La ley de nacionalidad saharuai encara su recta final, y los partidos de Gobierno, PSOE y Sumar, aceleran para permitir que los nacidos en el Sáhara bajo administración española y sus descendientes puedan obtener la nacionalidad antes de que decaiga la legislatura. Una reivindicación que ha generado distintos giros políticos por parte de los principales partidos, desde el PSOE, que ahora la apoya después de rechazado en 2024, tras el giro de Pedro Sánchez en la cuestión saharaui; al PP, cuyo apoyo fue clave en su puesta en marcha y que sin embargo ahora alberga dudas tras las últimas polémicas migratorias, con las nacionalizaciones de la ley de nietos y los permisos de la regularización.
Este vaivén de apoyo ha hecho que Sumar, y su diputada de origen saharuai, Tesh Sidi, hayan sido el hilo vertebrador del trámite parlamentario de la norma, que lleva más de dos años en el Congreso, buena parte de ese tiempo bloqueada por el propio PSOE, y que esta semana ha afrontado su trámite final, con la aprobación del informe final, que deberá ratificarse en el primer Pleno parlamentario a la vuelta del verano, previsto para el 10 de septiembre.
Acelerón de plazos
Unos tiempos que sin embargo han querido ahora acelerar para evitar que la efectividad del trámite pueda complicarse en caso de cambiar el Gobierno de manos. Es por ello que este jueves en la Comisión de Justicia los grupos aprobaron que la ley de nacionalización saharaui se tramitara por la vía de urgencia en el Senado, de manera que en lugar del plazo máximo de dos meses habituales, su paso por la Cámara Alta podrá alargarse sólo 20 días.
Un cambio que salió con el apoyo de PSOE y Sumar y que estrecha el margen al PP -con mayoría absoluta en el Senado- en caso de que quisiera dilatar los tiempos en su tramitación. De esta forma, en caso de aprobarse en septiembre en el Congreso, la norma debería ser ratificada en su totalidad en el Senado. En caso de que los populares enmendaran la norma, debería volver a pasar por el Congreso para su votación.
Pero no es el único cambio incluido en el texto para asegurar su entrada en vigor. En el trámite de enmiendas del pasado jueves, también se aprobó una propuesta por Sumar para acelerar su efectividad. El cambio en cuestión introducido es que, en lugar de los seis meses de entrada en vigor de la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, este plazo ha quedado reducido a cuatro meses.
De esta forma, y unido al trámite de urgencia aprobado, aunque los plazos se dilataran, se aseguraría que el procedimiento para dar la nacionalidad a los saharauis estuviera en marcha en febrero o marzo, antes de que decayera la legislatura, para otorgar seguridad jurídica al proceso. El temor es que, en caso de producirse un cambio de gobierno, un nuevo ejecutivo de PP y Vox pudiera emitir órdenes ministeriales que pudieran paralizar de facto el proceso, teniendo en cuenta las restricciones migratorias impulsadas por el partido de Santiago Abascal.
Dudas del PP
Este ha sido precisamente un elemento de peso en la estrategia del PP, que siempre ha defendido la «deuda histórica» con el pueblo del Sáhara Occidental, antigua colonia española, y que la última legislatura ha azuzado duramente al Gobierno por su giro sobre este asunto, después de que Pedro Sánchez reconociera unilateralmente la soberanía marroquí sobre el territorio. Después del decreto de regularización de migrantes, el PP asistió a una reunión con el Frente Polisario para presionar por la norma.
En las últimas semanas, sin embargo, los populares han matizado su posición, llegando a rechazar la ley de nacionalidad saharaui durante el trámite en la comisión parlamentario. Finalmente, el pasado jueves optaron por la abstenicón y durante la comisión se comprometieron a no obstaculizar la norma.
Las dudas en las filas populares coincidió con la firma de varios acuerdos autonómicos con Vox y con las polémicas abiertas en dos cuestiones migratorias de calado. La primera son las nacionalizaciones concedidas mediante la ley de nietos, una disposición de la ley de memoria democrática que fue emitida por el Minsiterio de Justicia y relajó los requisitos para que personas nacidas en otros países pudieran obtener la nacionalidad. Mediante este proceso, señala el Ministerio de Memoria Democrática, han solicitado los derechos de nacionalidad 2,4 millones de personas residentes en el extranjero.
El segundo asunto que ha agitado el avispero migratorio es la regularización extraordinaria de migrantes, que se aprobó por la vía de la modificación reglamentaria y sin pasar por el Congreso. Los términos del decreto, que fue fruto de un acuerdo con Podemos, también han sido objeto de críticas por parte de Vox y PP, que han recurrido la norma en los tribunales.
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