, por una economía que expulsa a su población. Esa crítica tiene varios lugares legítimos para enunciarse. Uno de ellos es el de una tradición con nombre propio: la del republicanismo democrático, que definió la libertad como no-dominación, como el hecho de no ser siervo de nadie».
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