Mientras el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acumula testimonios que implican a José Luis Rodríguez Zapatero en una mediación a cambio de precio para que Plus Ultra obtuviera un rescate de 53 millones de euros en 2021, la defensa del expresidente del Gobierno sigue intentando que la investigación no se amplíe a otros negocios que engrosen la lista de indicios contra su cliente por presunta responsabilidad en tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El abogado Víctor Moreno Catena ha presentado a principios de esta semana un nuevo recurso en el que insiste en excluir de la investigación el cobro por parte de Rodríguez Zapatero de 200.00 euros por reunirse con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, para salvar al grupo peruano Gloria de una sanción de 100 millones de dólares. Lo considera prospectivo.
«Esto es exactamente lo que en derecho se llama prospección: usar una causa como puerta de entrada para explorar toda la vida de una persona«, señala en su recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. «Y es, no por casualidad, lo que justamente prohíbe el principio de especialidad del artículo 588 bis a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», agrega.
Víctor Moreno Catena durante el acto de celebración de su investidura como honoris causa. / UPO
Del hecho, al sujeto
El abogado procesalista incide en que «el rasgo objetivo de una inquisición general es desplazar el foco del hecho a la persona, como sucede aquí, porque se ha pasado de intentar determinar «cómo se obtuvo el rescate de la compañía Plus Ultra” a analizar “cuánto y de quién ha obtenido ingresos el investigado (y su familia) en cinco años», con lo que el objeto de la investigación ha mutado claramente del hecho al sujeto.
Para la defensa, la investigación es legítima cuando parte de un hecho con apariencia delictiva y averigua a quién conduce, «pero es una causa general cuando parte de una persona y rastrea su vida hasta ver qué aflora; en el primer caso se va del hecho a la persona y en el segundo de la persona al hecho, como aquí está ocurriendo».
Por ello, «suplica» al juez Calama que anule un primer auto del pasado 15 de julio en el que ya rechazaba sacar del procedimiento el asunto de Bolivia. «Subsidiariamente, para el caso de no acordarse el desglose interesado, precisar el concreto hecho o relación, de los que figuran en el auto de 18 de mayo de 2026 –el que propició la entrada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el despacho de Rodríguez Zapatero en Ferraz– con el que guarda conexión la actiempresa FocusempresaFocus Social Research (del grupo peruano Gloria) y la desarrollada por el propio Zapatero «en el Estado Plurinacional de Bolivia».
En todo caso, y en garantía del denominado principio de especialidad, la defensa pretende que se requiera a la UDEF «para que se abstenga de extender su análisis a la actividad profesional, económica o personal de Don José Luis Rodríguez Zapatero ajena a los hechos delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026».
A juicio de la defensa, la incorporación de los pagos por un total de 200.000 euros al procedimiento requiere «alguna explicación, puesto que la actividad, el objeto, el lugar en que se produce y las personas que intervienen son totalmente distintas» de aquellas a las que se refiere el auto de entrada y registro en el despacho de Ferraz.
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