Se llama Héctor Ataypoma y hasta hace dos años trabajaba como celador en una residencia de ancianos del barrio de Sanchinarro, en Madrid. La noche del 27 de julio de 2024, una compañera de trabajo lo sorprendió agrediendo sexualmente a una paciente, una mujer de 83 años enferma de alzheimer.
La empleada lo denunció a los jefes de la residencia, que lo despidieron fulminantemente, por teléfono, y denunciaron luego el caso ante la justicia. Cuando la policía fue a buscarlo a su casa de Carabanchel, el 1 de agosto de 2024, el celador ya no estaba allí. Se cumplen dos años de su huida y no hay noticias sobre su paradero. El juzgado ha dictado una orden de búsqueda internacional contra él.
Ocho meses de agresiones
La investigación de la policía apunta que el celador podía llevar «ocho meses» agrediendo sexualmente a la anciana, según la propia confesión que él mismo hizo a la compañera de trabajo que lo descubrió. Las pesquisas revelaron que la víctima no sufrió lesiones fisicas y que el trabajador de la residencia pudo aprovecharse de su enfermedad de alzheimer para engañarla y hacerla creer que él era su marido y tener así relaciones sexuales sin violencia física.
De hecho, meses antes de que se descubriera lo que estaba ocurriendo, la anciana había comentado a sus hijos que su marido iba a visitarla con frecuencia, algo que era imposible y que los familiares achacaron a la confusión mental de la mujer. La compañera del celador, por su parte, declaró, la noche que sorprendió a su compañero violando a la anciana, ella estaba diciendo en voz alta el nombre de pila de su marido mientras el hombre la agredía sexualmente.
Un abogado
Cuando comenzó su huida de la justicia, el celador se puso en contacto con el abogado Alfredo Arrién, que le recomendó entregarse. Incluso, llegó a organizar una declaración por videoconferencia con el juzgado para que confesara los hechos. Pero finalmente Ataypoma no se presentó. Hace meses que su abogado no sabe nada de él. «Supongo que entiende que su mejor abogado es el paso del tiempo y piensa que el paso del tiempo puede llevar a la prescripción de las acusaciones contra él», explica Arrién. Los delitos sexuales prescriben en España a los 15 años como mínimo desde la presentación de la denuncia.
El celador, un hombre de origen peruano, no era un delincuente habitual, no tenía antecedentes de ningún tipo en España. Tampoco tenía recursos económicos para ocultarse ni arraigo ni trabajo en España. De ahí que el juzgado haya dictado una orden internacional por si se hubiera ocultado en Perú, su país de origen y donde, cuando se fugó, aun vivian su madre y otros parientes.
