El Partido Popular no ha dudado en plegarse a la petición de la organización ultracatólica Hazte Oír en el caso Leire. Así, según consta en un escrito presentado ante el juez Santiago Pedraz el PP, que representa a las acusaciones populares personadas, le pide al magistrado que adopte una serie de medidas cautelares contra el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que implican, de facto, su cese en sus respectivos puestos, pues le solicitan que no puedan mandar sobre la Unidad Central Operativa del Instituto Armado.
En el escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, HazteOír afirma que existe un riesgo de reiteración de conducta. Además también dicen que existe un potencial riesgo para la fuentes de prueba, «pues consta en las actuaciones la activación del borrado automático de mensajería y la eliminación de conversaciones de forma contemporánea a la apertura de expedientes internos, lo que revela una disposición a la destrucción de fuentes de prueba que se agrava por el mantenimiento en el cargo».
Por último, aseveran que existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes. Según el grupo de extrema derecha, «los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen orgánicamente subordinados a los investigados, en una situación que las propias asociaciones profesionales del Cuerpo han calificado de «insostenible»».
Hazte Oír se cree Marlaska
Los ultracatólicos pretenden conseguir el cese de ambos a través del juez instructor, en lo que supone una clara ingerencia sobre la potestad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pues dicen que «constituye un hecho público y notorio que, pese a su condición de investigados, tanto la directora general como el DAO continúan al frente de sus respectivos cargos, sin que se haya adoptado decisión administrativa alguna de cese o suspensión y sin que hayan presentado su dimisión».
Y que, «esta situación resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, pues los dos máximos responsables del Cuerpo mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO cuya labor investigadora se habría tratado de neutralizar, y sobre quienes conservan facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de medios».
