María Calvo es presidenta de FADE
El año que viene Asturias pagará en pensiones prácticamente lo mismo que cuesta el Principado entero: unos 6.640 millones de euros frente a un presupuesto regional que asciende a 6.993. Este es un dato que alerta sobre la clase de economía en la que nos estamos convirtiendo. Creo que debería estar en el centro de cualquier conversación fiscal, porque, aunque un impuesto puede juzgarse por lo que recauda este año, una política fiscal debería evaluarse por lo consigue en diez.
Por eso, merece la pena elevar la mirada y plantear la cuestión de fondo: qué modelo económico necesita Asturias para competir, crecer y crear oportunidades. Cuando hablamos de fiscalidad casi siempre nos preguntamos lo mismo: cómo repartir mejor la riqueza. Pero Asturias necesita empezar a hacerse otra pregunta: cómo crearla.
Se repite con pasmosa naturalidad que unos impuestos más altos garantizan unos servicios públicos mejores. Esta es una media verdad y, muchas veces, estas son las que más daño acaban haciendo.
Lo que sostiene los servicios públicos no son los tipos impositivos, sino la base sobre la que se aplican. Un tipo alto sobre una base que se estrecha termina recaudando menos que uno razonable sobre una base que crece. Y Asturias lleva años estrechando su base: somos la comunidad con la peor relación entre cotizantes y pensionistas de España, en torno a 1,4 frente a una media nacional cercana a 2,4, y por cada persona que se incorpora hoy a nuestro mercado de trabajo se jubilan aproximadamente cuatro. Podemos tener a la vez cifras récord de afiliación y una estructura que no se sostiene a diez años. Las dos cosas son ciertas y la segunda explica por qué la primera no basta.
Volvamos entonces al dato del principio, porque dice algo más incómodo de lo que parece. Cada año, una parte mayor de lo que ingresan los hogares asturianos no se genera en Asturias. Llega. Y una economía que vive de rentas que no produce puede sostenerse durante mucho tiempo. Lo que no puede es decidir su futuro.
Esa base no depende de la voluntad de nadie. Depende de que haya empresas que inviertan, que ganen tamaño, que aumenten su productividad y que puedan pagar mejor. De ahí, y no de otro sitio, salen los recursos con los que se financia todo lo demás. Y ahí es donde el coste del trabajo deja de ser una reivindicación empresarial para convertirse en un asunto de interés general.
Existe un tópico según el cual el trabajador español paga demasiados impuestos sobre su salario. No es cierto. Según el último informe de la OCDE, su IRPF está incluso ligeramente por debajo de la media de los países desarrollados. Lo verdaderamente caro en España no es tener un sueldo, que también: es crear y sostener el puesto que lo paga. Toda la diferencia con Europa está en las cotizaciones que soporta la empresa, un 23,4% del salario bruto frente al 13,5% de media. Sumado todo, la cuña fiscal sobre el trabajo alcanza el 41,4% del coste laboral, la décima más alta de los treinta y ocho países de la organización.
Una empresa que destina 3.500 euros al mes a un trabajador le entrega poco más de 2.000 en su nómina.
No se trata de cuestionar nuestro modelo de protección social, va de preguntarnos cómo conseguimos que una parte mayor de ese esfuerzo termine aumentando de verdad la renta disponible de las familias. Porque el bienestar de un hogar no depende del número que figura en la nómina, sino de cuánto queda a final de mes después de pagar impuestos, cotizaciones, vivienda, energía y el resto de gastos esenciales.
Por eso en FADE defendemos la deflactación del tramo autonómico del IRPF, que es el que depende de nosotros. No como una petición de rebaja, sino como un principio de buena técnica tributaria: que el sistema grave incrementos reales de capacidad económica y no aumentos meramente nominales derivados de la inflación. Con una precisión importante: un salario se pacta entre partes que asumen un riesgo y que miran la productividad de cada empresa; un impuesto se impone. Pedir que se ajuste a la realidad aquello que se decide unilateralmente no es lo mismo que pedir que se ajuste de forma automática aquello que se negocia.
Es un error, además, plantear este debate como si hubiera intereses contrapuestos entre empresas y trabajadores. No los hay. Las empresas no compiten por pagar menos: compiten por ser capaces de pagar mejor. Y para eso necesitan crecer, invertir, ganar productividad y competir en mercados cada vez más exigentes.
Asturias no compite consigo misma. Cuando una empresa decide dónde instalar una planta, no está eligiendo entre Oviedo, Gijón o Avilés. Está comparando Asturias con Portugal, con Polonia o con la República Checa. Conozco proyectos que estudiaron Asturias y acabaron en otro sitio. No se marcharon por los impuestos. Pero los impuestos estaban en la hoja de cálculo, y cuando todo lo demás empata, la hoja de cálculo decide. Y lo que se decide ahí no es una cifra de inversión: es si un asturiano tendrá que hacer las maletas o podrá quedarse.
Ese es, quizá, el problema de fondo de esta conversación. En ella estamos todos: el Gobierno, los empresarios, los sindicatos. Todos representamos legítimamente a gente que ya vive aquí. Nadie representa a quienes tendrían que venir. Nadie representa a los que ya se han ido. Y son ellos, precisamente, la base imponible de 2035.
Por eso no voy a terminar pidiendo un impuesto más bajo ni un impuesto más alto. Voy a pedir algo distinto y bastante más exigente.
Que cuando se diseñe la política fiscal de Asturias, y sus presupuestos, alguien responda por escrito a una pregunta que hoy no se formula: qué efecto tendrá esta decisión, dentro de cinco o diez años, sobre la competitividad de las empresas asturianas y sobre la renta disponible de las familias. Hoy esa pregunta no se hace. Y lo que no se pregunta, no se corrige.
No propongo repartir menos. Deseo que haya más que repartir.
No discuto la cosecha de este año. Me pregunto quién siembra la del próximo.
Durante demasiado tiempo Asturias ha discutido cómo repartir una economía que apenas crecía. Ha llegado el momento de discutir cómo volver a crecer.
Ese es, en realidad, el otro debate fiscal.
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